Radiografía de un Constitucional caducado: la mayoría conservadora, en juego

El Congreso de los Diputados celebró este jueves una de las sesiones más agrias y duras que se recuerdan. El debate y posterior votación de la reforma exprés del Código Penal que deroga el delito de sedición, rebaja la malversación y modifica las leyes del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, provocó una enconada disputa con cruzadas acusaciones de golpe de Estado y acoso a la democracia por la decisión del PP de presentar un recurso al TC para frenar el plan del Gobierno.

“La derecha ha tratado de amordazar al Congreso, algo que no ha ocurrido en 40 años”, dijo desde Bruselas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Su diputado Felipe Sicilia fue más allá y acusó al PP desde la tribuna de la Cámara Baja de estar detrás de un nuevo golpe de Estado en España. “Hace 41 años, la derecha quiso parar un pleno y también la democracia con tricornios y hoy lo ha intentado con togas”, dijo. La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, le respondió recordando que en el año 1981 “en este país gobernaba el centro-derecha”. “Revisen la historia y no intenten cambiarla”, espetó a los socialistas.

La irrupción del Tribunal Constitucional en un pleno del Poder Legislativo suspendiendo una votación que estaba prevista en el orden del día habría supuesto un antes y un después en la democracia española. El tribunal de garantías decidió aplazar su decisión hasta el lunes después de que los cinco jueces considerados progresistas amenazaran con irse si se sometía a votación dicha petición, aunque la sombra de un posible bloqueo se mantiene según la decisión que se pueda tomar la próxima semana.

Tras ver la luz verde en el Congreso con 184 votos a favor y 64 en contra (PP y Ciudadanos se negaron a votar), la reforma de Código Penal pasa ahora al Senado, donde está previsto que se aprueba de forma definitiva el jueves 22. Siempre y cuando, claro, el TC no suspenda su tramitación.

Historia de un eterno bloqueo

El Gobierno persigue con su reforma romper el bloqueo del Constitucional, que viene lastrado a su vez por la parálisis desde hace más de cuatro años del CGPJ. Ahora mismo, el Constitucional tiene cuatro mandatos caducados desde el pasado mes de junio pendientes de renovación: el presidente Pedro González-Trevijano, el vicepresidente Juan Antonio Xiol y los magistrados Santiago Martínez-Vares y Antonio Narváez. Es decir, se da la paradoja de que varios de los miembros que deben decidir sobre la reforma de las leyes del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional están directamente afectados por ella, puesto que la renovación de sus cargos depende de que prospere o no.

Pero, ¿por qué se ha llegado a esta situación de bloqueo en instituciones tan principales? El insostenible atrincheramiento del Poder Judicial arranca en 2018, cuando el CGPJ pasa a estar en funciones prorrogadas ante el desacuerdo de PSOE y PP para renovar a sus miembros. Este órgano tiene como principales competencias velar por la garantía de la independencia de los jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado y elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, del Supremo, de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales.

La ley establece que el CGPJ lo componen veinte vocales -doce jueces y ocho juristas- y todos son elegidos por mayoría de tres quintos del Parlamento, diez por el Congreso y diez por el Senado. En diciembre, los vocales del CGPJ han cumplido nueve años en el cargo, y cuatro de ellos están en funciones. Además, el órgano tiene ya dos vacantes y acumula decenas de nombramientos pendientes. Entre ellos, los nuevos magistrados para el Tribunal Constitucional.

El bloque conservador del CGPJ ha dilatado en los últimos meses la elección de los dos propuestos por el órgano para ocupar el Constitucional, que acompañarían a los otros dos elegidos por el Gobierno (en este caso, Juan Carlos Campo y Laura Díez). Y es que, hasta ahora, la norma obligaba a que la renovación se produjera por tercios. El Ejecutivo, cansado, decidió modificar el procedimiento para que el Gobierno pudiera nombrar a sus candidatos sin necesidad de esperar al CGPJ e incluyó la opción de castigar con responsabilidades penales a aquellos miembros que incumplan la ley al saltarse los plazos de renovación.

Vuelco hacia una mayoría progresista

Con las nuevas incorporaciones, el Tribunal Constitucional cambiaría de color y sumaría una mayoría progresista para los próximos diez años. Concretamente, siete de este perfil frente a cuatro conservadores en un momento en el que sobre la mesa del TC se amontonan las deliberaciones de leyes como la eutanasia, la de educación, la de memoria democrática, la del ‘solo sí es sí’ o hasta la ley del aborto de Zapatero de hace más de doce años, todas ellas recurridas por PP o Vox. El Gobierno y el ala progresista de los jueces ven en esta barrera para renovar el CGPJ y el TC una estrategia del PP cuyo fin último es mantener a la desesperada su mayoría conservadora. Y, por este mismo motivo, entorpece la aprobación por la vía rápida de la reforma del Código Penal.

Su tramitación exprés mezclando asuntos diferentes, sostienen los populares, vulnera la jurisprudencia del Constitucional y lesiona los derechos de los parlamentarios de la oposición al no haber podido ser debatida convenientemente. El propio PP ha sufrido el castigo del TC por usar un atajo legislativo similar. El Gobierno de Aznar enmendó en 2003 la Ley de Arbitraje para introducir un nuevo delito, el de la convocatoria ilegal de consultas populares vía referéndum. Los senadores socialistas recurrieron al TC y ocho años después les dio la razón por haberse tramitado dicha enmienda sin guardar conexión con la ley que se tramitaba.

El Gobierno juega con esta carta en contra, pero también critica la premura con la que el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, admitió el recurso de amparo del PP. El bloque progresista sólo pudo aplazar la votación amenazando con levantarse de la mesa, lo que imposibilitaba la deliberación puesto que la ley exige la presencia en el plenario de dos tercios de los miembros. Trevijano obligó a los cinco magistrados progresistas a firmar su negativa a participar en el cónclave argumentando que necesitaban más tiempo para estudiar los escritos presentados por PSOE, Unidas Podemos y Vox.

Lo que está claro es que el TC vive en estos momentos su situación más delicada tras 42 años de existencia y después de que 56 magistrados hayan pasado por él. Un tribunal que ha tenido que pronunciarse ante desafíos jurídicos de extrema gravedad como el Plan Ibarretxe, la consulta del 9-N o el ‘procés’, pero también ante circunstancias inéditas como el Estado de Alarma decretado por el Gobierno para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

El lunes, le tocará debatir sobre si suspende un proceso legislativo con carácter previo y si acaba por dinamitar la función principal de un Parlamento, que es la elaboración de leyes. Una decisión sin precedentes que se tomará en el seno de un TC totalmente dividido y con tres de sus miembros bajo mandato caducado y recusados por Podemos. Y, como telón de fondo, la intención del PP de mantener en la cúpula del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional una mayoría que en 2019 perdió en las urnas.