Residencias de mayores y Covid-19: la dramática evidencia de un modelo fallido

Más de 4.000 personas han fallecido en las residencias de mayores de nuestro país desde que comenzara la crisis del coronavirus. La Fiscalía tiene ya abiertas 31 diligencias de investigación penal por lo acontecido en estos centros. Estamos ante un drama sin parangón que pone en cuestión las bases de nuestra sociedad. Para poder entender cómo hemos llegado a esta situación debemos contextualizarla en el proceso de estancamiento y deterioro de uno de los pilares de nuestro Estado del Bienestar. 

Las residencias, como el cuidado de los mayores, son dependientes de las políticas de servicios sociales de un Estado. Los Servicios Sociales en España son reconocidos como sistema público en la Constitución de 1978, pero al no ser mencionados como tal, sino como asistencia social de competencia autonómica, se han ido desarrollando a ese nivel desde la década de los 80, algo que ha derivado en la inexistencia de un modelo marco estatal. Los diferentes gobiernos del país, especialmente los del Partido Popular, lejos de hacer frente a esta necesidad, han ido recortando la financiación y abriendo la puerta a la externalización de la gestión de los Servicios Sociales. El resultado es un sistema raquítico con una mermada capacidad de respuesta a los problemas y necesidades de nuestra envejecida sociedad. 

En un intento de dar respuesta a esta deficitaria situación se aprobó, hace ya 13 años, la conocida como Ley de Dependencia, que supone un gran avance al reconocer el derecho al cuidado y a la autonomía de las personas. Sin embargo, continúan sin resolverse importantes incógnitas, a las que los sucesivos gobiernos, en particular los de Mariano Rajoy responderían, nuevamente, desde la lógica de los recortes y las privatizaciones, abriendo la peligrosa puerta que interpreta los cuidados como un negocio. Han sido muchas las empresas que han visto la gran oportunidad en los centros residenciales y en el Servicio de Ayuda a Domicilio.

Hoy en España más de tres cuartos de las plazas residenciales de mayores son privadas, mientras que las públicas no llegan al 25%. La privatización, el descontrol y la inacción por parte de las Administraciones Públicas, han permitido que en la gestión de los cuidados, se haya primado la maximización del beneficio económico a la calidad de la atención. La escasez de profesionales y la precariedad en las residencias no son algo nuevo, en los últimos años han sido numerosas las denuncias de familiares y profesionales que casi siempre han chocado con la inacción de las Administraciones Públicas competentes. Es imposible edificar el Estado del Bienestar en torno a los cuidados y el derecho a la autonomía si se carece de una red pública, robusta y articulada de centros capaz de garantizarlos.

El coronavirus ha evidenciado que el modelo de cuidados sobre el que pivotábamos era fallido. Durante estos años la prestación de servicios se ha ido enlazando desde una perspectiva asistencialista de mínimos; por ejemplo, se ha reducido la atención y el apoyo del Servicio de Ayuda a Domicilio en lugar de haberse apostado por el cuidado en el propio medio de la persona, sustentado por un espacio sociosanitario enraizado en la Sanidad y los Servicios Sociales públicos, capaz de coordinar a todos los actores implicados en el desarrollo de una vida autónoma y plena. Las residencias de mayores han seguido la misma perniciosa lógica, ofreciendo servicios de asistencia prácticamente reducidos a la custodia.

Esta precaria realidad ha convertido a las residencias de mayores, precisamente el colectivo más vulnerable ante el Covid-19, en trampas mortales. Resulta significativo que el propio Decreto de Declaración del Estado de Alarma del 14 de Marzo no hiciese mención alguna a los Servicios Sociales ni al Sistema de Dependencia. La reacción tardía de las autoridades, la desinfección y la medicalización de las residencias son simples parches, a todas luces, puntuales e insuficientes, porque las residencias de mayores deben ser hogares, no hospitales.

El coronavirus subraya la urgencia de desarrollar un nuevo sistema público de cuidados donde los centros residenciales se configuren en torno a un modelo basado en el concepto de “hogar” y donde la persona sea el núcleo principal del apoyo y la atención. Debemos abandonar la idea de la plaza residencial, donde se comparte una habitación, o donde se transcurre la existencia en estancias inertes, en ocasiones hasta de reducida extensión, para transitar el tiempo, sino que tenemos que repensar y modelar estos centros desde la idea de lugares de crecimiento colectivo y compartido donde seguir desarrollándonos como personas con los cuidados integrales necesarios. Es el momento de una apuesta estratégica por una transformación social hacia un país donde los cuidados a las personas y al medio ambiente estén en el centro, es una cuestión de justicia intergeneracional.