Una Transición no tan pacífica: una investigación saca del olvido a 134 víctimas del abuso policial

Les tocó a Juan Mañas, Luis Montero y Luis Cobo, pero le podía haber pasado a cualquiera. Ocurrió un fin de semana de mayo de 1981, cuando los tres jóvenes viajaban de Santander a Pechina (Almería) para ir a la Primera Comunión del hermano pequeño de Mañas, a la que nunca llegaron. Durante el tumultuoso periplo en coche, alguien los confundió con tres etarras que acababan de atentar en Madrid y dio el aviso a la Guardia Civil, que montó un operativo a nivel nacional. La Benemérita detuvo a los tres –de 24, 33 y 29 años– ya en Pechina. No se sabe qué sucedió inmediatamente después, pero diez horas más tarde se encontraron sus cuerpos torturados, mutilados y calcinados en el interior de un coche. Fue lo que después se conocería como ‘caso Almería’. 

El niño que aquel día iba a hacer la comunión roza hoy la cincuentena. “No hay día que no echemos en falta a mi hermano”, cuenta Francisco Mañas a El HuffPost. Mañas ha viajado desde Pechina a Madrid un miércoles de mayo, 41 años después de perder a su hermano, para acudir a la presentación del último número de la revista Sàpiens, titulado Las víctimas olvidadas de la Transición. Su hermano Juan y los dos amigos que viajaban con él son tres de las 134 víctimas que recoge una exhaustiva investigación llevada a cabo por el historiador David Ballester sobre la violencia policial en la Transición, que publica en formato reportaje en Sàpiens y en el libro Las otras víctimas, editado por Prensas de la Universidad de Zaragoza.

“La Policía mataba a un ciudadano cada 20 días”

Es la primera vez que se publica una lista documentada, con nombres y apellidos, de todas las personas que murieron por excesos policiales en los siete años que duró la Transición española (1975-1982). Según los cálculos de Ballester, en aquella época “la Policía mataba a un ciudadano cada 20 días como resultado de un exceso”; cabe señalar que en la lista no están “todas las víctimas de la Policía” en la Transición, sino las que fenecieron por “excesos” por parte de estos cuerpos. Así, Ballester distingue entre quienes murieron por gatillo fácil –91 víctimas–, en manifestaciones –38– o por torturas –5 personas muertas–. También especifica quiénes fueron los cuerpos responsables de estas muertes, principalmente la Policía Armada o Policía Nacional –61 víctimas– y la Guardia Civil –59–. 

Es casi imposible establecer un hilo conductor que entrelace las historias de esas 134 personas –la gran mayoría no estaban politizadas ni eran delincuentes–. Sí se puede decir que eran, en general, muy jóvenes –87 de ellas tenían menos de 30 años, el menor tenía 13–, que la mayoría eran hombres y que la mitad de las muertes se produjeron en el País Vasco (40) y en Madrid (22). 

“Las víctimas de la Transición por excesos policiales tienen muy poco que ver con la política”, explica David Ballester a El HuffPost. “Las causas de sus muertes acostumbran a ser totalmente fútiles, llevadas por la impunidad que tenían en ese momento los agentes a la hora de utilizar sus armas de fuego en manifestaciones, en controles de carretera, en torturas, en intentos de detención o incluso en discusiones totalmente banales entre vecinos”, señala. 

Ballester cuenta que un escenario ‘clásico’ en los casos de gatillo fácil eran los bares y discotecas –“las boites que llamábamos entonces”– cuando, a altas horas y regados de alcohol, “los agentes no estaban de servicio pero iban armados” y podían venirse arriba en cualquier discusión y acabar matando a alguien. 

“Hay incluso un caso de un policía despechado que mató a una chica [María Encarnación Ayúcar] que no quiso ser su novia”, ilustra Ballester –hoy lo llamaríamos crimen machista–. O el de José María Fernández-Carrión, un chico de 24 años que había quedado en un bar de Madrid con sus amigos para recoger a su perro y acabó tiroteado por un guardia civil a raíz de una discusión con un tercer hombre que resultó ser policía. O el caso de Abdalla Arrouche, marroquí de 25 años, que fue regañado por estirarse en un banco de la estación de Chamartín (Madrid) y salió corriendo cuando la Policía intentó detenerle. Dos agentes le dispararon tres veces, una de las cuales lo mató. Según el atestado policial que recoge la investigación, Arrouche “profirió palabras en una lengua desconocida” y los policías trataron de detenerle para “elucidar las razones que pudieron llevarle a conducirse de modo tan extraño”. 

Reina la impunidad

En aquellos años “cualquier ciudadano podía ser víctima de un abuso o un exceso policial”, afirma David Ballester. El historiador incide en “la impunidad” como “rasgo característico” de esta violencia. Según su investigación, sólo 37 agentes fueron juzgados por estos crímenes, de los cuales cuatro fueron absueltos, dos amnistiados, siete casos fueron sobreseídos y otros cuatro archivados. 

Ese “abuso continuo” estuvo acompañado, en la mayoría de los casos, por “una impunidad total”, recalca David Ballester. Hay casos especialmente sangrantes, como el de Gladys del Estal –muerta de un tiro a los 23 años en una manifestación pacífica en Tudela (Navarra)–, cuyo verdugo, el guardia civil José Martínez Salas, fue condecorado por su “conducta intachable” en el mismo Tudela una década después, sin haber pisado aparentemente la cárcel y ya con el Gobierno socialista de Felipe González, cuyo ministro del Interior, José Luis Corcuera, arguyó que Martínez Salas estaba “rehabilitado”.

“Como mínimo, es escabroso que te condecoren en el mismo lugar en el que has segado una vida de veintipocos años”, comenta Ballester.

La no-verdad sobre el ‘caso Almería’

Siendo uno de los más mediáticos, en el ‘caso Almería’ las condenas fueron algo más altas de lo habitual, pese a los amaños y a las amenazas al abogado de las familias y a los periodistas que seguían el caso. Finalmente, se condenó a tres guardias civiles a 24, 15 y 12 años de cárcel, pero se dejó en libertad a otros ocho agentes implicados. Los condenados no sólo no cumplieron la pena en su totalidad, sino que sus familias recibieron varios millones de pesetas de los fondos reservados del Estado, según se supo después. 

Mientras tanto, las familias de las víctimas no tuvieron “ningún tipo de ayuda, ni psicológica, ni económica, nada por parte del Estado”, cuenta Francisco Mañas. “Fuimos unos olvidados, unos apestados”, dice.

Francisco hizo la comunión sin sus padres ni su hermano, a quien dedicó su petición en el altar de la iglesia. El niño pasó esos días en casa de unos amigos de la familia, “aislado” de la tragedia pero consciente de que algo no iba bien. Se enteró de la muerte de su hermano Juan varios días después, cuando al volver a su casa preguntó por él. “Mi madre me contó que la Guardia Civil lo había asesinado”.

Ese día “dejé de ser un niño, alcancé una madurez prematura y tuve que aprender a vivir con ello”, explica Francisco Mañas. “Entender eso a esa edad es muy difícil. Aquello lo tuvimos que digerir como pudimos”, cuenta. Y todavía hoy no saben qué ocurrió exactamente ni por qué, “quién estaba detrás, o si alguien dio órdenes desde Madrid”. “Se supone que la Guardia Civil está para proteger y para ayudar a los ciudadanos”, repite Mañas.

Francisco Mañas no puede evitar pensar qué habría pasado si la mala suerte, y sobre todo la mala praxis de la Guardia Civil, no se hubieran cruzado con su hermano aquel fatídico 10 de mayo. El hombre se pregunta cómo sería hoy Juan Mañas –tendría 65 años–, qué habría hecho en su vida o si tendría familia.   

“Si hubieran tenido la suerte de vivir en un país en el que la policía sirviera y protegiera a la ciudadanía y no utilizara métodos tan contundentes, la mayoría de las víctimas estarían vivas ahora”, plantea el historiador David Ballester, que reconoce que barajó el título ‘Nos faltan 134’ para dar nombre a su investigación. “La mayoría de estas personas, por edad, tenían que estar con el Imserso, con los nietos o jugando a la petanca”, comenta Ballester.

Han pasado 40 años de olvido, pero tanto Ballester como Mañas consideran que no es tarde para que el Estado reconozca a estas víctimas y repare su memoria y a sus familias. Como historiador, David Ballester defiende que estas víctimas sean incluidas dentro de la próxima Ley de Memoria Democrática, a lo que el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López –que acudió a la presentación de Sàpiens– respondió: “Si se aprueba la Ley, esta investigación será muy valiosa para esclarecer y resarcir a las víctimas”.

Como familiar afectado, Francisco Mañas no busca que nadie le pida perdón, porque él tampoco se lo concedería. “Lo que pedimos es que el Estado reconozca lo que hizo, que reconozca a estas víctimas igual que a las del terrorismo, y que se sepa la verdad”, dice. 

“Cada relato es espeluznante, pero la gente no sabe esto sobre la Transición, no ha oído hablar de estas 134 víctimas”, sostiene Mañas, que cree que “los jóvenes tienen que saber de dónde venimos, es nuestra historia”. David Ballester también lo tiene claro: “El Estado ha de responder”.

¿Pero por qué no se ha hecho hasta ahora? Porque “reconocer a estas víctimas es un torpedo a la línea de flotación de esa idea falsa, equivocada, de que la Transición fue modélica, ejemplar y pacífica”, replica Ballester.