Urge una nueva ley frente a la pandemia del tabaquismo

El tabaquismo es una pandemia mucho más letal y silenciosa que la covid-19. De hecho, provoca más de 55.000 muertes todos los años en España y más de ocho millones en todo el mundo y sin embargo no ha producido la alarma ni ha provocado todavía medidas de emergencia ni tampoco la responsabilidad social imprescindibles para su control y erradicación. Las consecuencias del consumo de tabaco para la salud, en relación por ejemplo a las de la pandemia de la covid-19, multiplica su saldo de muertes. Sin embargo, la principal diferencia es la existente entre un proceso agudo y el mantenimiento en el tiempo y la cronicidad de los efectos del tabaquismo, lo que multiplica aún más su morbilidad. Por eso, la carga de enfermedad y sus complicaciones respiratorias, vasculares y tumorales son también incomparablemente más persistentes y graves.

La primera experiencia con el tabaco comienza muy pronto, entre los 14 y los 18 años, con una mayor incidencia entre las mujeres jóvenes y entre los hombres más adultos, y muy en particular entre las clases más modestas, que además dejan el hábito más infrecuentemente. Existe, pues, un sesgo de género y también de clase social.

Hasta ahora las medidas de los organismos internacionales de salud pública y de los gobiernos han sido anormalmente débiles, graduales y tardías, mientras que las actuaciones de las compañías tabaqueras en defensa de sus intereses han sido más sistemáticas, agresivas y contundentes.

Así se asegura desde el Centro Colaborador de la OMS para el Control del Tabaco en la presentación de su próxima jornada de control del tabaquismo: “La industria del tabaco interfiere en los esfuerzos de salud pública para el control del tabaco mediante maniobras para secuestrar el proceso político y legislativo; exagerar la importancia económica de la industria; manipular la opinión pública para obtener la apariencia de respetabilidad; fabricando apoyo a través de grupos de fachada; desacreditar la ciencia probada; e intimidar a los gobiernos con litigios o amenazas de litigios”.

La ley española de 2005 se quedó a medio camino, al incorporar a los centros de trabajo, pero dejar fuera de los espacios sin humo a la hostelería. Finalmente, la reforma de la ley de 2011, todavía en vigor, completó los espacios libres de humo y con ello supuso un avance definitivo en la mejora de la calidad ambiental de la mayor parte de los espacios públicos y en la progresiva desnormalización del consumo de tabaco y derivados nicotínicos, con el resultado de que más personas lo han dejado y que las nuevas generaciones fuman cada vez menos. En aquel entonces tuvo que superar también la resistencia de algunos gobiernos autonómicos de la derecha a las medidas de salud pública, que recurrieron a los gestos de rebeldía frente a la ley y a los recursos a los tribunales de justicia, como ha ocurrido también a lo largo de estos dos últimos años frente a las obligadas restricciones en la pandemia.

Sin embargo, sus flancos más débiles, como eran la no tan estricta obligatoriedad de las restricciones en las terrazas y en las zonas deportivas al aire libre entre otras, fueron aprovechados por las multinacionales para dilatar la interpretación de lo permitido y mantener la normalización del consumo de tabaco. Pero, sobre todo, hicieron que estas industrias reorientaran su publicidad hacia los nuevos nichos de negocio: comercialización de nuevos productos −entendidos más como un rito iniciático que como una alternativa light− a la población femenina y/o juvenil y derivación del negocio clásico hacia el tercer mundo.

La demostración de que su estrategia frente a la ley ha sido parcialmente efectiva en España es que el descenso de personas que fuman baja menos que en otros países de nuestro entorno, lo que ha impulsado la necesidad de aplicar medidas adicionales que la evidencia científica muestra que son útiles. A pesar de constatar la pérdida de efectividad de la ley y la necesidad de reforzar la prohibición en nuevos espacios públicos compartidos, de reducir el atractivo y el impacto publicitario de las cajetillas y disuadir a los más jóvenes mediante el incremento del precio, la nueva reforma se ha venido retrasando durante una década y con ello se ha desaprovechado la incorporación de nuevas medidas a la directiva europea, salvo para asimilar el vapeo al tabaco y autorizar los tratamientos farmacológicos. Las últimas líneas de actuación aprobadas en el Consejo Interterritorial de 2019 ya eran insuficientes y además quedaron interrumpidas como consecuencia del inicio de la pandemia.

A lo largo de la pandemia de la covid-19 se ha demostrado de nuevo la necesidad y la posibilidad de los cambios, trayendo la experiencia positiva de la ausencia de consumo contaminante en las terrazas, que, sin embargo, luego no se ha mantenido, y también esclareciendo la contradicción que suponía la posibilidad de quitarse la mascarilla para fumar en la calle en plena pandemia respiratoria. En este sentido, el nuevo borrador de plan presentado por el gobierno recupera lo ya sabido, pero no va a cambiar lo fundamental si no va acompañado de la correspondiente iniciativa legislativa. Las buenas intenciones existentes chocan hasta ahora con la agresiva estrategia de las tabaqueras y el muro de la publicidad, la adicción y las recaídas, pero sobre todo con las graves y persistentes consecuencias del tabaco sobre la salud.

Los contenidos básicos de una próxima reforma deberían tapar las vías de agua de la ley en vigor, como la posibilidad de fumar en terrazas de la hostelería, pero también incrementar los lugares prohibidos más significativos como las playas y los espacios deportivos, por su repercusión, en particular en niños y embarazadas como fumadores pasivos, y como estímulo publicitario para los jóvenes, junto con la neutralización de la actual publicidad de las cajetillas y la elevación significativa del precio, que está demostrado que reduce el acceso de los nuevos fumadores. Pero debe además garantizar los tratamientos de deshabituación, en especial desde una reforzada atención primaria en su labor más comunitaria de prevención y promoción de salud. Aquí también la revitalización del compromiso con la atención primaria es vital.