Evaluación de la transparencia

Uno de esos refranes modernos —en realidad, un principio de técnica empresarial con una formulación tan afortunada que lo ha hecho inmediatamente popular— viene a decir más o menos lo siguiente: "Si tú nunca te mides, pronto vendrá otro que lo hará".

Esta idea es aplicable del todo a esa compleja disciplina que llamamos evaluación y que se practica tanto en el ámbito de las organizaciones públicas como de las privadas. En ambas, cuando se pone en marcha una nueva política, un proyecto estratégico o un novedoso programa de actuación, es esencial medir los resultados antes de que un ajeno, probablemente un competidor, venga a medirlos y a ponerlos en cuestión, antes incluso de que los responsables hayan tenido tiempo de estudiarlos y reorientarlos.

En el caso de la transparencia, resulta especialmente necesario establecer sistemas de seguimiento y evaluación. El momento socio-político es un momento de profunda desafección de los ciudadanos hacia la política. A escala mundial, los políticos han dado abundantes ejemplos de venalidad, de ineficacia y, cómo no, de una nula preocupación por el Estado, la "cosa pública" y por los teóricos detentadores del poder, los ciudadanos, que ven como, día a día, van perdiendo el protagonismo en el proceso político que la Constitución y las leyes les continúan garantizando.

La transparencia y las medidas anticorrupción constituyen la gran apuesta, la gran esperanza, de la regeneración democrática. Por eso, en la medida en que los Gobiernos y los grupos políticos participen de ellas, contribuyan a impulsarlas, a garantizar su cumplimiento efectivo y, lo más importante de todo, estén dispuestos a someterse al escrutinio y a las propuestas de los ciudadanos y sepan transmitir esta disponibilidad al resto de la sociedad, el desapego, la desafección, la desconfianza, serán historias del pasado y la confianza en el proceso democrático quedará restablecida.

En esta situación, la evaluación cobra importancia decisiva. Con ser esenciales, tanto el diseño de una política pública como la elaboración de una agenda o la implementación de las medidas (legales y de otra índole) necesarias para su puesta en marcha, pueden ser vistas por la ciudadanía como un esfuerzo inútil, incluso, como una serie de maniobras tácticas o una estrategia de diversión, si no van acompañadas de resultados.

La información acerca de los logros obtenidos, de los efectos de la política, de su impacto en el entorno social, es un elemento fundamental para obtener la aceptación y el reconocimiento de los destinatarios de la actividad de los poderes públicos y consolidar el esfuerzo realizado. Incluso en el caso de que los resultados no sean óptimos o resulten inferiores a los esperados, el estudio de los mismos es de básica importancia para conocer las desviaciones, los errores cometidos, las debilidades de las medidas que se han adoptado, y reorientar la política en el sentido adecuado para superarla.

Y la evaluación de resultados, con sus diferentes técnicas de seguimiento y valoración, es la herramienta indicada para medir los impactos, analizar los efectos, valorar el cumplimiento, la eficacia y la eficiencia de las medidas adoptadas y formular conclusiones de una manera ordenada, sistemática y coherente, susceptible de ser transmitida a los agentes sociales y al público en general mediante los canales habituales de la comunicación pública.

Si se quiere que la puesta en práctica de políticas de transparencia y de lucha contra la corrupción tenga efectos inmediatos en el contexto social y contribuya a revertir el desapego de los ciudadanos hacia el proceso político, son necesarios resultados. Resultados concretos, visibles, mensurables. Y sin un sistema objetivo de indicadores y mediciones, de seguimiento y valoración, es prácticamente imposible identificar esos resultados y comunicarlos.

Por eso, si los Gobiernos y los poderes públicos quieren asegurar la pervivencia del sistema democrático y recuperar la confianza de sus ciudadanos, además de políticas de transparencia y regeneración, deben establecer sistemas de evaluación de sus resultados.

Estos sistemas no solo deben ser rigurosos y dotados de la suficiente base científica sino también transparentes, participados y con cariz oficial. El marchamo del Parlamento, del Gobierno o de una institución pública independiente adquiere una importancia preponderante, no solo, como se ha dicho, para evitar que otro mida lo que yo hago e informe de los resultados desde su particular punto de vista, sino también para garantizar la solidez de los resultados y una homogeneidad en el sistema que permita unificar los criterios de medición y establecer, de este modo, comparaciones válidas.

Desde este punto de vista, parece lógico que sean los organismos garantes de la transparencia y la ética de la actuación pública —Consejos de Transparencia, Oficinas Antifraude, Ombudsman, etc.— los sujetos encargados de desarrollar estos sistemas de evaluación y controlar el cumplimiento de las medidas regeneradoras. Así lo establece nuestra Ley estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que ha encomendado al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la función de evaluar su cumplimiento; y algunas de nuestras leyes de transparencia de ámbito autonómico (Cataluña, Andalucía, Canarias, Murcia, Castilla-León, etc.), que han hecho lo propio con sus instituciones de garantía.

Obviamente, no se trata de una labor sencilla. La evaluación de la transparencia y la ética pública es, además, una disciplina incipiente, tan nueva como la propia política pública que le sirve de correlato. Carece prácticamente de antecedentes en la doctrina científica y en la legislación de los países con sistemas de democracia avanzada o de las organizaciones internacionales. Pero es necesario llevarla a cabo. Al menos, comenzar el proceso.

Así lo ha entendido el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno español, que ha presentado recientemente una Metodología de Evaluación y Seguimiento de la Transparencia de la Actividad Pública, conocida abreviadamente como MESTA, desarrollada para este propósito en colaboración con la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad.

MESTA contiene un sistema completo de evaluación del cumplimiento de la ley de transparencia española y tiene la ventaja de constituir un sistema abierto y flexible que puede ser empleado por todos los órganos garantes de la transparencia y todos los sujetos obligados por la norma. Cualquier persona u organización interesada en conocer sus líneas maestras puede dirigirse al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para solicitar información.