Una moción de censura virtual

Según los portavoces del principal partido de oposición en España, ellos habrían llegado con los deberes hechos a las primeras entrevistas del curso político, mientras el presidente del Gobierno habría suspendido al presentarse sin un solo dato y sin un solo papel. En todo caso, aunque se hubieran presentado con el anteproyecto de Presupuestos, tampoco hubiera servido de nada.

Porque la cuestión fundamental para el PP, según sus propias declaraciones, es la presencia de un partido ‘comunista’ como Unidas Podemos en el Gobierno, así como la naturaleza independentista de parte de los aliados de investidura, a los que veta porque los sigue considerando réprobos por inconstitucionales. Lo que no dice es con qué autoridad lo hace, cuando la Justicia y el TC han avalado su legalidad en el juego democrático.

Es resumen, que mientras se mantenga el actual Gobierno y sus apoyos, para el primer partido de la oposición conservadora, no habría nada que hablar. Es decir, que solo con la dimisión, la convocatoria electoral y la victoria de la derecha, sería posible el reconocimiento de los resultados y el diálogo. Eso sí, diálogo consigo mismos y quizá no siempre.

Vuelve con ello el PP al punto de partida de la estrategia de deslegitimación y desestabilización de principios de legislatura, desmintiendo el reciente giro formal, a raíz del fiasco electoral de su estrategia radical en las recientes elecciones vascas y gallegas, con el cambio de la portavoz parlamentaria. Un giro sobre sí mismo para continuar en el mismo lugar y con la deslegitimación como estandarte al rebufo de la extrema derecha.

El diseño, pues, del inicio de curso político es, de nuevo, el de la deslegitimación, pero esta vez actualizado como una moción de censura virtual y adelantada, aprovechando el oportuno vacío dejado por la autoexclusión de Vox en las entrevistas con el presidente del Gobierno. Por si cabía alguna duda, la rueda de prensa posterior a la entrevista en La Moncloa ha consistido en el despliegue de las descalificaciones a la totalidad, equivalente a una moción de censura al Gobierno, aunque mucho más destructiva que constructiva, a tenor de la escasa entidad de sus alternativas.

Es por eso que hoy los retos objetivos como la unidad frente a la pandemia, la renovación de las instituciones como el Consejo General del Poder Judicial  y el Defensor del Pueblo o los Presupuestos de 2021 para la reconstrucción en el marco de las medidas de reactivación europeas, no hayan formado parte de siquiera de sus referencias y mucho menos de la disposición al diálogo del PP.

Muy al contrario, de sus palabras y de sus gestos, se concluye que la confrontación política e institucional va a continuar, incluso a aumentar, tanto sobre la respuesta política e institucional a la pandemia y en relación a los fondos europeos de reconstrucción, como respecto a la renovación de las instituciones que todavía ocupa y que bloquea, no por razones de principios

sino por oportunismo, porque no está dispuesto a que reflejen las nuevas mayorías parlamentarias.

En resumen, deslegitimación del Gobierno, bloqueo y degradación de las instituciones y veto a Podemos en el Ejecutivo y al resto de la mayoría de investidura con el manido argumento de su carácter inconstitucional.

En el fondo, la derecha continúa empecinada en la negación del resultado democrático de la mayoría de investidura y, consiguientemente, en su desestabilización. Por eso, lo único que le ha importado a la derecha es amplificar su propio relato, aunque éste se sitúe al margen de la realidad. El relato de una ficción de Gobierno en el exilio interior en la que cabe desde una

agencia para la gestión técnica de los fondos europeos, hasta un plan económico de choque o un pacto de Estado de Sanidad.

Poco importa que tanto la ley de agencias como el pacto de Estado de Sanidad no hayan contado en el pasado con su apoyo sino más bien con su beligerancia. Para sus asesores la memoria es flaca y solo se trata de emociones.

Porque, en definitiva, todo remite a la deslegitimación y al veto. La deslegitimación de la gestión del Gobierno elegido democráticamente sobre unos fondos europeos que intentó cercenar y que ahora pretende hurtar a la representación democrática en favor de una agencia supuestamente independiente. Y asimismo, también el veto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial para mantener el poder a costa de su degradación.

El PP presenta como aprobadas las asignaturas de un curso político propio, otra larga cambiada contra toda lógica, que sin unas bases mínimas de diálogo político y sin acuerdo un presupuestario son solo palabras. El relato de un Gobierno en la sombra, lleno de palabras para enredar que luego se lleva el viento.

Es una muestra también de la deriva formalista que parece haber tomado la política española en los tiempos postpopulistas de pandemia. Parece que los principales problemas sanitarios y económicos han sido consecuencia de llegar tarde o de no haber hecho los deberes, entendidos éstos como la reacción anticipatoria ante la pandemia, la gestión de compras de material sanitario o ahora la gestión pura de los brotes, todo ello al margen de las ideas, la política y las nocivas ideologías.

Los resultados de la gestión serían la alta incidencia de la covid-19 y la grave repercusión  económica de la pandemia, en comparación a los países de nuestro entorno, sin tener en cuenta los determinantes sociales ni la situación sanitaria y de salud pública de partida.

Este formalismo postpopulista viene acompañado de la sobreactuación en la política de gestos y sobre todo del antagonismo ruidoso entre las fuerzas políticas, que se extiende también como una mancha de aceite a la relación entre las instituciones, bloqueando la cooperación, el diálogo y los acuerdos. Bloqueando, en definitiva, la política y deteriorando la ya mermada confianza ciudadana.

La polarización y el antagonismo es la motivación de fondo que permite entender lo ocurrido en este inicio de curso político y presupuestario. La cuestión de fondo es, sin embargo, en qué razones basa el PP la continuidad de su estrategia de confrontación, después de haber amagado con la moderación.

Más allá de las razones internas, solo cabría atribuirlas a su competencia con  las otras derechas, en particular con Vox y, aunque a otro nivel, con Ciudadanos. Y fundamentalmente a las señales que le llegan sobre las dificultades internas de la coalición de Gobierno y la gestión de la compleja mayoría parlamentaria de investidura y/o presupuestaria que garantizarían la continuidad del Gobierno.

Paradójicamente, la coalición de Gobierno parece gozar de buena salud, al margen de las naturales tensiones y de la situación extraordinaria que representa el periodo de pandemia. Los últimos acuerdos así lo demuestran, como el compromiso de negociar el presupuesto a dos, incluir entre los contenidos la reforma de los impuestos, junto a la prioridad de explorar en primer lugar la mayoría que representa los apoyos de investidura. Sin embargo, habría que extremar el cuidado para que la gestión de las diferencias pudiera dar otra impresión a quienes apuestan por su desestabilización.

Por otra parte, y dentro de la mayoría de investidura, destaca también la asignatura pendiente de ERC. Más allá de la mesa de diálogo sobre Cataluña anunciada para las próximas semanas, lo más importante es que persiste la incógnita de la actitud de ERC ante la división del PdCat, en la que se sigue debatiendo entre la radicalidad independentista o el pragmatismo. Por eso se ha vuelto a refugiar en el veto a Ciudadanos, un flaco argumento si nos atenemos a su alianza de gobierno con la derecha catalana. En definitiva, que hasta ahora

ERC no ha podido o querido despejar la incógnita, y con ello el mensaje que recibe la derecha es de fragilidad de la mayoría de investidura.

En cuanto a la mayoría presupuestaria, contrasta la posición de cerrazón del PP con la explícita disposición al diálogo de Ciudadanos: una decisión firme de Inés Arrimadas de negociar y, en sus palabras, contribuir a moderar los Presupuestos. Para ello ha levantado las líneas rojas de las rebajas de impuestos y su veto político a Unidas Podemos. A ello se añade la voluntad de seguir favoreciendo la unidad sobre la gestión de la pandemia, con la reconstrucción económica, social e institucional como argumento.

El problema es que, aunque es importante, este apoyo no basta. Todo remite al desarrollo de la geometría variable compleja que fue vital en las prórrogas del estado de alarma. En definitiva, una apertura a los aliados de la investidura y al tiempo a la mayoría de las prórrogas del estado de alarma. Un camino con un alto grado de incertidumbre.

La derecha al acecho.