Un retroceso de décadas para una democracia incipiente
Durante estos días transcurre en la ciudad de Ginebra el 39° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En ese concurrido marco, la Fundación Myrna Mack -que dirijo- y la Fundación Right Livelihood Award –que me honró con ese premio en 1992- pronunciamos una declaración conjunta con motivo de la presentación del informe del relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Sr. Fabián Salvioli.
Hemos manifestado nuestra complacencia sobre el contenido del informe, particularmente en lo que refiere a la "Justicia Transicional", aunque tal como el relator señala, "existen desafíos importantes en la articulación de las esferas de la justicia, conectadas pero rara vez coordinadas con la justicia de transición".
En Guatemala padecimos una guerra interna que duró 36 años, y pese a la firma de la paz hace poco más de 20 años, los crímenes del pasado -desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, masacres- siguen afectando a nuestra sociedad, a los familiares de las víctimas y a las nuevas generaciones, que se han visto envueltas en una polarización azuzada por un discurso de buenos y malos, de comunistas y anticomunistas, de terroristas y antiterroristas.
Los procesos judiciales ligados a militares acusados de violaciones a los derechos humanos se han convertido en espacios para validar las actuaciones de aquellos y para descalificar la búsqueda de justicia, argumentando que los familiares buscan únicamente una reparación económica. Quienes trabajamos por los derechos humanos somos constantemente atacados, estigmatizados y agredidos. "Vividores del conflicto", nos gritan sin reservas.
Es grave que los tres organismos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, hayan sido cooptados a tal punto que las máximas autoridades reproducen este discurso. Hoy por hoy, la situación de los derechos económicos, sociales y culturales continúan sin ninguna atención y es la población más necesitada la que padece las consecuencias. A todo esto, hay que agregar los altos niveles de corrupción que abonan a la crisis socio-política del país.
La situación de la justicia ha tenido avances significativos gracias al trabajo coordinado entre el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que ha permitido esclarecer muchos de los casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, las últimas acciones tomadas por el presidente Jimmy Morales para discontinuar la CICIG y reforzar el poder militar en un gobierno civil, nos hacen ver con preocupación un retroceso de décadas en nuestra incipiente democracia.
Es por ello que a todos los países miembros del Consejo solicitamos estar atentos a los acontecimientos de nuestro país para evitar que la crisis permanente en la que se encuentra derive en mayores violaciones a los derechos humanos.
