El reino del cambalache

Una ministra reprobada, un fuerte revés del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, una crisis de confianza como no se recuerda, un presidente del Supremo que pide perdón por el espectáculo nunca antes visto en derecho tributario y una amenaza de huelga de jueces y fiscales...

La reputación por los suelos. No hay más. Y todo en el peor momento, justo cuando faltan semanas para que comience el juicio más importante de las últimas décadas, en el que sentarán en el banquillo a los impulsores del procés y ante el que toda España estará pendiente. El futuro de este país se jugará, en buena medida, en una Sala del Supremo.

Pues nada. Ante semejante espectáculo judicial lo único que se les ocurre a los viejos partidos es volver a repartirse los sillones del poder judicial. No es nada nuevo. Lo hicieron siempre, aunque prometieran lo contrario, esto es, dejar de extender sus tentáculos sobre la justicia. Lo que sorprende es que un partido como Podemos, que llegó a las instituciones para cambiar los usos y costumbres del bipartidismo, vaya a formar parte de lo peor de la vieja política, aunque diga tener motivos de peso para hacerlo.

Ese pacto de fin de semana entre PSOE y PP para renovar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial es la viva imagen de la politización de la justicia, pero también de la ópera bufa que se vive en nuestra política. Una semana el presidente del Gobierno anuncia solemnemente que rompe relaciones con el jefe de la oposición y, a la siguiente y a hurtadillas, acuerda con él un vergonzante pacto para que ambos mantengan su influencia en el órgano de gobierno de los jueces.

Son incapaces de sellar un acuerdo de Estado por la educación o por la sanidad pública, muchos menos por la subida del SMI, pero sí alcanzan un punto de encuentro para seguir moviendo a su antojo los hilos del poder judicial. La presidencia para el PP a cambio de una mayoría progresista en el Consejo. Y luego se lamentan de que la gente no confíe en la justicia. ¿Cómo van a hacerlo si el Gobierno y el PP han pactado ascender a Manuel Marchena a la presidencia del Supremo para apartarlo de la Sala de lo Penal y que no dirija el juicio a los líderes del procés? El magistrado será sustituido como presidente del tribunal que juzgará a los independentistas por Andrés Martínez Arrieta, del sector progresista. Si el escrito provisional de calificaciones de la Abogacía del Estado no fue considerado por el secesionismo como un gesto, igual este cambio sí podría serlo.

Las negociaciones no han sido en todo caso sencillas porque el nombre de Manuel Marchena, una persona con mucho predicamento en el Tribunal Supremo pero de perfil muy conservador, no será fácilmente aceptado en sectores progresistas del mundo judicial próximos al PSOE. Tampoco Podemos, socio principal del Gobierno, lo veía con buenos ojos, pero transigirá a cambio de entrar en el reparto.

Sólo Ciudadanos ha decidido, por coherencia a lo que prometió en su programa, quedarse fuera del pacto. Nadie podrá decirle que participa de semejante conchabeo ni de las consecuencias que para la independencia judicial tiene que el sistema funcione como correa de transmisión de los partidos políticos. Rivera podrá blandir, esta vez en solitario, la bandera de un sistema judicial del que la política debe sacar cuanto antes sus tentáculos.

Lo ocurrido en las últimas 48 horas, en plena crisis de credibilidad de la justicia, resume bien lo que es la política de las conveniencias y del juego de intereses. Si me apoyas en esto, te concedo lo otro o, si me das tus votos, te compenso con aquello. ¿Dónde quedan las promesas y dónde los principios? De los programas electorales, ya dijo el viejo profesor que estaban exactamente para lo que siempre hicieron, que es no cumplirlos. En el mercado de la política, como se sabe, todo es susceptible de ser comprado y vendido y nada es verdad o mentira, porque depende de la rentabilidad con que cada uno lo mire.

Luego, está la derivada de Europa y el caso que España hace a las instituciones europeas, según le convenga. No hay que irse muy lejos -enero de 2018- para recordar lo que El Grupo de Estados Contra la Corrupción del Consejo Europeo (GRECO) dijo sobre España y la corrupción. ¿Recuerdan? Pues que las autoridades españolas sólo habían avanzado parcialmente en siete de las 11 recomendaciones que la organización le planteó para mejorar la transparencia en el ámbito político-judicial. Y ninguna de ellas era la de modificar el sistema de destinación del Consejo General del Poder Judicial, un órgano cuyos 20 vocales son votados en última instancia por el Consejo y el Senado, frente a la petición del Consejo de Europa de que, al menos la mitad, fueran elegidos directamente por los jueces. Aquel informe estimaba que lo mejor sería que el poder político no participase de ninguna manera en la elección.

La reflexión venía a sumarse a la tesis del Consejo Consultivo de Jueces Europeos, según el cual las autoridades políticas "tales como el Parlamento o el Poder Ejecutivo no se impliquen en ninguna fase del proceso de selección" del órgano de gobierno de los jueces para que el procedimiento no hiciera del CGPJ un organismo parcial, que es exactamente lo que seguirá siendo con la próxima renovación.

P.D. Pero luego dice la portavoz del Comité Electoral del PSOE que, pese a la componenda, "la distancia entre Sánchez y Casado es un hecho" y que, aunque los elegidos para el CGPJ son "personas de trayectoria progresista, nadie les ha pedido el carné". Lo que hay que escuchar...