Un Gobierno de campaña

La primera pregunta que Pedro Sánchez hizo el pasado viernes, una vez proclamado el resultado de la moción de censura, es si la Ley de Gobierno establecía un número máximo de ministerios. La siguiente fue si la Oficina Económica de la Moncloa debía tener rango de secretaría de Estado o podía ser una secretaría general dentro del Gabinete de la Presidencia. Y la tercera, si el perfil del jefe de gabinete debía ser más técnico que político. El nuevo presidente del Gobierno es más de preguntar que de responder, de llamar para pedir opinión que de darla, pero sobre todo de no desvelar sus decisiones o movimientos hasta el ultimo momento.

Sin crucifijo, sin biblia y sin realizar la leve parada y posterior inclinación de cabeza que todos lo presidentes hacen ante el rey antes de poner su mano derecha sobre la Constitución, Sánchez prometió el cargo y, tras una breve visita por las dependencias de La Moncloa, se dirigió a su domicilio de Pozuelo. Allí ha permanecido todo el fin de semana, pegado al teléfono, recibiendo y leyendo papeles y realizando llamadas para sondear opiniones. Ninguno de los futuros ministros del que será su primer gabinete sabe aún que va a serlo.

Antes que los nombres, Sánchez debe decidir la estructura del gobierno de acuerdo a sus objetivos políticos inmediatos, y también si quiere al núcleo duro de Ferraz en el gabinete o si prefiere que permanezcan al frente del partido. De momento, todo son elucubraciones, también los nombres de José Luis Ábalos, Adriana Lastra, Carmen Calvo o Margarita Robles, más allá de que finalmente puedan o no estar en el Ejecutivo. Pero lo que se da por seguro es que el presidente no tiene intención de trasladar al completo al núcleo duro de la dirección federal a la Mesa del Consejo de Ministros. Una cosa es que con el Gobierno tenga intención de dar por inaugurada la campaña, y otra es que Moncloa se convierta en la nueva sede del PSOE.

Para el Ejecutivo busca perfiles con experiencia de gestión y, salvo Cristina Narbona, Alfonso Gómez de Celis, Patxi López, Carmen Calvo y Beatriz Corredor, no abundan los nombres de secretarios ejecutivos que hayan tenido responsabilidades institucionales.

Para los ministerios de Presidencia, Administraciones Territoriales, Exteriores y Economía y Hacienda, carteras todas ellas clave para los objetivos políticos de Sánchez, se esperan perfiles de experiencia y acreditada solvencia, que probablemente no tengan ni carné del PSOE. Porque, como dice un destacado socialista cercano al presidente, a la mesa del Consejo de Ministros se llega ya aprendido, mucho más con una crisis institucional como la que afronta España y con toda Europa pendiente de las primeras decisiones del jefe del Ejecutivo.

La primera incógnita a despejar, tan importante o más que la composición del Gabinete dada la situación de debilidad del PSOE en el Parlamento, es quién será el próximo portavoz en el Congreso si, como parece, Margarita Robles se incorporará al Gobierno. La decisión no es baladí porque al elegido le corresponderán no sólo las relaciones con el resto de grupos, sino la difícil tarea de sumar cuando menos, para votaciones decisivas, la misma mayoría con la que Sánchez salió elegido presidente de Gobierno.

Patxi López, Rafael Simancas o el propio José Luis Ábalos han sido los primeros nombres en aparecer en las quinielas, si bien el del secretario de Organización también está entre los de los posibles ministrables. Una opción esta última que le obligaría a delegar parte de sus responsabilidades orgánicas en otra persona de la dirección federal de marcado perfil político y y fluida interlocución con los diferentes territorios, si Sánchez no quiere descuidar el partido a dos años máximo de las próximas elecciones generales. Claro que compatibilizar la Secretaría Organización con la portavocía del Congreso generaría el mismo problema para el partido.

López cuenta con el respeto político del resto de grupos y Ferraz ha disipado con Simancas desconfianzas del pasado. Ambos tienen sobrada experiencia parlamentaria, una cualidad inexcusable para afrontar las dificultades de un PSOE en minoría y con una derecha que promete volver a la misma radicalidad que practicó cuando perdió el poder en 2004.

La primera decisión del PP que dará idea de la senda por la que transitarán los de Rajoy será hoy mismo cuando decidan si enmiendan o no en el Senado sus propios Presupuestos Generales para 2018. La decisión no está tomada, a pesar de que Andrea Levy haya dicho lo contrario, pero en Génova estudian solicitar hoy una ampliación del plazo de enmiendas en la Cámara Alta, en espera de que el martes el Comité Ejecutivo Nacional del partido dicte la estrategia a seguir, además de si pone o no punto y final al "ciclo mariano".

No está claro que la solicitud de prórroga que barruntan se ajuste a la literalidad del Reglamento, ya que el calendario para la tramitación de las cuentas públicas lo fijan las Mesas del Congreso y el Senado al principio del procedimiento de tramitación, y no se contemplan ampliaciones de plazo. Sería la prima vez en democracia que se hiciera, pero no lo descarten porque en el Senado el PP puede, con mayoría absoluta, hacer de su capa un sayo: ampliar el plazo de enmiendas, prorrogar sus propias cuentas y hasta corregir los millones de euros destinados a Euskadi con los que se garantizó el apoyo del nacionalismo vasco a los Presupuestos. Cosas veredes, don Sancho.

Con o sin Presupuestos enmendados, lo que nadie duda es que a poco que el presidente Sánchez adopte media docena de medidas de coste cero que levanten el ánimo de la hasta ahora desmovilizada izquierda y rebaje la tensión con Cataluña ya tendrá la ventaja necesaria para afrontar una campaña que, con su llegada a La Moncloa, todos los partidos dan por inaugurada.