La odisea de ejercer tu derecho si vives fuera de España

Hay dos millones de españoles viviendo fuera de su país. Por trabajo, por estudios, por amor, por cambiar de aires. Emigrantes diversos todos que, llegadas las elecciones, tienen una misma pena (o indignación, o resignación): la de afrontar la tarea hercúlea de votar como todo ciudadano.

Tienen el derecho reconocido, entran dentro de los beneficiarios del sufragio universal, pero se enfrentan a una yincana tan difícil que, incluso si tienen voluntad, si están resueltos a votar y no les puede la abstención, no tienen garantizado que su papeleta llegue a tiempo, sea contada y decida.

La culpa es del llamado voto rogado. Todo parte de una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), de 2011, cuando se instauró un nuevo sistema de voto desde el exterior con un propósito bueno, el de evitar fraudes. Hasta ese año, se enviaba de forma automática la documentación electoral de la circunscripción a la que se adscribía cada nacional inscrito en el CERA, el censo electoral de residentes ausentes, y se podía votar por correo ordinario. El problema es que se detectaron no pocos casos de sufragios de personas ya fallecidas, porque las listas no estaban actualizadas ni verificadas.

PSOE, PP, CiU y PNV acordaron entonces un nuevo sistema, pero tan engorroso y con unos plazos tan breves que, sumado al mal funcionamiento de correos fuera de la UE (donde residen dos tercios de esos expatriados) ha llevado a que la participación haya caído en picado. Si antes de la reforma votaba entre un 30 y un 32% de ese electorado, ahora lo hace un 5%. Y a duras penas.

Para estas elecciones, sólo uno de cada 10 españoles residentes en el exterior ha solicitado votar. La cifra -223.872 personas, según el recuento provisional- representa, no obstante, un porcentaje superior al registrado para los comicios del pasado abril, cuando apenas un 8,4% de los electores lo solicitaron y solo un 5,6% llegaron a hacerlo efectivo.

La yincana, paso a paso

El artículo 75 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General explica que, en primer lugar, los interesados deberán formular mediante un impreso oficial la solicitud de voto (el ruego, de ahí su nombre), dirigida a la correspondiente Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral, en los siguientes 20 días a la convocatoria electoral. Los plazos acabaron el 19 de octubre.

La ley establece que el impreso será remitido a los españoles inscritos en el CERA, “sin perjuicio de encontrarse disponible desde el día siguiente al de la convocatoria electoral en las dependencias consulares y de poder obtenerse por vía telemática”.

Recibida la solicitud, esas Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral remitirán por correo certificado a los electores las papeletas y los sobres para la votación, con otra documentación necesaria, en los 34 días siguientes a la convocatoria electoral.

Una vez superados esos dos puntos, los electores pueden votar por correo o en urna. En el primer caso, deberán remitir por correo certificado el sus sobres de votación y otra documentación especificada en la ley (lo básico: copia del DNI o del pasaporte, por ejemplo), no más tarde del quinto día anterior al día de la elección. Problema extra: algunos países ni siquiera disponen de este servicio de correo más garantista o de uno similar.

Los electores que se decanten por la urna pueden depositar su voto en las Oficinas o Secciones Consulares en las que estén inscritos, o en los lugares que a tal efecto se habiliten para ello. Al día siguiente, los sobres depositados por los electores y los recibidos por correo, deberán ser remitidos a una oficina constituida en el Ministerio de Asuntos Exteriores, la cual, a su vez, procederá al envío urgente de dichos sobres a las Juntas Electorales correspondientes. O sea: de la urna va a Exteriores, de Exteriores a la Juntas electorales, de ahí a la suma total de votos en España.

Los problemas

Izquierda Unida (IU) es una de las formaciones más peleonas a la hora de abordar el problema del voto rogado, una lucha que ha cuajado también en una red trasnacional de lucha llamada Marea Granate. María Martínez Martínez, coportavoz de IU Exterior, explica que “hay diferentes tipos de problemas, todos ellos de gran gravedad”, a la hora de abordar la ejecución de este derecho básico. “Por un lado, tenemos los plazos para votar y enviar y recibir documentación, que muchas veces son limitados e insuficientes para que la gente pueda hacer todos los trámites. Luego, hay gente a la que las papeletas no les llegan a tiempo o la documentación llega incompleta o errónea (de otras elecciones, se ha dado el caso) y eso significa que muchos de los ruegos tramitados luego no se traducen en votos exteriores realmente emitidos. Si tramitas el voto pero no te llegan las papeletas, ese voto nunca va a emitirse finalmente”, se duele.

A ello se suma la incertidumbre por “la imposibilidad de la trazabilidad de ese voto”: “no tenemos ninguna manera de averiguar si ese voto llegó o no llegó. Es una absoluta falta de garantías, no hay forma de saber si una vez rogado ese voto efectivamente va a ser emitido y consignado en una urna, y eso a nivel democrático es muy grave”.

Se añade la dificultad para hacer inscripciones consulares, “por un lado, de pura accesibilidad, porque los consulados pueden estar lejos, incluso aunque estén en la ciudad en la que vives, o tienes que ir desde otra región, o por horarios de atención, o simplemente porque la gente trabaja y sus horas de trabajo no lo permiten ir a una oficina con escaso horario de atención”, insiste.

El procedimiento, obviamente, conlleva un gasto de tiempo y de dinero. “Si has tenido que coger un tren o un avión para acercarte al consulado, eso nadie te lo abona”, denuncia Martínez.

De ahí que insista en que estamos ante una “clara anomalía democrática”, que ha generado en los últimos años una importante desmotivación y desmovilización del voto del exterior. “Eso, sumado a las repeticiones de elecciones y la creciente inestabilidad política de España y al no poder formar Gobierno, no ha hecho más que agravar la situación”, insiste.

En primera persona

Lo que relata Martínez concuerda con lo que cuentan los españoles que se han de someter a esta “tortura” en cada proceso electoral. Se lo sabe bien Bernardo, biólogo de 32 años. Con los de noviembre serán ya tres los comicios que vive fuera de España, dos en República Dominicana y el de ahora, en Ecuador. Trabaja en diversos proyectos de cooperación ambiental en la región del Parque Nacional de Sumaco Napo-Galeras y su residencia está por unos meses en Francisco de Orellana, una ciudad a cinco horas en coche de la embajada de la capital, Quito, y a más de 10 del consulado de Guayaquil. Tiene, forzosamente, que desplazarse para completar todo el proceso.

“Lo que me cuentan es que antes era fácil. Te llegaba la información y listo. Pero ahora... En 2015 y 2016 pude votar. Vivía en Santo Domingo, y bueno, me llevó un rato ir a la embajada, día de la marmota, pero llevadero. No me llegaron todas las papeletas, pero como estaba la del partido que yo quería, sin problemas”, explica a El HuffPost.

En estas elecciones la cosa cambia. “Como se nos han echado encima sin verlas casi tras el verano, es que no me he enterado ni de los plazos. Estaba de vacaciones y me avisó un amigo. Yo libro los fines de semana, cuando no hay horario de atención. ¿Qué hago? ¿Pedirme días, pegarme una paliza de 10 horas de coche para ir y volver a hacer el trámite? Aquí hay aeropuerto, al menos, pero yo ahorro cada euro que puedo. Me encanta América Latina y tiene un potencial gigante en mi sector, pero si estoy aquí es porque en España no tuve oportunidad más que de mensajero”, denuncia este toledano.

Aunque ha tratado de “ponerse las pilas” a última hora, argumenta que un problema de trabajo se le cruzó y no ha podido formalizar el trámite. “Me da rabia porque es mi derecho, pero también te digo que a lo mejor hubiera votado en blanco. Estoy muy harto ya de nuestros políticos y del olvido en que nos tienen a los de fuera”, señala. “Nos tienen que facilitar las cosas. En estos países se lleva mucho el voto obligatorio. No me parece mal, hay que mover a la gente, pero si no llegamos a eso, qué menos que no poner una carrera de vallas a quien tiene interés. Estamos en el siglo XXI, hay medios”, concluye.

Sara, de 37 años, lleva en Irlanda desde 2012, esto es, ya ha visto también tres elecciones fuera de su casa de Getafe (Madrid), y sólo ha podido votar en unas, las de abril pasado. En las primeras, no era “capaz de encontrar la información” de los pasos que tenía que dar, que eran “confusos”. Luego, gracias a otros españoles como ella, se enteró de cómo iba la cosa y formalizó el ruego, pero las papeletas le llegaron casi un mes más tarde de que los demás españoles votasen, en junio de 2016. “Me consta que a mucha gente de la embajada le pasó lo mismo”.

Hace seis meses todo fue en orden y votó pero, reconoce, no sabe si su voto ha sido computado, porque nadie le ha dado constatación de ello. Lo mismo ha pasado esta vez, todo le ha llegado a tiempo, aunque ha tenido que reclamar el envío de papeletas porque las habían mandado a una dirección equivocada. Las ha recuperado a tiempo y, “como quien confía en los ángeles”, espera que su voto sea sumado.

Esta administrativo en un centro de asuntos sociales de Dublín, que habla cuatro idiomas y tiene dos másters, se siente “desplazada” y “ajena” cuando le hablan de elecciones. “Entiendo que no estoy en mi país y no van a ponerme una urna en el cole de mi esquina, pero es que, incluso asumiendo que el proceso sea el correcto, digamos, los plazos son tan ridículos e injustos...”, lamenta. Confiesa hacen falta “mucha voluntad” y “ganas” para entrar en este “embrollo” y votar. “Yo soy cabezota, pero... A mi alrededor veo casos de todo tipo, gente que se gasta una pasta en venir a la embajada para que luego no le lleguen los papeles, gente que lo deja estar porque a lo mejor no se entera de que han habilitado plazos extra, gente que pide horas o días de trabajo... A un señor que vive en mi pueblo no le piden ese compromiso con España”, se queja.

La reforma que no llega

“Se ha demostrado que el sistema no funciona”, ha reconocido hasta el aún ministro de Exteriores, el socialista Josep Borrell. Por eso hay en marcha una reforma para acabar con ese voto rogado, pero que no acaba de cristalizar. Por ahora se han conseguido, con mucho esfuerzo, mejoras parciales, como una prórroga del voto en la urna hasta el mismo día de las elecciones, o que los españoles que ya lo rogaron en abril no tengan que volver a hacerlo ahora para noviembre (sólo el ruego, no el resto del proceso) pero es “insuficiente”.

En 2017, Unidas Podemos presentó en el Senado una moción para apoyar la derogación del voto rogado, que fue aprobada por unanimidad, y gracias a eso se creó la subcomisión de la reforma de la ley electoral, en ese mismo año. Había consenso y todos entendían que el cambio era justo, pero los trabajos en las cámaras no son rápidos y no fue hasta febrero de este año que UP y PSOE se pudieron de acuerdo para registrar una proposición de ley con la que derogar esta medida.

El PP, denuncia Martínez, fue poniendo “trabas” y el proceso se fue retrasando; aunque al final todos los grupos apoyaron la toma en consideración del texto, nunca se llegó a aprobar. La razón: se disolvieron las Cortes y se convocaron elecciones, las de la pasada primavera. En el periodo de sesiones que ahora ha acabado, antes de las elecciones del 10-N, este asunto no se ha podido retomar.

Las alternativas

Hay muchas opciones diversas en Europa para abordar el problema del voto exterior. Hay naciones que no reconocen siquiera este derecho a quien emigra y otras que aceptan por voto electrónico, una salida que no gusta a IU Exterior porque puede conllevar “un incremento del riesgo de fraude, ya que se podrían hackear los resultados, y una pérdida de soberanía del estado sobre la auditoría de ese voto, porque suele ser realizada por empresas privadas”.

¿Cuáles son, entonces, las posibles alternativas? Lograda la derogación del voto rogado, que esos dos millones de españoles puedan ejercer su derecho democrático al sufragio y se garantice su participación electoral, hay que ampliar los plazos de envío, “que es tanto o más imprescindible aún, para que a la gente le dé tiempo a hacer todos los trámites”, hay que permitir la inscripción en el censo y la realización de trámites consulares por vía telemática, “porque en realidad, con los medios de que disponemos hoy, no tendría por qué ser presencial”, se podrían descargar las papeletas online, “para que así pudiéramos solucionar ese problema de acceso a los consulados por motivos de horarios, de distancia…”, va desgranando la portavoz.

También sería aconsejable mejorar la difusión de la información de cómo se tiene que votar, “porque hasta ahora, en vez de las instituciones, han sido los partidos y los colectivos los que lo han hecho”. “No basta con actualizar las páginas web, hay que informar personalmente a los implicados de las distintas convocatorias electorales y esa información tiene que ser ofrecida por parte de los consulados, que en ocasiones han suministrado un servicio escaso y deficitario”. Las oficinas españolas necesitan, igualmente, adaptarse a ese número al alza de ciudadanos que piden atención, porque las plantillas no han crecido en estos años de mal llamada crisis.

IU Exterior ha lanzado este año una campaña en positivo, en la que reconoce que se hace cuesta arriba tramitar el voto, pero en la que recuerda que los expatriados ya se enfrentan a otros grandes retos diarios (el idioma, el sistema de salud, el alquiler... toda la vida en un nuevo país) y con todo se puede. Un llamamiento para que no cunda aún más el desánimo.

“Pese a todo, me da la sensación de que la gente sigue con ganas de ir a votar, sigue queriendo hacerlo. La gente sigue estando enfadada y quiere participar. Es su derecho legítimo. Pero no podemos esperar unas cifras muy altas porque nunca hemos podido superar las cifras de antes. Depende de que el proceso funcione, es todo discrecional”, concluye Martínez.

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