UP propondrá con ERC y Bildu investigar en el Congreso los abusos de la Iglesia a menores

Unidas Podemos propondrá, junto con ERC y EH Bildu, la creación de una comisión de investigación sobre los abusos a menores por parte de la Iglesia católica en el Congreso, para lo que esperan contar con el apoyo del PSOE.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso y líder de los comuns en la Cámara baja, Jaume Asens, ha anunciado en una entrevista a Europa Press que “en los próximos días” presentarán esta iniciativa, al igual que han hecho países como Alemania, Irlanda, Bélgica y Francia.

“Se me hace extraño pensar que partidos como el PSOE queden excluidos de esta iniciativa, porque es de sentido común, razonable y en el sentido que pide el Papa Francisco”, ha defendido Asens, que ha añadido que comparten la reflexión del Sumo Pontífice de que se deben investigar estos hechos porque ofenden a la conciencia de la humanidad.

Asens ha hecho balance de cómo ha transcurrido el curso político y ha puesto el foco en cómo ha subido el tono de las declaraciones dentro del Congreso de los Diputados, y en ese sentido, ha afirmado que su grupo está molesto con el papel institucional de la presidenta de la Cámara baja, Meritxell Batet.

Consideran que Batet “no defiende suficientemente bien la autonomía parlamentaria ante injerencias de otros poderes, especialmente el poder judicial”, tras lo que ha criticado que la cúpula judicial española quiera convertirse en guionista de la política ―ha dicho textualmente― y decida lo que se puede discutir en los parlamentos.

Después de que Batet retirase el acta al diputado de UP Alberto Rodríguez, Asens exige la restitución inmendiata de su escaño, porque cree que Batet tomó la decisión de forma unilateral: “Se ha inventado un delito que no estaba en la sentencia, porque se ha avanzado a las intenciones del señor Marchena, y esto es abdicar de su papel de defensa de la autonomía parlamentaria”.

Rodríguez fue condenado como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad ―con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas― a la pena de un mes y 15 días de prisión, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y la pena de prisión se sustituyó por una multa de 540 euros que ya ha abonado.

Asens ha defendido que se le quitó el acta de forma ilegítima, en contra de la opinión de la Mesa y de los letrados del Congreso, ha asegurado que se trata de un caso inédito y muy grave, y ha reivindicado que se le restituya el acta “porque si no lo hace ella, tarde o temprano lo harán los tribunales”.