Suspendida la imputación de los periodistas por informar del sumario de los CDR

El juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha suspendido las imputaciones de periodistas de ocho medios de comunicación, a quienes atribuía un delito de revelación de secretos por publicar informaciones del sumario secreto de la causa en la que se investiga por terrorismo a miembros de los CDR.

Según han informado fuentes jurídicas, el juez Juan Carlos Peinado ha admitido parcialmente el recurso de la Fiscalía, que pidió que anulase las citaciones de los periodistas en calidad de investigados, por lo que éstos ya no tendrán que acudir mañana a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla.

De esta forma, según las fuentes, el juez, que ha decretado el secreto de la causa, levanta la imputación de los informadores de la Cadena Ser, El País, ABC, El Confidencial, El Mundo, La Vanguardia, El Español y RTVE.

“Requisitos constitucionales”

En su recurso, hecho público el pasado viernes, la Fiscalía sostenía que “la información publicada cumple con los requisitos constitucionales de información veraz e interés público”, por lo que no es constitutiva de delito.

A su juicio, no se les puede exigir responsabilidad penal dado que actuaban en “el ejercicio legítimo de su profesión u oficio”, sin perjuicio de que si existen indicios de la presunta comisión de un delito contra la Administración de Justicia, se les pudiera citar como testigos para “investigar el modo en el que obtuvieron dicha información, lo que podría proporcionar datos para la identificación de los presuntos autores del citado delito”.

Defensa de los CDR

La causa tiene su origen en la denuncia presentada en la Audiencia Nacional por las defensas de los presuntos miembros de un ala radical de los Comités de Defensa de la República (CDR), investigados por terrorismo, que solicitaban que se investigase la “filtración masiva” del sumario, del que recientemente se ha levantado el secreto de forma parcial.

Al no ser competente la Audiencia Nacional, el juez que les investiga, Manuel García Castellón, lo envió a los juzgados de Madrid en atención al informe de la Fiscalía de la Audiencia.

Cuando se conoció la noticia de la imputación, varias asociaciones como la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) o la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur) mostraron su rechazo a la decisión del juez y defendieron que el deber de los periodistas es difundir información veraz y contrastada sobre asuntos de interés público.