Uno de cada cuatro proyectos del Gobierno presenta deficiencias en sus informes, según el Tribunal de Cuentas
Tienen falta de justificación y de estudios económicos, indica este organismo.
El examen del Tribunal de Cuentas sobre las normas de los ministerios del área político-administrativa ha puesto de manifiesto que uno de cada cuatro proyectos del Ejecutivo presenta deficiencias en sus informes complementarios, ya sea en las memorias de impacto normativo o en los estudios sobre los efectos económicos de las medidas.
La fiscalización, a la que ha tenido acceso Europa Press, abarca normas de los Ministerios de Exteriores, Justicia, Defensa, Interior, Educación Cultura, Ciencia, Presidencia y Política Territorial, y especialmente examina la labor de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa que depende de la Vicepresidencia de Carmen Calvo.
El objetivo era verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a las actuaciones administrativas encuadradas en el ámbito de la evaluación previa de su impacto normativo, reflejadas fundamentalmente en las Memorias del Análisis de Impacto Normativo.
De entrada, en los expedientes normativos examinados el Tribunal de Cuentas ha visto que “no existe acto formal de incoación” de los mismos, por lo que no tiene certeza suficiente sobre el momento de su inicio, lo que tiene “especial relevancia” al determinar la normativa aplicable al contenido de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.
Estas Memorias del Análisis de Impacto Normativo son los documentos que garantizan que la elaboración y aprobación de un proyecto cuenta con toda la información necesaria para estimar el impacto que la norma supondrá para sus destinatarios y agentes. Pero según desvela el Tribunal, el Consejo de Ministros aún no ha adaptado la Guía Metodológica para la redacción de estas memorias al decreto que las reguló en 2017.
En cuanto a los principios de buena regulación, la fiscalización ha detectado que en un porcentaje superior al 25%, los expedientes de la muestra presentan deficiencias (bien porque no se incluye mención a estos principios en la exposición de motivos o preámbulo de la norma, o porque la justificación de la adecuación de la norma a ellos resulta insuficiente).
Igualmente, se han observado deficiencias en el análisis presupuestario, que afectan al 30% de los expedientes de la muestra seleccionada (ya sea porque el análisis presupuestario es parcial, porque se omite la cuantificación del impacto presupuestario o porque el análisis realizado resulta genérico, provisional y orientativo).
Pero, además, el informe señala que más de la mitad de las Memorias examinadas han presentado deficiencias en la descripción de los trámites y consultas realizadas (consistentes en la falta de mención de todos los trámites efectuados, en la ausencia de incorporación en la Memoria de un resumen de las principales observaciones o recomendaciones contenidas en los informes o del tratamiento dado a las mismas, o en la no actualización del contenido de la Memoria con las novedades significativas producidas a lo largo de la tramitación del expediente normativo).
La recomendación del Tribunal de Cuentas es que el Gobierno adapte de una vez la Guía Metodológica de las memorias a ese real decreto de 2017 y que adopte las medidas necesarias para que los expedientes normativos incluyan preceptivamente un acto formal de incoación del procedimiento.
