Suspendido el juicio de Diana Quer
Hasta el 11 de noviembre
El juicio por el crimen de Diana Quer ha quedado suspendido a primera hora de este lunes tras no poder conformar el jurado popular por falta de candidatos.
Un total de 21 ciudadanos se han presentado a ser parte del jurado, pero en un caso la persona era mayor de 65 años y en otro hubo una renuncia expresa a integrarlo no comunicada antes; otros han alegado razones médicas y también ha habido alguna recusación de las partes, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Finalmente se han elegido a 17 personas, pero el mínimo legal exigible es de veinte, de ahí el aplazamiento de la vista.
El único procesado en este caso es José Enrique Abuín Gey, alias El Chicle.
Diana Quer, una joven madrileña de 18 años, no regresó a su casa de veraneo el 22 de agosto de 2016. Su cadáver fue hallado el 31 de diciembre de 2017, cuando llevaba oculta en un pozo 500 días.
Móvil sexual
El abogado de la familia de Diana Quer, Ricardo Pérez Lama, ha admitido este lunes que la “credibilidad” de El Chicle, “no es mucha” y, por ello, la parte fundamental del juicio será a su juicio la intervención de “los forenses” que, confían, ayude a probar que hubo móvil sexual.
A su llegada al juzgado, Pérez Lama ha afirmado que en su momento “verán que la credibilidad de esta persona para esta acusación particular no es mucha”.
La “cuestión fundamental y vital”, ha añadido, se desvelará durante las jornadas en las que declaren los médicos forenses ya que con sus declaraciones se podrá dilucidar si Diana Quer sufrió una agresión sexual, como defienden Fiscalía y acusación particular.
Esta circunstancia es precisa para que, junto al delito de asesinato, José Enrique Abuín Gey sea condenado a la pena de prisión permanente revisable, que reclaman para él la familia de la víctima y el Ministerio Fiscal.
Respecto a la repercusión mediática que tendrá un juicio para el que están acreditados más de medio centenar de periodistas y un total de 32 medios de comunicación, el letrado ha subrayado que este es un juicio “público” en el que la familia entiende que “el derecho a la información prevalece”.