Radiografía del odio en España (y por qué cuesta tanto tipificar este delito)

En poco tiempo, España ha sido testigo de una campaña electoral en la que se ha puesto en el punto de mira a los menores migrantes, del asesinato de un hombre al grito de “no quiero moros”, del asesinato de otro joven al grito de “maricón”, de una manifestación de neonazis lanzando proclamas homófobas y xenófobas en el barrio gay por antonomasia, de un goteo continuo e insoportable de agresiones racistas y LGTBIfóbicas. Y luego están los ataques que no se ven.

Las guías del Ministerio del Interior recogen la definición de delito de odio como “toda infracción penal [en la que la víctima es] seleccionada debido a su conexión, relación, afiliación, apoyo o pertenencia real o supuesta a un grupo que pueda estar basado en la ‘raza’, origen nacional o étnico, el idioma, el color, la religión, la edad, la minusvalía física o mental, la orientación sexual u otros factores similares”. 

Pero curiosamente, el concepto ‘delito de odio’ no aparece mencionado como tal en el Código Penal español, que para hablar de ello se refiere en su artículo 510 a “los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución”. “Para un titular, es fantástico”, bromea Susana Gisbert, fiscal delegada contra los Delitos de odio y discriminación en Valencia. 

Lo enrevesado del lenguaje jurídico es una buena metáfora de cómo se tratan en ocasiones los delitos de odio en España, que todavía está algo verde en su detección, interpretación y control. “Estamos como estábamos en violencia de género hace diez años”, compara Gisbert, especializada también en violencia machista. “Se está haciendo un trabajo, pero aún queda mucho”, reconoce esta fiscal.

La sección en la que trabaja Gisbert no existía hasta hace relativamente poco. Barcelona fue pionera al crear en 2009 un servicio específico contra Delitos de odio y discriminación dentro de su Fiscalía, y cuatro años más tarde se extendió a toda España. Ahora, todas las provincias cuentan con un fiscal especializado en este ámbito, que se persona en una causa cuando esta puede constituir delito de odio, e intenta “dar un castigo al culpable y una protección y solución a las víctimas”, en palabras de Susana Gisbert.  

En España ya existen también guías y unidades especializadas entre los Colegios de abogados y en algunas comisarías de Policía, pero a veces nacen más como una iniciativa individual, por la sensibilización de alguno de sus miembros, que por un mandato o protocolo concreto. “El problema es que esto tendría que ser la norma, y no algo anecdótico o heroico por parte de un fiscal o un policía”, comenta Miquel Ramos, periodista que investiga desde hace años los discursos de odio y la extrema derecha. 

Su trabajo en este campo le lleva a asegurar que “las víctimas de los crímenes de odio son las grandes olvidadas en la historia de la España reciente”. Ramos constata que, mientras que las víctimas del terrorismo están “bien documentadas”, así como las del machismo (en la web feminicidio.net y en el Ministerio de Igualdad, con estadísticas desde 2003), “las del racismo, de la homofobia y de otros delitos de odio no estaban reconocidas en ningún sitio”, explica. Hasta que él tomó la iniciativa.      

103 muertes en los últimos 30 años

En 2014, Miquel Ramos creó, junto con el también periodista David Bou, el proyecto Crímenesdeodio.info, una web que recoge y mapea los asesinatos por odio que se han producido en España entre 1990 y 2020. A falta de un registro oficial, Ramos y Bou han tirado de hemeroteca, de contactos con familiares de las víctimas y con asociaciones especializadas para identificar y tipificar estos casos. En su investigación, recogen la memoria de 103 víctimas mortales en los últimos 30 años.

“Hicimos esto como homenaje y como reivindicación de que existe un problema o, mejor dicho, varios, llamados racismo, homofobia, islamofobia, antisemitismo, antigitanismo…”, enumera el periodista. En una primera versión publicada en 2015, Ramos y Bou recopilaron 88 casos; en 2020, la actualizaron, y la cifra superó el centenar, a la que habría que sumar todavía casos como el de Samuel Luiz, en A Coruña, y Younes Bilal, en Murcia, ambos en 2021. 

Que un crimen aparezca en este registro no significa que en los tribunales se haya considerado como delito de odio. Para empezar, “en los años 90, el delito de odio ni siquiera estaba tipificado como tal”, apunta Ramos. Desde 1995 sí se contempla en el artículo 510 del Código Penal (como delitos contra los derechos y libertades), pero, en opinión de Ramos, todavía se sigue aplicando “de una manera un poco torpe y tarde”.  

Ramos recuerda el caso de un hombre que en 2007 mató a dos homosexuales en Vigo y fue absuelto de ello al entender el jurado que las 58 puñaladas que asestó el agresor fueron en defensa propia, pues pensó que querían violarlo. 

Racismo y xenofobia, principal causa de delitos

Según el último informe del Ministerio del Interior sobre Delitos de odio en España, en 2020 se registraron 1.401 delitos e incidentes de odio, principalmente expresados a través de amenazas (327), lesiones (263) y daños (114). Del total, un 34% fueron por racismo o xenofobia, un 23% por ideología, y casi un 20% por orientación sexual e identidad de género.  

Atendiendo a los datos de Crímenesdeodio.info, racismo y xenofobia son también la primera causa de asesinatos por odio en España, con 36 víctimas mortales en los últimos 30 años. La lista —tristemente inaugurada en 1992 por el asesinato de la dominicana Lucrecia Pérez en Madrid a manos, entre otros, de un guardia civil de ideología neonazi— la cierra la muerte de Paloma Barreto, una mujer migrante transexual acuchillada en 2019 en Avilés.  

Barreto no sólo fue víctima del racismo, sino también de la transfobia, que según el recuento llevado a cabo por Ramos y Bou ha segado la vida de cinco personas en España en las tres últimas décadas. La homofobia ha sido la causa de siete muertes en este mismo tiempo. De este modo, la LGTBIfobia sería el tercer motivo de crímenes de odio en España. El segundo, con 27 muertes, sería la aporofobia. 

Un odio mortal a los pobres

Acuñado por la filósofa española Adela Cortina, el término ‘aporofobia’ se refiere a la aversión y el desprecio al pobre y, en su ‘versión’ como delito de odio se aplica especialmente a las personas sin hogar.

Según un estudio de la organización HOGAR SÍ, el 47% de las personas sin hogar ha sido víctima en algún momento de delitos de odio en España. Los ataques que reciben van desde los insultos y “comportamientos en contra de la dignidad de la persona, como que les orinen encima cuando están durmiendo”, hasta las agresiones físicas o incluso asesinatos, explica Maribel Ramos Vergeles, subdirectora de HOGAR SÍ.

En la memoria de muchos estará todavía el caso de Rosario Endrinal, una mujer sin hogar quemada viva en un cajero de Barcelona en 2005 por parte de dos jóvenes que, previamente, la habían golpeado y humillado. “Todos conocemos ese caso porque fue grabado por las cámaras de seguridad y nos expuso a una realidad que nadie quiere ver, pero este tipo de asesinatos se producen todos los años”, afirma Ramos Vergeles.

Un estudio del Ministerio de Asuntos Sociales revela que cada 20 días muere una persona sin hogar por violencia física en espacios públicos. Esto puede ser fruto de una reyerta entre indigentes, aclara la subdirectora de HOGAR SÍ, pero también consecuencia de un delito de odio por aporofobia.

“A lo mejor empieza con una agresión que no pretende asesinar a esa persona, pero esta gente tiene tal nivel de vulnerabilidad que les acaba provocando la muerte”, explica Ramos Vergeles, cuya asociación lucha desde hace 22 años por que nadie tenga que vivir en la calle y ofrece programas de acceso a la vivienda para las personas sin hogar, unas 33.000 en España.  

La infradenuncia, un problema no resuelto

La última actualización del Código Penal, del 5 de junio de 2021, incluye por primera vez la aporofobia y la exclusión social como agravantes de un delito. Maribel Ramos Vergeles lo celebra, pero reconoce que este ajuste jurídico sirve de poco para un colectivo que por regla general no denuncia las agresiones que sufre.

“Les estamos pidiendo a personas a las que ha fallado el sistema que vuelvan a confiar en el sistema”, resume la subdirectora de HOGAR SÍ. Además, “las personas en situación de sinhogarismo suelen ser percibidas como potenciales agresoras más que como potenciales víctimas”, lamenta. Incluso para las autoridades. “Si los policías no tienen una formación especializada en delitos de odio, y más concretamente en delitos de odio por aporofobia, lo que acaba pasando es que a lo mejor dan por hecho que todo ha sido por una reyerta, o que es un problema de salud mental, o de consumo [de drogas] de la persona sin hogar”, detalla Ramos Vergeles. “Y tampoco es que el sistema judicial sea muy amable con estas personas”, remacha. 

La fiscal Susana Gisbert es consciente de este problema, que no sólo afecta a las personas sin hogar, sino en general a las víctimas de delitos de odio: se calcula que sólo se denuncian un 10% de estos ataques. “Al ser personas especialmente vulnerables, les cuesta más denunciar”, afirma Gisbert. “Si es un inmigrante, a lo mejor supone que se sepa su situación irregular e incluso que se juegue su expulsión del país; si es una persona homosexual, supone que se conozca su orientación, cuando a lo mejor no quiere; si es un indigente, le resultará dificilísimo acceder al sistema”, ilustra.

Por eso, la tarea de los fiscales especializados en estos delitos es “generar la suficiente confianza” en las víctimas para que denuncien ante las instituciones. La fiscal cuenta, además, que las ONG les ayudan mucho en este sentido, dando apoyo a las víctimas y acompañándolas a denunciar. “Probablemente denunciar no les dé una respuesta, pero no denunciar no les va a dar ninguna”, apunta Gisbert. Según los datos de Interior, de los 1.401 incidentes de odio conocidos en 2020, el 66% (927) fueron esclarecidos, y menos de la mitad —616— acabaron en la detención o investigación de los presuntos agresores. 

Cómo se demuestra que un ataque es un delito de odio

Susana Gisbert reconoce que es difícil demostrar que un hecho constituye un delito de odio, y pone un ejemplo que suele darse en su día a día. “Como fiscal, tienes que probar no sólo que la persona ha proferido una frase [ofensiva], sino que esa frase incita al odio, y ahí hay muchas diferencias de interpretación en los tribunales”, explica. O “en los casos en los que hay agresión [física], hay que demostrar que ese insulto homófobo o racista es el motivo de la agresión, y que no es un simple ‘insultar por insultar’”, abunda la fiscal. De este modo, no se trata sólo de probar los hechos, sino de demostrar que en ese hecho hay un componente de odio y discriminación.

En esa diferencia de interpretación suele estar la clave. Sirva como ejemplo el cartel que desplegó Vox en el Metro de Madrid en abril durante la campaña electoral madrileña, un caso que fue denunciado como posible delito de odio por la Fiscalía, archivado por una jueza madrileña, recurrido por la Fiscalía y, de nuevo, desestimado y cerrado por la Audiencia Provincial de Madrid el pasado mes de julio.

“Muchas veces nos encontramos con resoluciones judiciales que no estiman nuestro punto de vista”, admite Susana Gisbert. “Y ahí estamos, recurriendo, cambiando un poco el chip, haciendo un poco de artesanía jurídica y abriendo camino, que todavía hay mucho por hacer”, reflexiona.

Delitos que afectan, sobre todo, al “colectivo”

Dentro del Gobierno también son conscientes de este problema en la administración de justicia. “Cuando la justicia penal no reconoce estos delitos [de odio] o no actúa en la forma adecuada, tanto la víctima como la comunidad pueden perder su confianza en la justicia”, alerta un informe de 2016 realizado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. “Estos delitos no sólo afectan al individuo, sino que tienen el potencial de generar conflictos y violencia a una escala más amplia”, advierte ese mismo texto. 

Tal y como explica la Asociación Estadounidense de Psicología (APA), cuando se produce un delito de odio, “el perpetrador envía a los miembros de un determinado grupo el mensaje de que no son bienvenidos, amenazando a todo el colectivo”. Por su propia definición, en un delito de odio la víctima nunca es ‘sólo’ el individuo.