Qué es la Ley de Amnistía, un obstáculo para la verdad, la justicia y la reparación

El Gobierno se propone superar la Ley de Amnistía de 1977, aunque sin derogarla. Para ello, PSOE y Unidas Podemos introducirán una enmienda en la Ley de Memoria Democrática, por más que sus socios nacionalistas lo que pedían era que el articulado se borrase para siempre. Pese a todo, se abre una ventana para que se pague por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo más tardío, cuyos ejecutores aún siguen vivos y en paz.

Esta ley que ahora se quiere “superar” buscaba perdonar y pasar página sobre “los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976”. Debía vaciar las cárceles de aquellas personas que habían luchado contra la dictadura pero acabó siendo un escudo protector para los que torturaron, asesinaron e impusieron el terror entre los que no comulgaban con el régimen.

Amnistía Internacional -una de las organizaciones que más ha peleado por su derogación- recuerda que según el derecho internacional, no pueden incluirse en este perdón actos que puedan ser considerados crímenes de derecho internacional, como son la desaparición forzada o la tortura. De eso hubo aún en los últimos años de la dictadura y en los primeros de la democracia retomada.

Desde los diferentes poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) se ha estado bloqueando en democracia cualquier intento de que la legislación española cumpla con estos compromisos internacionales en relación con las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Esta Ley de Amnistía, contraria a las obligaciones internacionales que contrajo España con anterioridad a su entrada en vigor (el 17 de octubre de 1977), “ha sido uno de los argumentos más utilizados por los distintos poderes para denegar el derecho a verdad, justicia y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo”, denuncia Amnistía. Por eso, es también uno de los principales caballos de batalla del movimiento memorialista.

En abril de 1977, España ratificaba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que entre otras cosas señala, que nada se puede oponer al juicio o a la condena de una persona por actos que, en el momento de cometerse, fueran considerados delictivos por el derecho internacional. Meses después entraba en vigor la ley española que ahora se trata de saltar, pero que durante décadas ha inutilizado este principio.

Desde 2013, al menos cinco mecanismos de Naciones Unidas (Grupo de Trabajo sobre Desapariciones forzadas o involuntarias, Comité contra la Tortura, Comité de Derechos Humanos, Comité contra la Desaparición Forzada, Relator Especial sobre Verdad, Justicia y Reparación) han recordado a España que las amnistías, indultos y otras medidas similares que impiden que los autores de graves violaciones de los derechos humanos sean llevados ante los tribunales, son incompatibles con sus obligaciones internacionales.