El incierto viacrucis que le queda al rey Juan Carlos a sus 82 años
La clave de qué le puede pasar al monarca está en si la Fiscalía considera probado que delinquió tras su abdicación.
El futuro del rey Juan Carlos está escrito en francés, pero tiene nombre español: Juan Ignacio Campos, el fiscal del Tribunal Supremo que puede poner contra las cuerdas al anterior jefe del Estado. Su equipo está a la espera de la traducción de los documentos remitidos por la Fiscalía suiza, que también está investigando el papel del monarca en una trama de cobro de comisiones ilegales.
Las dudas sobre el devenir judicial del rey emérito llegan después de que El Confidencial haya publicado este martes el documento que implica directamente a Juan Carlos I en la gestión de la Fundación Lucum, una empresa offshore que, supuestamente, sirvió para esconder cerca de 65 millones de euros procedentes de Arabia Saudí.
El Gobierno, en boca de su portavoz María Jesús Montero, ha reiterado este martes que “la justicia es igual para todos” y que son jueces y fiscales quienes tienen que “dictaminar las consecuencias y las responsabilidades” de quienes se enfrentan a la Justicia. Las consecuencias políticas de una hipotética investigación por parte de un juez al anterior jefe del Estado, así como de una posible condena serían difíciles de calcular.
El terremoto movería los cimientos de la corona como institución. Y alrededor de Juan Carlos I comienzan a esucharse voces que le recomiendan salir de Palacio para evitar contaminar a su hijo, el rey Felipe VI. La casa real descarta, por el momento, que Juan Carlos I vaya a salir de Zarzuela para fijar su residencia en otro lugar. “No hay ningún cambio”, precisan fuentes de la jefatura del Estado.
Los expertos consultados por El HuffPost, no obstante, ven “lógico” que Juan Carlos I se mude para intentar alejarse de los reyes, de viaje por España, en un momento delicado. Así lo ve el periodista y analista José Antonio Zarzalejos. El exdirector del diario monárquico ABC, quien avanzó por primera vez la abdicación del rey emérito, no ve viable que el monarca abandone el país, como él mismo ha recomendado en sus columnas en prensa, ahora que se encuentra sometido a investigación.
“La salida del rey es algo de lo que se habla en los medios, pero que no se contempla por el momento, aunque supongo que el asunto está en la mente de todos en la casa real”, cuenta la periodista especializada en información sobre la monarquía Carmen Enríquez.
La casa real sabe que la presión sube a medida que las pesquisas avanzan y trascienden a la prensa. Por eso, desde que el Supremo guarda documentos con el nombre de Juan Carlos I, se han disparado las informaciones que apuntan a un supuesto traslado del monarca a Santo Domingo. E incluso una mudanza al municipio gallego de Sanxenxo, donde el rey Juan Carlos viaja a menudo.
El seísmo de una investigación firme de un juez también contaminaría, de alguna manera, al resto de poderes del Estado, incluido el propio Ejecutivo. En el plano político, de los actos del rey se responsabiliza el Gobierno al refrendarlos.
La casa real, mientras tanto, sigue resguardándose en el comunicado que emitió el pasado 15 de marzo y en el que anunció que Juan Carlos I dejaría de percibir su asignación anual. También que su hijo, Felipe VI, renuncia a la herencia de su padre, reconociendo, así, el origen cuestionable de la fortuna del anterior jefe del Estado.
Un camino difícil pendiente de la Justicia
La clave de qué le puede pasar a Juan Carlos I ahora está en si la Fiscalía considera probado que el monarca delinquió con posterioridad al día en que se hizo efectiva su abdicación, el 19 de junio de 2014. Si eso ocurre, el incierto viacrucis judicial del rey emérito, de 82 años, no habría hecho más que empezar.
El Ministerio Público no ha tipificado todavía los hechos delictivos que se podrían imputar a Juan Carlos I, pero los que han trascendido en las últimas informaciones apuntarían a delitos de fraude fiscal —desde un año a seis de cárcel— y blanqueo de capitales —desde seis meses a seis años— y multa.
A pesar de su condición de aforado, no existe impedimento legal para investigarle, juzgarle y condenarle por sus hechos tras la abdicación. No así por los actos que realizó durante su reinado, dada la inviolabilidad que la Constitución concede al jefe del Estado.
La Justicia suiza y española sospechan que los 100 millones de dólares (64 millones de euros al cambio de la época) que Juan Carlos I tenía en la cuenta bancaria suiza de la Fundación Lucum, de la que era beneficiario, son una comisión ilegal por la adjudicación a un consorcio empresarial español de las obras del tren de alta velocidad entre Medina y La Meca, el conocido como ‘AVE del desierto’. El asunto trascendió por una grabación del comisario jubilado José Manuel Villarejo a la examiga del monarca Corinna Larsen, quien lo contó sin ambages.
La sospecha del fiscal ginebrino Yves Bertossa, quien investiga a uno de los supuestos testaferros del rey, el gestor Arturo Fasana, es que las empresas españolas abonaron supuestamente una sobrecomisión para pagar la ayuda del rey en la obtención de ese macroproyecto de alta velocidad, adjudicado en 2011 por 6.736 millones de euros.
Las pesquisas que está siguiendo el equipo de Juan Ignacio Campos tienen otra base además de la información facilitada por las autoridades suizas: la documentación acumulada durante dos años por la Fiscalía Anticorrupción. Pero las posibilidades de Campos, experto en delitos económicos próximo a la fiscal general, la exministra socialista de Justicia Dolores Delgado, no terminan ahí. También puede pedir nuevas pruebas, como un estudio pericial contable o nuevas declaraciones de testigos, pero no ir mucho más allá.
La investigación sobre el rey está sin judicializar y su condición de aforado impide a la Fiscalía solicitar registros a las fuerzas de seguridad o incluso intervenir un teléfono móvil. Eso debe hacerlo un juez. Campos tampoco puede adoptar medidas cautelares, como determinar un lugar de residencia para el monarca o impedirle salir del país.
La posibilidad de que Juan Carlos I acuda a declarar ante el fiscal suscita dudas, según fuentes jurídicas, aunque la ley lo permite. La base está en el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que dice que “el fiscal recibirá declaración al sospechoso, quien habrá de estar asistido de letrado y podrá tomar conocimiento del contenido de las diligencias practicadas”.
Por eso, Juan Carlos I puede terminar sentado ante el fiscal para que le informen de la existencia de una investigación que le afecta y de que puede personarse a iniciativa propia y declarar cuanto considere oportuno. Pero es algo poco probable, puesto que el rey Juan Carlos designó al abogado Javier Sánchez-Junco Mans para que le represente y asista. Él es quien debe informar públicamente de todo aquello que afecte al rey y, previsiblemente, quien hable en su nombre.
Para ir más allá es necesario judicializar el caso. El fiscal Campos tendría que articular una querella si encuentra hechos delictivos y elevarla a la Sala de lo Penal del Supremo, que preside el juez Manuel Marchena. En ese momento se abriría una instrucción que permitiría, siempre con la autorización del juez que se hiciera cargo del caso, más pesquisas, incluido sentar al rey emérito ante un magistrado. Actualmente ningún juez español investiga al rey.
La querella que pasaría a la historia de España
En caso de que el Ministerio Público elaborara esa querella, el Supremo nombraría un juez instructor que se encargaría de investigar el caso o de archivarlo por falta de pruebas. Si el magistrado lo considera oportuno, podrá pedir todo tipo de pruebas y escuchar en declaración al rey. En ese momento el exjefe del Estado pasaría a ser formalmente un investigado (antigua denominación de imputado).
Una vez terminara esa fase hipotética de instrucción, el magistrado tendría que decidir entre dar carpetazo al asunto o procesar al monarca y sentarle en el banquillo de los acusados para ser juzgado. Eso sí, el juez instructor ya no podría formar parte del tribunal que le juzgaría, puesto que se considera que ha perdido su imparcialidad.
En septiembre del 2018, ya el entonces juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea acordó, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, el sobreseimiento provisional de la pieza del caso Villarejo en la que se investigaban las grabaciones a Corinna.
La examiga del rey detallaba la supuesta existencia de cuentas en Suiza de Juan Carlos I. Pero para De Egea los indicios fueron “extraordinariamente débiles”. En ese auto, además, se recordaba que este fue rey hasta el 19 de junio del 2014 y, por tanto, en todos sus actos y acciones hasta aquella fecha, en virtud del artículo 56.3 de la Constitución, no está sujeto a responsabilidad.
La diferencia con aquel descarte judicial son los documentos suizos. Gracias a la investigación del fiscal Yves Bertossa, la Justicia española investiga conductas cometidas después de la abdicación de Juan Carlos I, en junio de 2014, relacionadas con el movimiento del dinero y que podrían ser constitutivas de delito.
