Ya es hora de desamordazar la protesta

Se ha reiniciado la tramitación de la reforma de la llamada ley mordaza, interrumpida durante el periodo extraordinario de las vacaciones de Navidad, con la idea de tener listo el dictamen para mediados del mes de febrero. Sin lugar a dudas, una buena noticia para el futuro ejercicio de los derechos civiles en España, si finalmente se aprueba.

La apodada como ley mordaza tuvo su origen en el intento del gobierno Rajoy de disuadir primero y luego reprimir las protestas sociales provocadas la cadena de recortes sociales, las contrarreformas laborales y de pensiones y el malestar social consiguiente, sumados al rescate financiero y las privatizaciones desplegados con la excusa de la crisis financiera de 2008.

La ley tenía como objetivos la restricción del ejercicio del derecho de manifestación y de información sobre el ejercicio de las mismas, y asimismo pretendía eludir las garantías de los tribunales de justicia en el ejercicio de dichos derechos. En su texto se incluyó también la legalización de las devoluciones de inmigrantes en frontera, al margen del cumplimiento del derecho de asilo y refugio. No hay que olvidar tampoco que la norma coincidió en la misma época con el endurecimiento del código penal con similares objetivos.

Como consecuencia de la mencionada ley de seguridad ciudadana, con el complemento del código penal, fueron muchas las retenciones, detenciones, denuncias y sanciones frente al incremento de movilizaciones sociales de aquel período de desempleo masivo, precariedad y desahucios. También lo fueron, en consecuencia, los informes y dictámenes críticos con la ley mordaza por parte de las organizaciones de derechos humanos y de los organismos internacionales. Entre otros Amnistía Internacional y Human Rights Watch y los relatores de Naciones Unidas criticaron la nueva “ley mordaza” porque, a su entender, podría cercenar derechos fundamentales de los ciudadanos, y en consecuencia exhortaron a su retirada. Cinco años después, a mediados de 2020, fueron ya más de doscientas organizaciones de derechos humanos las que la rechazaron.

Por eso, el programa del nuevo gobierno de coalición progresista, incorporó la derogación de los contenidos represivos de la ley mordaza, como una de sus principales prioridades, si bien el acuerdo sobre los mismos no se ha producido hasta fechas recientes, plasmado en una serie de enmiendas conjuntas al proyecto del PNV, que se encuentra en tramitación desde su toma en consideración el mes de septiembre de 2020 y ha sufrido más de cuarenta prórrogas a su periodo de enmiendas.

El pacto bipartito se centra en lo que respecta al uso de medios policiales frente a las manifestaciones, la retirada de las sanciones a las manifestaciones espontáneas, la reducción del excesivo tiempo de retención y de las facilidades a los cacheos de los manifestantes, así como una mayor precisión sobre la presunción de veracidad en las declaraciones de los agentes y por otra parte el levantamiento de las restricciones a la toma de imágenes de la policía.

Por ahora ha quedado al margen del acuerdo la regulación de las devoluciones en frontera, atrapadas entre los principios del derecho de asilo y la obsesión por la seguridad de la política migratoria, que se ha convertido en la gran asignatura pendiente, también de este gobierno. También entonces se rechazó la limitación a las concentraciones de protesta frente a los desahucios así como en torno a las instituciones parlamentarias, mediante multas desorbitadas de hasta treinta mil euros, aspectos que también pueden ser objeto de modificación.

Un pacto, que alcanzado en el mes de noviembre, que a reservas del trámite y la votación definitiva, provocó de inmediato el rechazo y la movilización de los sectores más duros de los sindicatos de la policía y la guardia civil, en base a la deformación de los contenidos acordados de la reforma hasta la caricatura, todo ello con el lógico apoyo del PP que había aprobado en su momento la ley mordaza, así como del resto de la ultraderecha e incluso del centroderecha que entonces la había criticado con dureza como contraria a las libertades democráticas.

En definitiva, una muestra más de la extremada polarización conservadora, no solo en la política, sino también en los aparatos del Estado.