Rajoy tiene un plan
Rajoy quiere que se visualice de forma nítida que ni Cataluña, ni la Generalitat, ni Artur Mas pueden doblar el pulso al Estado. Y sólo después de ello, y siempre que no se celebre la consulta ilegal que con seguridad "tumbará" el Constitucional, estaría dispuesto a abrir paso a la ponencia parlamentaria que estudie la reforma de la Constitución de 1978.
Que España es una nación lo sabemos; que la soberanía nacional radica en el conjunto de los españoles lo dice la Constitución y que no hay democracia sin ley parece obvio. Pero el presidente del Gobierno ha decidido solemnizar lo obvio, una vez más, para recordar dónde ha estado y dónde estará ante el desafío catalán y la consulta del 9-N. Si Artur Mas no se mueve -aunque pueda parecerlo cuando despierta con un "sí", sestea con un "quizá" y duerme con un "no"-, tampoco lo hará Mariano Rajoy. No en el debate público y tampoco porque se lo pidan los nacionalistas. Este pulso lo quiere ganar, más ahora que el escándalo Pujol ha debilitado a Convergencia y torpeado muchos de los argumentos emocionales a favor del independentismo. Y es que la autoinculpación del ex "Molt Honorable" ha resultado letal para muchos de los que se subieron a ola secesionista creyendo que la solución a todos sus problemas estaba en el separatismo.
La estrategia del presidente del Gobierno de dejar pasar el tiempo y que sea éste el que solucione los problemas no le ha dado en el caso catalán mal resultado. Porque más allá de las contradicciones entre el PSC y el PSOE -que asomarán de nuevo con el sí de los socialistas catalanes a la ley de consultas- o de la diferencias en el PP -que haberlas también haylas-, si a alguien lleva camino de sepultar el desafío secesionista es a CiU. De momento, todos los caminos llevan a la ruptura con Unió Democrática de Catalunya (desde donde Josep Antoni Duran i Lleida trabaja por un nuevo espacio político y social con el que recuperar la centralidad) y ERC no tiene clara la candidatura unitaria a la que los convergentes pretenden agarrarse para salvarse de un incendio electoral cuyas llamas ya no permiten ocultar la magnitud del siniestro.
Aunque ha habido intentos, por activa y por pasiva, desde dentro y fuera de la política para que moviera ficha, el presidente del Gobierno ha permanecido impertérrito hasta el momento. Ni un paso atrás, pese a que sabe que Cataluña es -por encima incluso de la crisis económica- su gran reto en este arranque de curso político. Lo sabe y en las últimas semanas se lo han vuelto a recordar los miembros del Consejo Empresarial para la Competitividad, donde si hace meses relativizaron las consecuencias económicas del desafío catalán al considerar que la meta de Mas era un imposible, hoy temen un desenlace que acabe con una declaración unilateral de independencia después de unas elecciones plebiscitarias que disparen otra vez la prima de riesgo y eleven el coste de la deuda país.
Es precisamente la preocupación de los empresarios del Ibex 35 más algunas de las reformas de regeneración democrática anunciadas por el Gobierno que requieren de la revisión del modelo constitucional lo que ha llevado al presidente a salir de su habitual inmovilismo y a trabajar ya en un plan para después del 9-N.
En el PP hay quien lo da por seguro; en el PSOE no lo descartan y en CiU cuentan que aunque el presidente no lo ha expresado de forma explícita sí lo ha dejado caer en varias de sus conversaciones. Antes, quiere que se visualice de forma nítida que ni Cataluña, ni la Generalitat, ni Artur Mas pueden doblar el pulso al Estado. Y sólo después de ello, y siempre que no se celebre la consulta ilegal que con seguridad "tumbará" el Constitucional, estaría dispuesto a abrir paso a la ponencia parlamentaria que estudie la reforma de la Constitución de 1978.
En este empeño contará con la complicidad del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que esta semana acude al Palau para un primer encuentro con Artur Mas en el que volverá a rechazar por ilegal la consulta soberanista y a presentar la propuesta de reforma constitucional que los socialistas han defendido en el último año. El número uno del PSOE cree que el nacionalismo ha convertido en urgente una reforma constitucional que ya era necesaria y que no sólo pasa por la revisión del encaje territorial de Cataluña en España. De ahí que, aunque el pasado julio no viera disposición en Rajoy a impulsar la reforma, hoy celebre que el presidente tenga un plan y esté dispuesto a convencerle para que efectivamente transite por esta senda. Lo que no parece en ningún caso razonable ni para los actuales dirigentes del PSOE ni del resto de formaciones políticas es que el PP esté dispuesto a revisar el bloque constitucional sólo para impulsar, y con un claro objetivo partidista, la reforma de la ley electoral y que niegue la constitución de una ponencia en el Congreso que abra la puerta a la necesaria y urgente corrección de una Carta Magna cuyas costuras han estallado hace tiempo.
