"Reeducando" a base de torturas y abusos: así trata China a la minoría uigur

“No podía creerlo. Cerraron a mi espalda una pesada puerta de hierro y me vi en una celda con 40 mujeres. Las últimas no podíamos ni sentarnos, aguantábamos en pie. Todas llevábamos cadenas en los pies. Fuimos interrogadas y apiñadas de nuevo. Cada día lo mismo: cantar el himno, ver vídeos del presidente Xi Jinping, asistir a clases de adoctrinamiento, redactar textos pidiendo perdón por nuestros supuestos errores... Todo el rato vigiladas y controladas. Si te negabas a hacer cualquier cosa, no comías. Y mira que ya te daban poco...”.

Habla Gülbahar Jelilova, perteneciente a la etnia uigur, instalada en la región china de Sinyianh. Una mujer que sufrió un año de reclusión en 2017 sencillamente por ser lo que es, una musulmana minoritaria en su país, a la que el Gobierno trata de reconducir, de reeducar, de rescatar de su deriva, todo para mayor gloria del Partido Comunista. Para vivir, para “respirar” como ella dice, Gülbahar ha tenido que refugiarse en Turquía y su testimonio se oye, demoledor, gracias a los informes de organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional.

No puede alzar la voz ese otro millón de uigures que, calcula la ONU, está confinado en centros de detención chinos, más de cien, de localización inexacta, fantasmales. Su causa, este miércoles, resonará en la sede de Estrasburgo (Francia) del Parlamento Europeo, donde se entrega el Premio Sájarov a Ilhan Tohni, un economista de 49 años que se ha convertido en referente de su pueblo y que reclama, desde la no violencia, un diálogo franco con Pekín para lograr más autonomía y hacer cesar la persecución. Más meritorio cuando estás en la cárcel, condenado a cadena perpetua por “separatismo”.

Demasiado independientes

El choque entre los uigures y las autoridades de Pekín no son nuevos. Lo reciente es que, en 2018, Naciones Unidas denunció públicamente la existencia de los “campamentos de reeducación” en los que se hace de todo para lavar el cerebro de estos musulmanes y convertirlos en buenos chinos. La cifra del millón de internos es aproximada, como todo en un país al que no acceden ni los inspectores internacionales ni la prensa libre. No son personas que cumplan una condena, no se les ha procesado por un delito, no han tenido un juicio (y, si se ha dado el caso, no ha sido justo), sino que están allá para “rehacerse”.

Son, estima China, demasiado diferentes y van demasiado por libre. El pueblo uigur lleva más de mil años instalado en su región y adoptó el Islam como religión por el contacto constante con comerciantes musulmanes, estando como estaban en el noroeste del país, en plena Ruta de la Seda y con un trato intenso con pueblos de Asia Central. Hablan uigur, de raíz turca, y son un grupo de unos 11 millones de personas compacto y de fuertes tradiciones.

A principios del siglo XX, proclamaron su independencia en Sinyianh pero la China comunista se hizo con el control de la zona en 1949. Entonces comenzó un lento éxodo que tiene distribuidos por el mundo unos 20 millones de uigures, según datos de su Consejo en el exilio, con base en Alemania. En los últimos 30 años, la situación de este pueblo se ha deteriorado sobre todo porque Pekín ha ido enviando a más personas de la etnia mayoritaria en el país, la han, que poco a poco han ido desplazando a estos musulmanes y haciéndose con el control de la tierra, las empresas y los mejores empleos.

Los uigures ya tienen que pasar controles diarios en las calles, las paradas de bus o de metro, o tienen restricciones para orar: no pueden ir a las mezquitas ni los menores de 18 años ni los funcionarios. La fe o la nómina. Los hombres se han visto forzados a afeitarse la barba y han visto cómo se tiraban sus mezquitas y sus lugares de peregrinación.

De ser mayoría, los uigures han pasado a no representar más del 45% de la población. Su poderío cultural, religioso o comercial ha ido menguando, con expropiaciones de tierra para levantar casas para los recién llegados, por ejemplo.

China sostiene que en esta región autónoma, con un estatus similar al del Tibet, se han producido en los últimos años una serie de protestas y ataques violentos que han costado más de 200 vidas, perpetrados por los uigures, y que para frenarlos tiene que recurrir a la mano dura. Unos buscan asilo fuera y, los que quedan, son sometidos como ciudadanos de segunda, encarcelados o reeducados. Pekín insiste: ponen bombas, hacen sabotajes, promueven la agitación social... denuncias de las que no han aportado pruebas. Sostienen que estos musulmanes tienen vínculos con el yihadismo y que hay que impedir, pues, que se cree una Siria o una Libia en su país. Y saca a relucir sus fuertes inversiones en la zona, una región como cuatro veces y media Alemania, pero donde las nuevas oportunidades se las llevan los han, denuncian los uigures.

Los estremecedores cables

El pasado noviembre, un año después de la denuncia de los campos hecha por la ONU, una investigación internacional llevada a cabo por 17 medios diferentes (entre ellos El País o la BBC), sacó a la luz el sufrimiento de los uigures, con documentos oficiales, imágenes de satélite y testimonios aterradores. China sostiene que son lugares en los que la entrada es voluntaria y gratuita, que quien quiera puede irse, y que busca la “formación profesional” de las personas y abordan el “extremismo” de estos supuestos aprendices de terroristas a través de la “transformación del pensamiento”. Lo demás, insiste, son fake news, noticias falsas.

Eufemismos y juegos de palabras para tapar lo que dicen sus propios dossieres y quienes escaparon: que entre esas paredes se lleva a cabo el lavado de cerebro de personas sometidas a detenciones masivas y arbitrarias, llevadas a centros de alta seguridad de los que no se puede salir y donde son encerrados y adoctrinados y, si no cumplen con las normas, también castigados. En las denuncias de HRW y AI se habla incluso de misteriosas desapariciones de uigures.

La filtración de estos documentos, coordinada desde el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), desvela que se ha acelerado la construcción de estos centros en los tres últimos años, como alertaba la ONU, lógico si se ven cómo crecen las redadas: en una semana, en 2017, fueron arrestados 15.000 de estos musulmanes.

El sistema, avalado por Pekín, viene sobre todo instigado por el vicesecretario del Partido Comunista de la región, Zhu Hailun, cuyas órdenes se leen sin dudas: hay que aplicar una fuerte disciplina, hay que impedir las fugas y propinar castigos a quien no cumpla o lo haga tarde, hay que “promover el arrepentimiento y la confesión”, hay que cortar toda “transgresión del comportamiento”.

Eso se traduce en testimonios que hablan de posiciones fijas que hay que mantener en la cama, las clases o el baño, de cadenas y esposas, de tiempos tasados para comer o bañarse, de aislamiento del exterior (no hay teléfonos móviles ni visitas de familia) y de intenso control interior, con pruebas de ADN, escaneo del iris y toma de huellas dactilares nada más entrar, con cámaras cada dos metros o con garitas policiales en las puertas. ”¿Desde cuándo la “formación” incluye el sometimiento a torturas y abusos?”, se pregunta Amnistía.

“Por supuesto que es una prisión. Allí no hay libertad. No puedes escapar. Te detienen ellos, no vas porque quieres”, insiste Gulzira Avelhan, otra de las supervivientes entrevistada por las organizaciones internacionales. La mujer, que pasó 15 meses en uno de estos correccionales, explica que cada interna tenía dos minutos para ir al baño. “Te dicen que tienes que ser rápida y, si no lo eres, te dan descargas eléctricas en la cabeza. Duele, realmente”, añade. Incluso tras la descarga, tenían que decir a sus carceleros: “Gracias, profesora, no llegaremos tarde la próxima vez”.

Denuncia que una de las prioridades de los vigilantes eraprevenir las “emociones anormales”, para lo que evitaban que los encerrados contactaran entre ellos. “No puedes hablar fuera de clase o en los talleres. No hay contacto exterior. Y cuidado, hay algunos agentes secretos que lo ven todo. Sólo quieren tu confesión, te van dando puntos si avanzas en el estudio o la disciplina. ”, insiste.

Nicholas Baquelin, director regional en Asia Central de AI, insiste en que el mundo tiene que “reclamar saber” dónde está ese millón de personas perdido, porque lo que llega de dentro es mucho más que “profundamente preocupante”, las palabras que usó Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Baquelin enumera y no acaba: “internamiento masivo, vigilancia intrusiva, adoctrinamiento político, asimilación cultural forzada, incomunicación y aislamiento de la familia”.

Sophie Richadson, directora para China de HRW, reclama por todo ello la intervención judicial inmediata, porque estamos ante un caso claro de “tortura psicológica, ya que estas personas, a sus circunstancias, suman el hecho de que no saben cuándo van a salir de ahí, es un encierro indefinido”, hasta que puedan supuestamente demostrar que se han curado, o sea, que se han transformado, que han aprendido mandarín a la perfección, que siguen al amado líder y que han aparcado su religión. Hasta cuatro comités del Partido Comunista tienen que dar el visto bueno final para que esa persona vuelva a salir a la calle. Es su manera de “salvaguardar” a la sociedad china, dicen, y de ofrecer a los uigures una “vida mejor”.

Las asociaciones de defensa de los derechos humanos y la ONU han constatado, además, un especial ensañamiento contra los ciudadanos que ahora residen fuera de China o tienen familia exiliada. Abundan los casos de detenidos con esos perfiles. Uno de los casos más llamativos es el de Buzainafu Abudourexiti, una joven estudiante de Medicina que lleva dos años en paradero desconocido, condenada a siete años de pena por un delito desconocido. Estaba recién casada, embarazada, y su esposo trataba de lograr la reagrupación familiar en Australia, donde vive. Llegó tarde. La chica fue detenida en 2017, tras pasar dos años estudiando en Egipto. Un contacto con el exterior muy perseguido.

La reclamación del envío de una misión investigadora internacional es constante, pero como Pekín niega la mayor, no hay permiso que valga. El Sájarov tampoco les ha alterado lo más mínimo. La maquinaria trabaja a pleno rendimiento contra sus “enemigos internos” pero el negocio se mantiene, ningún país da pasos concretos, desde el estado o desde la empresa, para reprocharle lo que hace con esta comunidad.

Como el que oye llover.