Yolanda Díaz: "Si salvamos el otoño y el invierno, entraremos en la recuperación"
El Gobierno aprueba la ampliación de los ERTE, la extensión de las ayudas para autónomos y la prórroga de la prohibición de los desahucios.
El diálogo social ha protagonizado este martes el Consejo de Ministros. El Gobierno ha aprobado este martes un importante paquete de medidas pactadas con agentes sociales entre las que destacan la ampliación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), la extensión de las ayudas para trabajadores autónomos y la prórroga de una parte del escudo social como la prohibición de los desahucios.
La extensión de los ERTE hasta enero de 2021 ha sido negociada durante semanas con los sindicatos y las asociaciones de empresarios, cuya luz verde ha llegado esta mañana. “Este acuerdo protege y defiende a todas las empresas y todos los trabajadores. Estoy convencida de que si salvamos el otoño y el invierno, ya sí entraremos de lleno en la recuperación”, ha destacado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
Díaz ha querido agradecer la actitud de los representantes de los trabajadores y de los empresarios en la negociación con el Gobierno, a pesar del ambiente de crispación existente en la política nacional. Precisamente este martes el partido ultraderechista Vox ha registrado una moción de censura.
“Quiero poner en valor en diálogo. Los que crispan no tienen proyecto de país. Doy gracias a los agentes sociales. Escuchar y tender la mano es el único camino”, ha asegurado Díaz.
Tras este acuerdo, el Gobierno ha aprobado que los ERTE por fuerza mayor derivados de la pandemia se prorroguen automáticamente hasta el 31 de enero de 2021.
Esta herramienta de suspensión de los puestos de trabajo se flexibilizó a mediados de marzo para que fuera utilizada por las empresas, en lugar de recurrir a los despidos. Hasta 3,5 millones de trabajadores llegaron a estar afectados durante las semanas más duras del confinamiento. Actualmente quedarían unos 700.000 empleados.
Asimismo, el Ejecutivo crea otros dos tipos de ERTE para ampliar la protección a las empresas, tal y como pedían los empresarios. Se trata de los expedientes por impedimento de actividad y los expedientes por limitación. Un movimiento que ha sido clave para lograr que la CEOE aceptara el acuerdo.
Aquellas compañías que se vean afectadas por alguna restricción puesta en marcha por las autoridades podrá utilizar estas herramientas. Por ejemplo, una discoteca podrá usar el ERTE por impedimento, ya que no puede llevar a cabo su actividad, mientras que un bar con aforo restringido tendrá que utilizar el ERTE por limitación.
“Las nuevas restricciones administrativas están impactando en un número importante de empresas”, ha reconocido el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
Ayudas para los autónomos y el teletrabajo para funcionarios
Además de la ampliación de los ERTE, el Consejo de Ministros ha aprobado otras medidas que también ha sido fruto del pacto con los agentes sociales.
Por un lado, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado la ampliación de la prestación por cese de actividad para los trabajadores autónomos hasta enero. Esta extensión se ha acordado con las asociaciones de autónomos ATA y UPTA, aunque con el rechazo de UATAE que la considera insuficiente.
Esta ayuda por cese de actividad para los trabajadores por cuenta propia se extenderá hasta el 31 de enero de 2021. El importe de la prestación se reduce considerablemente hasta el 50% de la base mínima de cotización: 472,20 euros.
Los beneficiarios recibirán esta ayuda durante cuatro meses y no tendrán que pagar la cuota a la Seguridad Social. La mayoría de los trabajadores por cuenta propia pagan 283,31 euros cada final de mes.
El Gobierno también ha creado una nueva ayuda extraordinaria para cubrir a los trabajadores por cuenta propia con pocos ingresos, pero que no cumplen los requisitos para acceder a la prestación normal. Esta circunstancia se puede dar porque tienen la tarifa plana o no han cotizado durante los últimos 12 meses.
Los ingresos de los solicitantes en el último trimestre de 2020 no pueden superar el salario mínimo interprofesional (950 euros). Los beneficiarios recibirán una ayuda económica equivalente al 50% de la base mínima de cotización (los 472 euros anteriormente mencionados) y estarán exonerados de abonar las cuotas (283 euros).
Por otro lado, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha anunciado la regulación del teletrabajo para los empleados públicos, que ha sido acordada la semana pasada con los sindicatos del sector público.
Esta nueva regulación del teletrabajo se aplicará a más de 2,5 millones de empleados públicos de todas las administraciones públicas. Cada comunidad autónoma aplicará este cambio en su normativo, para lo que disponen de un plazo de seis meses. “Va a ser aplicable a dos millones y medio de trabajadores. El texto ha nacido del consenso. Es una norma aplicable a todas las administraciones”, ha afirmado.
Esta normativa establece que el teletrabajo no podrá suponer ningún incumplimiento de la jornada y del horario, así como el carácter voluntario y retroactivo del mismo. Además, el trabajo a distancia no podrá suponer la asunción de gastos por parte del trabajador como los equipos y las herramientas.
Se amplía parte del escudo social
El Gobierno ha ampliado una parte del “escudo social” puesto en marcha por el Ejecutivo desde el pasado mes de marzo. Este tenía como objetivo paliar las consecuencias de la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus en los colectivos más vulnerables.
En concreto, se ha aprobado ampliar la prohibición de los desahucios y de las subidas abusivas en los contratos de alquiler de vivienda. Al igual que en el caso de los ERTE o los autónomos, la fecha límite de la prórroga es el 31 de enero de 2021.
