Luis Bárcenas pide 41 años de cárcel para el exministro Fernández Díaz por la trama Kitchen

Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular, ha pedido una condena de 41 años de prisión para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, y para su número dos, Francisco Martínez, por el supuesto espionaje orquestado contra él entre 2012 y 2015 para conseguir documentos sensibles para el partido.

Bárcenas, su mujer, Rosalía Iglesias, y su hijo, el conocido cantante de Taburete, Willy Bárcenas, todos ellos perjudicados en el denominado caso Kitchen, han presentado este martes su escrito de acusación, firmado por la abogada Marta Giménez-Cassina, por esta supuesta operación parapolicial investigada en la Audiencia Nacional dentro del caso Villarejo.

En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, la familia Bárcenas acusa al exministro, al exsecretario de Estado y a buena parte de la cúpula policial de entonces de un delito de asociación ilícita y les considera cooperadores necesarios del asalto que sufrieron en su vivienda en 2014, cuando un hombre se hizo pasar por sacerdote y retuvo a la familia del exsenador bajo amenazas para que le entregasen documentos que podrían afectar al partido.

Entre los mandos policiales, para los que también pide 41 años de cárcel, figuran el ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino; el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera; el inspector Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de María Dolores de Cospedal; el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas; y los inspectores Bonifacio Díez Sevillano y José Ángel Fuentes Gago.

También engrosan esa lista los excomisarios José Villarejo y Enrique García Castaño -este último con un estado de salud delicado tras haber sufrido un ictus en mayo-. A los diez les achaca haber actuado con la agravante de prevalimiento por su carácter público.

Para el undécimo acusado, Sergio Ríos, quien fuese chófer de la familia y pieza clave de la operación al haber sido presuntamente captado como confidente policial para la trama, Bárcenas pide 33 años de cárcel y le acusa de actuar con la agravante de abuso de confianza.

“Operación parapolicial al margen de la ley”

Según el escrito de acusación, los once acusados “orquestaron una operación parapolicial al margen de la ley con el fin de conseguir y destruir la posible información” que Bárcenas, su mujer y su hijo “tuvieran en su poder que pudiese afectar al Partido Popular” y que se pudiese utilizar en el caso Gürtel, entonces en plena investigación en la Audiencia Nacional y por el que él mismo está cumpliendo condena.

Bárcenas acusa a quien fuese su compañero de partido, Jorge Fernández Díaz, entonces “máximo responsable político” del Ministerio del Interior con Mariano Rajoy en la Moncloa, de ordenar a su segundo, el secretario de Estado Francisco Martínez, desplegar “una operación encaminada a la obtención de información y documentación” que tuviese él o su familia para sustraerla “de forma ilícita” y que no llegase al juez del caso Gürtel.

Martínez, según la tesis de Bárcenas, fue quien “asumió la coordinación de la operación ilícita por indicación” del exministro, y quien encargó su planificación y desarrollo al entonces número dos de la Policía, Eugenio Pino.

La entrada en escena de Pino desencadenaría, siempre según el escrito, en la intervención del resto de mandos policiales acusados, como Villarejo y García Castaño, a quienes habrían encomendado “ganarse la confianza y lograr la colaboración activa” del chófer de la familia, Sergio Ríos, a cambio de 2.000 euros al mes a cargo de fondos reservados y de entrar en la Policía.

Para ello, “se valieron” del inspector Andrés Gómez Gordo, exasesor de María Dolores de Cospedal en el Gobierno de Castilla La Mancha, señala el escrito, que añade que en los años en los que se desplegó Kitchen la ex secretaria general del PP y su marido se reunieron en varias ocasiones con Villarejo, que “les iba informando de la marcha de la operación parapolicial”.

Según Bárcenas, Fernández Díaz “estaba al tanto de todos los movimientos del operativo”, que consistió en vigilancias, seguimientos e incluso el clonado de teléfonos, y que culminó, dice, con la localización e incautación de la documentación buscada.

El asalto a la vivienda en 2013

La familia incluye en su acusación el asalto a su casa en octubre de 2013, cuando Luis Bárcenas estaba en prisión preventiva, un episodio que califican de “secuestro ejecutado por Enrique Olivares”, quien se hizo pasar por sacerdote y que quería obtener documentación “que pudiera hundir al Gobierno”.

Por ello, considera a todos los procesados cooperadores necesarios de los delitos por los que fue condenado Olivares, que falleció a principios de año.

También resaltan que, durante el tiempo en que éste estuvo en prisión, recibió muchas visitas de letrados así como ingresos elevados “de origen desconocido”, y añaden que Sergio Ríos informó de que su compañero de celda podría tener las claves informáticas de Bárcenas para acceder a sus archivos.

El extesorero relata el “injustificado acoso” que sufrió en prisión entre 2013 y 2014, años en que se desplegó supuestamente la operación Kitchen y en los que recibió dos visitas de “abogados relacionados” con el PP, uno de los cuales “le ofreció la posibilidad” de anular el caso Gürtel a cambio de 12 millones de euros.