La supuesta cuenta en Andorra de Juan Carlos I le acerca al banquillo
La clave es el origen temporal del dinero por la inviolabilidad del monarca hasta 2014, pero según ‘El Confidencial’, se cerró en 2016.
La supuesta cuenta en Andorra de Juan Carlos I, desvelada este martes por El Confidencial, demostraría que su última regularización ante el fisco no fue veraz, según explica a este diario el economista y exdirector de la Agencia Tributaria Ignacio Ruiz-Jarabo. En caso de que la Agencia compruebe que la última declaración del rey emérito no fue completa, Juan Carlos I incurriría en un presunto delito fiscal que le acercaría, irremediablemente, al banquillo.
Lo cierto es que si se confirma que el monarca usó una sociedad panameña controlada por terceros para ocultar presuntamente un depósito en Andbank operativo hasta 2016, Juan Carlos I perdería el halo de protección que buscó con la regularización de más de cuatro millones de euros que presentó en febrero por “incremento injustificado de patrimonio”.
“Todo esto tendría dos efectos. Por un lado, habría que añadir a lo que declaró todo esto, pero es que al no tener ese efecto liberador por no haber sido una regularización completa, incurriría en delito fiscal. Ya antes, por los importes, incurrió en delito fiscal, pero quedó liberado por haber presentado voluntariamente la regularización. Ahora bien, se acogió a ella con el requisito de que fuera completa y veraz. Si la Agencia demuestra que no lo es, no queda liberado de la aplicación del delito”, explica Ruiz-Jarabo, quien sentencia: “Le afectaría a una obligatoria acusación de delito fiscal. Es muy probable que se le termine investigando, porque las pruebas parecen evidentes, y que acabaría pasando por un juicio. Y, en mi opinión, si pasa por un juicio sería condenado”.
El HuffPost ha preguntado al abogado de Juan Carlos I, Javier Sánchez-Junco, sobre el alcance de esta información en la situación de su defendido, pero no ha respondido. Esta supuesta nueva cuenta puede complicar la situación judicial de Juan Carlos I. En estos momentos, la Fiscalía del Tribunal Supremo tiene abiertas tres investigaciones relativas al patrimonio oculto del exjefe del Estado. Por eso el monarca, para eludir responsabilidad penal alguna, presentó dos regularizaciones por las que ha pagado más de cinco millones de euros.
El problema es que ambas regularizaciones están relacionadas únicamente con el dinero que recibió del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y con los vuelos privados que le costeó la Fundación Zagatka, que gestiona su primo y supuesto testaferro, Álvaro de Orleans. Según El Confidencial, no consta que Juan Carlos I haya comunicado a la Agencia Tributaria información alguna sobre fondos en bancos de Andorra.
El rey emérito, no obstante, tiene a la Agencia Tributaria muy encima, porque también está investigando sobre la procedencia de los 4,4 millones de euros que Juan Carlos I abonó en la última regularización y que atribuyó a un despliegue de solidaridad de amigos y empresarios españoles con el que regó las arcas públicas en concepto de cuotas impagadas por el IRPF durante varios ejercicios.
Hay que ver si es verdad o no el origen de esos préstamos de ayuda. No solo que estén documentados, sino si los fondos han salido de verdad de amigos del rey. Porque él no quería decir que eran suyos para no encender la alarma de dónde tenía el dinero. Pero esa investigación es muy importante”, explica el exdirector de la Agencia Tributaria.
“Especialmente grave”
La clave del asunto es el origen temporal del dinero en el fondo andorrano, por la inviolabilidad de la que se benefició el monarca hasta 2014 por su condición de jefe del Estado. Pero según El Confidencial, la cuenta bancaria se cerró en 2016. “Sí, esto pone en duda su regularización. Y, además, al ser dinero en el exterior y no haberlo declarado, estaría afectado por la obligación de bienes y derechos en el exterior. Osea que sería especialmente grave”, dice Ruiz-Jarabo.
Según El Confidencial, la clausura de la cuenta coincidió con la aplicación de un acuerdo internacional impulsado por la OCDE y suscrito por Andorra que instó a las autoridades del Principado a compartir con terceros países información bancaria de todos los extranjeros que tuvieran activos en su territorio.
La declaración de bienes y derechos en el exterior, impulsada por el exministro Cristóbal Montoro, es meramente informativa. El problema es que si no se hace, explica Ruiz-Jarabo, la sanción prevista es muy dura: “Imagina que el importe de esta cuenta es de 1.000.000, pues se consideraría renta no declarada. De manera que Juan Carlos I tendría que haber pagado medio millón de euros. Y, además, una sanción del 150%. Es decir, 700.000 euros. 500.000 de cuota y 700.000 de sanción es 1.200.000. Más que el importe de la cuenta. Si detecta la Agencia Tributaria bienes en el extranjero no declarados, la gravedad es especial porque el sistema sancionador es muy fuerte”.
El lapso para que un delito fiscal prescriba es de 5 años —10 a partir de la última reforma del código penal—, pero el mínimo son 5. Y el plazo para la prescripción del ejercicio fiscal de 2015, el primero en que Juan Carlos I ya no estaba protegido, empieza a contar en junio de 2016, por lo que ese ejercicio no prescribe hasta este mes de junio.
