Un PP abierto en Canal
No es la primera vez que el Partido Popular promete combatir la corrupción, insiste en que "aquel que la hace, la paga", o se presenta como víctima de sus malas compañías. Por eso no recuerdo la última vez que me fie del PP. No lo hice cuando se personó como acusación popular en la trama Gürtel mientras Rajoy mandaba mensajes de aliento a Luis Bárcenas o en la sede de Génova se dedicaban a destruir sus discos duros; tampoco cuando dejó pasar cinco meses antes de forzar la renuncia de Pedro Antonio Sánchez como presidente de Murcia, imputado por el caso Auditorio; y tampoco lo hago ahora que un expresidente de la Comunidad de Madrid duerme –una noche más– en prisión acusado de ser el cabecilla de una organización criminal.
Y es que el pasado lunes, la historia se volvió a repetir. Otra vez, un máximo dirigente del PP volvió a presentarse como una víctima de un entorno corrompido. Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, miró a las cámaras para volver a repetir que fue traicionada, engañada por Ignacio González y por la trama corrupta que éste – según la investigación del caso Lezo– había urdido aprovechando su posición dentro del Gobierno regional. Lo que olvida Aguirre es que el dinero con el que se tejió esa supuesta red de malversación de fondos públicos, de fraude en la contratación, de prevaricación, de falsedad documental y de blanqueo de capitales, a través del Canal de Isabel II, no era suyo, sino que era de todos los madrileños. Pertenecía al sufrido y asqueado contribuyente que todavía, a día de hoy, sigue observando cómo aquellos que presumían de buenos gestores, en realidad, se lo estaban llevando crudo.
Hoy más que nunca, y teniendo en cuenta que fue el PP el que en 2015 ganó las elecciones, el acuerdo de investidura firmado hace dos años con el partido conservador se erige como la única herramienta útil para proteger los intereses de los madrileños. Esos 76 puntos que obligamos a firmar al PP de Cristina Cifuentes son la única garantía que los ciudadanos tenemos para evitar que el dinero de nuestros impuestos sirva para pagar campañas electorales de forma irregular o para el enriquecimiento personal de unos pocos. Visto lo visto, no me cabe ninguna duda de que si el Partido Popular gobernara la Comunidad de Madrid con mayoría absoluta, no habría una comisión de investigación sobre corrupción política en la Asamblea de Madrid, ni otra para estudiar el incremento desorbitado de la deuda en la Comunidad. Tampoco dimitirían los cargos públicos imputados por delitos de corrupción política. Ya se inventarían alguna excusa para no cesarles, como han intentado hacer en Murcia. En definitiva, las cosas hubieran seguido igual. Igual de mal, de oscuras y de poco transparentes que en la legislatura pasada.
Así las cosas, y hasta que en 2019 volvamos a las urnas, nuestra obligación es seguir limpiando la Comunidad de Madrid de corrupción, continuar impulsando reformas legislativas que pongan coto a esta lacra y seguir convenciendo a los madrileños de que un partido imputado por financiación irregular, que arrastra los pies en la lucha contra la corrupción y que cuenta con un expresidente autonómico en prisión, no merece volver a ganar las elecciones.