Qué pasa después del estado de alarma

El 9 de mayo está marcado en los calendarios de muchos españoles, aunque todavía no se sabe muy bien qué pasará ese día, sobre todo porque ni siquiera los gobiernos ni los expertos en Derecho lo tienen claro. Hace tres semanas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el próximo 9 de mayo terminará el estado de alarma, que se ha venido aplicando en España en diferentes maneras y períodos desde el 14 de marzo de 2020, y de forma ininterrumpida desde el 25 de octubre.

Esta figura jurídica, controvertida en un primer momento y cuestionada por la oposición, se ha convertido ahora en un clavo al que se agarran las comunidades autónomas para poder establecer con facilidad medidas restrictivas —desde confinamientos hasta toques de queda— para frenar la pandemia. 

El Gobierno central asegura que las autonomías tienen marcos suficientes para poder hacerlo, pero muchas no están de acuerdo, y experiencias pasadas demuestran que no todos los jueces consideran pertinentes las medidas tomadas, y por ende las tumban, dando lugar a la confusión por parte de los ciudadanos y a la desesperación por parte de los gobernantes.

En el amplio espectro de posturas adoptadas por las comunidades está, de un lado, Euskadi, que con la mayor tasa de incidencia (516 casos por 100.000 habitantes en 14 días) ha defendido con vehemencia la necesidad de una prórroga al estado de alarma; del otro lado, está la Comunidad Valencia, que parte con los mejores datos en esta cuarta ola (44 casos por 100.000), y asegura que tiene “todos los instrumentos al alcance para seguir manteniendo a raya el virus”.

El caso de estas dos regiones es paradigmático no sólo por la diferencia en su situación epidemiológica, sino porque una, el País Vasco, ha visto cómo los tribunales le quitaban la razón cuando decretó el cierre de bares en zonas con peor incidencia, y en cambio la otra, Valencia, constató el verano pasado que había posibilidades de aplicar restricciones sin estado de alarma de por medio. 

El magistrado Ignacio González Vega entiende a ambas partes. “En principio sí es posible que se adopten toques de queda e incluso perimetrajes sin el amparo jurídico del estado de alarma, pero queda al albur de las decisiones judiciales”, señala. 

Del mismo modo, González Vega reconoce que “a veces hay resoluciones judiciales contradictorias”, y por este motivo aboga por una prórroga del estado de alarma actual al considerarlo “el instrumento jurídico más idóneo”.

El principal problema, según el magistrado, es que este instrumento “ha sido muy demonizado por las fuerzas políticas”, y ahora la decisión de mantenerlo (o no) se lee más en clave política. González Vega recuerda, además, que existe la posibilidad de un “estado de alarma a la carta” para que las comunidades puedan solicitarlo en función de su situación epidemiológica. “Esto evitaría el recurso a los jueces y, por otro lado, les dotaría de mayor garantía y seguridad jurídica en las próximas semanas”, recuerda.

José Jonay Ojeda, médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, también ve con buenos ojos esta opción. “Esta cuarta ola está teniendo muchas diferencias entre comunidades, y probablemente podría sustituirse el estado de alarma actual por estados de alarma territoriales”, propone. 

La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), de la que Ojeda es portavoz, todavía no ha adoptado una postura común ante el escenario que se abre el 9 de mayo, pero sí están convencidos de que se necesita “un marco legal más amplio” que el actual, en el que no haya que elegir entre estado de alarma —algo “excepcional”— y la Ley de Salud Pública de 1986, que a juicio de Ojeda ahora se queda “corta”. 

“Es necesaria una iniciativa legislativa para reformar esa ley y darnos una mayor cobertura para esta pandemia y las que previsiblemente están por venir”, afirma el epidemiólogo, que reconoce que ahora, con sólo diez días por delante, “no es el momento” para tramitar esto. 

La pelota está, por tanto, en el tejado de las comunidades, pero es evidente que a estas no les hace gracia la idea de tener que pedir al Gobierno central que ‘intervenga’ en sus territorios, como ocurrió con Madrid en octubre del año pasado. El País Vasco ha insistido en que se apruebe una prórroga de uno o dos meses más del estado de alarma actual, y otras comunidades se han sumado a esta petición, como Castilla y León, cuyo vicepresidente, Francisco Igea, ha rechazado que desde el Ejecutivo “se pase otra vez la pelota” a las autonomías.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado esta opción “absolutamente razonable y sensata, porque no se puede dejar a comunidades autónomas con más de 400 casos por cada cien mil habitantes sin red”. Galicia roza ahora mismo los 100 casos por 100.000 habitantes, pero sabe que la situación puede cambiar rápidamente una vez se permita la movilidad y se alarguen los horarios de actividad.

Sanidad, mientras, sigue en sus trece. Para la ministra Carolina Darias, el estado de alarma “ha funcionado”, pero no se puede mantener “permanentemente”, así que ahora toca “seguir usando todas las herramientas y, si fuese necesario, crear nuevas”, reconoció este jueves en el Congreso. 

Una vez decaiga el estado de alarma, el Consejo Interterritorial de Salud, caracterizado por la cogobernanza entre el Gobierno central y las comunidades, podrá adoptar las medidas necesarias para seguir conteniendo la expansión del virus. Sánchez recordó hace unas semanas que sus decisiones son “de obligado cumplimiento”, aunque el magistrado González Vega no lo tiene tan claro. Como organismo para tomar decisiones consensuadas, el Consejo Interterritorial es “adecuado”, sostiene, pero “el instrumento jurídico más idóneo, o el único idóneo, para llevar a efecto las medidas acordadas es el estado de alarma”, apunta.

“Las comunidades autónomas ahora tratan de buscar instrumentos jurídicos, pero no creo que puedan sortear fácilmente la ratificación judicial”, admite González Vega.

La reacción de las comunidades ante esta situación es muy dispar. La consellera de Sanidad valenciana, Ana Barceló, considera que están ‘cubiertos’ al contar con dos escenarios para poder transitar una vez finalizado el estado de alarma. Por un lado, la ley 2/2021 de 29 de marzo, que establece un marco jurídico sobre las medidas preventivas que permanecen tras el estado de alarma en materia de sanidad y detección precoz, y que lleva aparejado un régimen sancionador. Por otro lado, se puede recurrir a la Ley orgánica de Salud Pública del 86, que regula el marco jurídico para que las comunidades puedan adoptar resoluciones independientemente de si hay o no estado de alarma.

Barceló recalcó este jueves que en el período en el que no hubo estado de alarma, entre junio y octubre del año pasado, la Comunidad Valenciana pudo aplicar toque de queda, limitaciones reuniones de grupos y perimetrajes municipales, siempre “con el respaldo y la seguridad jurídica”.

El Gobierno de Canarias tampoco ve un problema en que acabe el estado de alarma, pues el verano pasado no lo hubo y la situación epidemiológica en las islas estuvo controlada. El Gobierno, eso sí, quiere seguir con las restricciones actuales —toque de queda, controles en puertos y aeropuertos y limitación del número de personas en reuniones—, así que está estudiando cuáles se podrán mantener y cuáles no a partir del 9 de mayo. 

La movilidad entre comunidades es lo que más preocupa a Castilla-La Mancha (con 210 casos por 100.000), que tiene en Madrid a un vecino algo incómodo (390 positivos por 100.000) con unos ciudadanos ávidos por salir de la región. El presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, ha abogado por que las medidas actuales “se pudieran mantener al menos un mes”, y ya ha advertido a la población: “Que nadie piense que el 9 de mayo se acaban las mascarillas, ni probablemente el toque de queda”. “Otras decisiones, incluso el perímetro, nosotros estamos dispuestos a plantearlo”, añadió este jueves. 

Algo más optimista ha sido el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, declarando que “Cantabria quedará abierta” a partir del 9 de mayo. “No sé qué harán otros territorios, pero Cantabria queda desconfinada”, ha dicho. La región está actualmente en riesgo máximo de alerta, con más de 250 casos por 100.000 habitantes en 14 días, y no disimula que mira de reojo la situación de sus vecinos vascos, con más del doble de incidencia que ellos.

Otras comunidades ya han anunciado que estudian un marco normativo por si fuera necesario limitar derechos fundamentales por la evolución de la pandemia, entre ellas Cataluña y la Comunidad de Madrid.

La portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, explicó este miércoles que el Ejecutivo está “estudiando mecanismos para dotarse de un marco normativo en caso de que sea necesario decretar un toque de queda”, un “paraguas legal” que podría ser aplicable también en el caso de restricciones de movilidad. Aunque, claro está, “sin estado de alarma tendrán que pasar por previa ratificación judicial”.

En Andalucía… it’s a bit difficult todo esto. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha considerado “imperdonable” que el Gobierno central no haya puesto sobre la mesa una “alternativa normativa o jurídica” cuando decaiga el estado de alarma. Pero la alternativa que han ideado las autoridades andaluzas tampoco ha surtido efecto.

En un primer momento, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, anunció que se “coordinarían” con la Justicia andaluza, y que el Gobierno regional ya se había citado con representantes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y la Fiscalía Superior para ver qué medidas se pueden tomar o no a partir del 9 de mayo. Enseguida, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, negó esta posibilidad, descartando reuniones previas con el Gobierno andaluz para “aconsejar o consensuar” sobre posibles medidas, que se estudiarán “caso por caso” llegado el momento.

“Por prudencia institucional y por obligación judicial no puedo intervenir en una reunión para consensuar o aconsejar una serie de medidas que luego pueden ser objeto de revisión judicial, estaría mediatizando”, zanjó Lorenzo, que reconoció que el panorama que se abre a partir de la próxima semana es “muy complicado”.

Como hemos señalado anteriormente, está además el caso del País Vasco, que hará “todos los esfuerzos hasta el último momento” para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconsidere su postura y prorrogue el estado de alarma. 

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, insistió este jueves en que no hay vuelta de hoja, y que a partir del 9 de mayo se podrá hacer uso de “los mecanismos habituales que nos ofrece la Constitución”. “El fin del estado de alarma supone que las condiciones que justificaron su aprobación se han modificado sustancialmente”, apuntó Darias.

La incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes se ha estabilizado en torno a los 230 casos, frente a la tasa de 410 (en tendencia ascendente) que tenía el país el 25 de octubre, cuando se decretó este último estado de alarma.

Además, la clave ahora ya no es sólo la incidencia, sino el horizonte en el que nos está situando la vacunación. A día de hoy, son más de 15,3 millones las dosis administradas; 11,2 millones de personas han recibido al menos una (el 23,7% de la población) y casi 4,2 millones ya han completado la pauta. La próxima semana, se espera que España alcance los 5 millones de vacunados con la pauta completa, uno de los grandes hitos que Pedro Sánchez anunció a principios de mes.

El epidemiólogo José Jonay Ojeda admite que la vacunación es un punto a favor con respecto a la situación del verano anterior, pero pide cautela. Además de que la cobertura vacunal todavía es “insuficiente”, hay que sumar la fatiga pandémica de la gente (“vemos que la efectividad de algunas de las medidas está siendo menor por el cansancio de la población”, dice), lo cual tampoco se ve favorecido por los rifirrafes políticos en torno al estado de alarma; por último, está la incertidumbre ante la aparición de nuevas variantes del virus, especialmente la procedente de India. “Estamos viendo efectos positivos de la vacunación, pero hay que ser muy prudentes, porque todavía tenemos mucho por delante”, recalca Ojeda. “Podemos controlar la situación en España, pero si en la India no está controlada, seguiremos en las mismas”.