"Queremos ver en el banquillo a los que han dado la orden de no llevar ancianos a los hospitales"

Homicidio por imprudencia, omisión del deber de socorro y contra los derechos fundamentales y las libertades públicas. Son los cargos en los que se basa la Asociación El Defensor del Paciente para denunciar a los Gobiernos de la Comunidad de Madrid, Cataluña y Castilla y León por su decisión de no derivar a hospitales a ancianos durante el pico de la pandemia, así como al Gobierno central por su no actuación al respecto.

“A raíz de lo que se ha conocido en las residencias tuvimos claro que había que actuar”, confiesa Carmen Flores, presidenta de una entidad declarada independiente, creada hace 23 años y que lucha “contra las negligencias médicas y por una Sanidad mejor”. “Contamos con unos 17.000 miembros más una red de abogados que colaboran con nosotros para llevar los casos jurídicos como el que enfrentamos ahora”, añade.

La pelea ante los tribunales no es nueva. “Comenzamos denunciando ante la Fiscalía General del Estado las órdenes de Madrid, Castilla y León y Cataluña, con ese documento escrito donde no se permitía que ni una ambulancia fuera a por un anciano aunque estuviera mal o tuviera una patología”, explica. Sin embargo, su reclamación no surtió efecto inmediato: “Por ejemplo, en Castilla y León nos encontramos con que la Fiscalía Superior avalaba lo que había hecho la Junta”.

Por ello, decidieron ir un paso más allá esta misma semana. “El miércoles presentamos una querella ante el Tribunal Supremo, junto a una serie de pruebas que hemos recopilado en los últimos meses”, detalla.

Denuncia del Defensor del Paciente ante el Tribunal Supremo by El HuffPost on Scribd

También contra el Gobierno

Pero los tres territorios, los más afectados por la pandemia en cuanto a ancianos fallecidos, no son el único blanco de sus protestas. “Igualmente incluimos al Gobierno, representado por el ministro de Sanidad (Salvador Illa), el vicepresidente de Asuntos Sociales (Pablo Iglesias) y el propio presidente (Pedro Sánchez), por tener conocimiento y no actuar”. En el caso de Moncloa, denuncian “sabían lo que estaba pasando, pero no hicieron nada porque, como han señalado, las competencias en materia de residencias están transferidas a las comunidades”.

Aclara Carmen Flores que el Supremo “ahora tiene que admitir de oficio la denuncia”, aunque cuestión diferente es que siga adelante con el proceso judicial. ¿Qué ocurriría si el Alto Tribunal no viera motivos para continuar la investigación? “Que nos plantearíamos recurrir al Constitucional, porque nuestro objetivo, para nosotros y los familiares, es ver en el banquillo a quienes han dado la orden de no llevar ancianos a los hospitales”.

“Nosotros queremos que se condene a esas tres comunidades, de las que tenemos la prueba documentada y hasta reconocida por ellas de que existía tal orden”, prosigue la responsable. Habla solamente de tres porque “no podemos asegurar que no haya ocurrido en más lugares, pero al no conocer documentos similares en las demás autonomías no podemos plantear ningún recurso legal contra ellas”.

Del mismo modo, Flores tampoco se cree los datos oficiales de fallecidos, ni el global ofrecido por Sanidad, ni el referido a las residencias. “En absoluto nos fiamos, pero no disponemos de información más allá de los casos que hemos tratado nosotros, que son pocos comparativamente hablando, unos 500”. Por ello, habla en función de esos balances oficiales. “En Madrid dicen que han muerto unas 7.000 personas mayores en centros, en Cataluña casi 4.000 y en Castilla y León cerca de 3.500. Pero son muchas más”.

No solo por coronavirus

No obstante, “esto no nos ha pillado de sorpresa”, prosigue sin pausa. “No nos imaginábamos la virulencia del coronavirus, pero ante los recortes, la falta de personal, la privatización de residencias... teníamos claro que si venía alguna situación así los ancianos iban a caer como moscas. Piensa que algunos de los centros a los que hemos denunciado por sus condiciones desde hace años pertenecen a grandes multinacionales”.

“De hecho, sabemos que una parte importante de los ancianos no ha muerto de covid, sino de abandono tras un infarto, un ictus...”, añade. Tira de memoria y se muestra contundente al afirmar que “ni perdonamos ni olvidamos esto, porque en 23 años de existencia de la asociación no hemos sufrido tanto como en estos meses oyendo a las familias. ‘Nos decían que estaban bien pero no nos los ponían al teléfono’; ‘hacíamos videollamadas pero no les sacaban’, testimonios así han sido una constante al hablar con hijos y nietos”.

″¿Y cuál ha sido la respuesta de las administraciones?”, se pregunta retóricamente. “Madrid decía que como se iban a morir igual, mejor en la residencia; Castilla y León, que se les dejaba en las residencias por su bien y Cataluña, si bien no se ha expresado en estos términos, también manejaba un documento con idéntico argumentario”, detalla.

El proceso legal se prevé largo y costoso en caso de seguir hasta el final y ya está resultando tortuoso; desde la entidad confiensan haber recibido “presiones”, aunque niegan que las protestas de las administraciones vayan a condicionar sus actos. “Incluso la señora Ayuso amenazó con presentar una querella contra mí, personalmente”, llega a reconocer la responsable de El Defensor del Paciente, que se muestra satisfecha de “no depender de nadie ni tener subvenciones públicas, así que tenemos lo más grande que podemos tener: libertad”.

Su testimonio finaliza con la “promesa” de que van a seguir batallando “para que se haga Justicia, que es lo que merecen las víctimas, que han muerto solas, y sus familiares”.