La marca España y la "cultura del botijo"

Sostienen en el PSOE que cuando Pedro Sánchez ganó la moción de censura y preguntó a su hasta entonces jefe de gabinete, Juan Manuel Serrano, dónde prefería trabajar en el ámbito del Gobierno, éste le respondió que deseaba estar en el Gabinete de la Presidencia.

Sostienen en el PSOE que para entonces el presidente ya había relegado a Serrano en favor del consultor político Iván Redondo en su círculo de confianza, por lo que le ofreció que eligiera el destino que quisiera pero fuera del recinto de La Moncloa. Serrano, militante del PSM y escudero fiel de Sánchez en sus momentos políticos más críticos, hizo un segundo intento con el CNI, que fue descartado de inmediato por el jefe de Gobierno.

Sostienen en el PSOE que tras la segunda negativa, Juan Manuel Serrano fue víctima de un ataque de dignidad mal entendida y fue entonces cuando comunicó a Pedro Sánchez que regresaba a su puesto de funcionario en la Federación Española de Municipios. Lo que algunos interpretaron como un "pulso intolerable" al nuevo jefe de Gobierno duró apenas tres semanas. A la cuarta, Serrano ya había sido nombrado por la SEPI nuevo presidente de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos en sustitución de Javier Cuesta Nuin, un afín al PP que deja la empresa a la cola de los operadores de servicio postal europeo y con 900 millones de pérdidas acumulados en cuatro años.

El relato viene a ilustrar el desembarco de socialistas o afines al PSOE en los puestos de libre designación en Ministerios, empresas y organismos públicos en los dos meses que Pedro Sánchez lleva de presidente del Gobierno. En las referencias del Consejo de Ministros, ya van casi 300 Reales Decretos con nombramientos, pero hay más de otro centenar que no han pasado por el BOE, y han sido aprobados por los Consejos de Administración de las propias empresas del sector público. Y eso que la fecha de caducidad máxima de este Gobierno es de dos y no de cuatro años. El titular de Fomento, José Luis Ábalos, es de los pocos que tras su toma de posesión decidió contar con algunos de los directores generales nombrados por el Gobierno anterior en su Departamento, pero tampoco se ha librado de la polémica al intentar nombrar al catedrático Jordi Garcés-Ferrer, condenado en 2000 por apropiarse del trabajo de un alumno, como presidente de la empresa pública Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco).

La historia se repite cada vez que La Moncloa cambia de inquilino. Cualquier intento o compromiso de poner fin al "enchufismo", o lo que en la Función Pública se conoce como la "cultura del botijo", para purgar la actual politización de lo público termina en el cajón del olvido como ocurrió en 1996, cuando José María Aznar ganó las elecciones generales a lomos de una campaña contra la corrupción y el despilfarro socialista y adquirió el solemne compromiso de suprimir 5.000 altos cargos en la Administración Pública.

No habían pasado ni tres meses de su desembarco en el Ejecutivo cuando su ministro para las Administraciones Públicas, que entonces era Mariano Rajoy, convencía al presidente y a sus compañeros de Gabinete para que cesase la campaña de reducción de altos cargos desencadenada por los populares.

En mes y medio, aquel primer Gobierno del PP sólo logró ahorrar por ese capítulo 200 millones de las antiguas pesetas de los 70.000 que prometió cuando era oposición que recortaría en puestos de libre designación. Desaparecieron, sí, algunos cargos pero surgieron otros como consecuencia de la creación de nuevos organismos y de la reestructuración del sector público. Desde entonces cualquier compromiso en este sentido, viniera de donde viniera, acabó siempre en mera declaración retórica. La "marca España" también era esto, que uno cuando llega al Gobierno coloca a los suyos y con sueldos mucho más elevados que el del propio presidente.

Lean, lean...

Son sólo algunos de los nombramientos de libre designación de la era Sánchez. Y no todos tienen ni mérito ni aptitud para el cargo. Nada que ver con cómo se hacen los nombramientos de libre designación en otros países de nuestro entorno donde, por ejemplo en Portugal, una comisión independiente valora a posibles candidatos para un puesto, supervisa y pondera sus méritos y, después, eleva al ministro de turno una propuesta con varios nombres. Algo similar a lo que desde hace meses pretende introducir en la agenda la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil (Fedeca) con un proyecto que regule el acceso, el cese y las retribuciones en determinados puestos de responsabilidad de la Administración española.

El texto será enviado en septiembre al Ministerio de Hacienda y a los Grupos Parlamentarios, y pretende acabar con los nombramientos a dedo, fundamentalmente en las direcciones generales de los ministerios y en los organismos públicos, para que la libre designación se reduzca a los casos estrictamente necesarios. De momento, sólo Ciudadanos ha planteado en su discurso y en alguna iniciativa legislativa la necesidad de sustituir a asesores y cargos de confianza por funcionarios de carrera.

Está por ver que PSOE y PP, con su dilatado pasado al respecto, acepten el reto.