Sin hacer mucho ruido, Trump está obstaculizando las denuncias por acoso sexual y discriminación

Ante la avalancha de mujeres que están alzando la voz para denunciar el acoso sexual y la discriminación, el mensaje que está mandando la Administración Trump está claro: a callar.

Tras las bambalinas, y sobre todo a través de decretos presidenciales, la Casa Blanca está poniendo trabas a las mujeres a la hora de denunciar los casos de acoso sexual y de discriminación.

El ejemplo más claro es de marzo, pero recibió muy poca atención de los medios. El presidente Donald Trump derogó una ley de la era Obama que prohibía que los contratistas federales mantuvieran en secreto los incidentes de acoso sexual y discriminación. La ley de 2014 impedía que las empresas afectadas, en las que trabajan 26 millones de personas, forzaran a sus trabajadores a solucionar sus quejas mediante procedimientos de arbitraje, una práctica en boga para apartar estos problemas de la mirada pública.

"[Derogar esa ley] fue una clara muestra de cómo la Administración está silenciando a las mujeres", denunció Jessica Stender, abogada jefe de Equal Rights Advocates, una organización sin ánimo de lucro que defiende los derechos de las mujeres.

Y esa es solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor.

"La Administración Trump tiene una clara agenda antimujeres. Soy plenamente consciente de lo que digo. Es un ataque frontal en toda regla contra las mujeres", asegura Stender.

Este ataque al que se refiere ha causado más daños por la vía ejecutiva. Una amplia proporción de las políticas sociales propuestas o ratificadas por los funcionarios de la Administración buscan hacer retroceder los derechos de la mujer. Desde la derogación de leyes creadas para reducir la brecha salarial hasta los presupuestos presentados por Trump en mayo, pasando por el fallido sabotaje del Obamacare y la reforma fiscal que busca una reducción de impuestos a los más ricos: todo lo que ha aprobado o derogado la Administración Trump busca perjudicar a las mujeres.

Esta guerra contra las mujeres llega en un momento en el que los ideales del feminismo parecen estar más sólidos que nunca. Por fin se empieza a oír y creer a las víctimas de acoso sexual. Por fin depredadores sexuales como el magnate de Hollywood Harvey Weinstein están pagando las consecuencias, perdiendo sus trabajos, sus acuerdos cinematográficos y hasta sus empresas. Y, aunque todavía es difícil de creer, el año pasado Estados Unidos estuvo a punto de elegir a su primera presidenta.

En este nuevo ambiente, la ruta seguida por la Administración Trump parece más bien un regreso al pasado, un ataque contra el empoderamiento de la mujer. El ataque contra las mujeres empezó prácticamente al acabar la Marcha de las Mujeres contra Trump en enero de 2017.

Ese mes, Trump firmó su primer decreto presidencial (rodeado de hombres). Una medida que es, literalmente, una ley mordaza para evitar que las clínicas sanitarias no puedan siquiera hablar sobre el aborto.

Pero, visto lo visto, en ese momento solo estaba poniendo a punto su bolígrafo, porque tras derogar la ley de marzo sobre los procedimientos secretos de arbitraje, en agosto acabó con una iniciativa de igualdad salarial promovida por la Equal Employment Opportunity Commission. En la actualidad, en Estados Unidos las mujeres cobran de media un 80% de lo que cobran los hombres. En el caso de las mujeres de color, la brecha es aún mayor.

La propuesta desechada por Trump proponía que las empresas tuvieran que informar sobre los salarios de sus trabajadores, diseccionados según raza y etnia, con el fin de descubrir más fácilmente dónde se producen las mayores brechas y, siendo optimistas, ayudar a cerrarlas.

La EEOC (Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos) llevaba seis años diseñando la propuesta, en colaboración con la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Su intención era preparar un estudio sobre la brecha salarial. Habían revisado y ajustado su propuesta prestando atención a las ideas de muchos empleadores y de la opinión pública.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto descartó la propuesta sin dar muchas explicaciones aparte de que supondría mucho papeleo y una carga innecesaria para las empresas. Según estimaciones de la EEOC, solo le habría supuesto 416,58 dólares a cada empresa.

"Es indignante", comentó Robin Thurston, el abogado litigante principal en una demanda presentada por la organización para la mujer National Women's Law Center y el Consejo Sindical para el Avance del Trabajador Latinoamericano, que buscan anular la decisión de la Administración Trump. La medida habría supuesto unos beneficios que habrían compensado sobradamente su coste, ya que habría permitido a la EEOC hacer cumplir con mayor eficacia los derechos de los trabajadores y descubrir en qué empresas se dan las mayores brechas salariales.

La demanda todavía no ha recibido respuesta.

Mantener en secreto la información sobre las brechas salariales es, evidentemente, otro modo de silenciar a las mujeres. Un modo muy efectivo, de hecho. Sin transparencia, las mujeres y las personas de color no tienen forma de saber si están cobrando un salario justo, y esa práctica puede perpetuarse.

Si las mujeres no se enteran de que están cobrando menos de lo que les corresponde, su queja puede acabar resolviéndose por arbitraje privado. Compañeros de trabajo que fueran víctimas de una situación similar no tendrían modo de enterarse. Nada cambiaría.

Con todo esto, la Administración Trump no había acabado de intentar silenciar a las mujeres. En septiembre, Betsy DeVos, Secretaria de Educación, acabó con una de las medidas clave de Obama, concebida para ayudar a las víctimas de acoso y abuso sexual en el ámbito escolar y universitario: un documento de 2011 que definía lo que es el abuso sexual y establecía un nuevo paradigma sobre cómo debían reaccionar las escuelas y universidades ante los casos que respondieran a esas características.

El propio Trump, que ha sido denunciado por conducta inapropiada o abuso sexual por hasta 16 mujeres, ha evitado hablar de los recientes escándalos sexuales de otros hombres poderosos. Solo una excepción: Trump utilizó Twitter para burlarse del senador demócrata Al Franken a raíz de las acusaciones de acoso que han salido recientemente a la luz contra él.

El martes 21 de noviembre, Trump defendió públicamente al senador republicano Roy Moore, de 70 años, que ha recibido acusaciones de acoso sexual a menores cuando era más joven:

"Él dice que no sucedió. También hay que escucharlo a él", dijo Trump a los periodistas.

Pero claro, parte de su reticencia a reconocer la veracidad de los testimonios de esas mujeres puede deberse a que debilitaría su insistente argumento de que todas las mujeres que le han acusado a él son unas mentirosas.

Ese mismo día, le pidieron que se pronunciara sobre los recientes acontecimientos en este momento crucial. Esto fue lo que respondió:

Una respuesta completamente vacía de significado:

"Esas palabras no significan nada. Parecen una dedicatoria de un anuario escolar", ha analizado Alexandra Petri en el Washington Post. Además de que los hechos contradicen sus palabras.

Las mujeres no lo van a tolerar. Ahora que más y más mujeres están dando el paso de denunciar el acoso sexual, solo es el comienzo.

"Casi parece que esta avalancha es una reacción contra Trump. Es alentador", afirma Jessica Stender.

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.