Procesados 16 guardias civiles por homicidio imprudente en el Tarajal en 2014

La titular del juzgado de instrucción número 6 de Ceuta ha procesado a 16 guardias civiles por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y denegación de auxilio en la frontera del Tarajal en febrero de 2014, cuando murieron quince inmigrantes que intentaban alcanzar a nado la costa.

Después de que la causa, impulsada por varias ONG, fuera archivada y reabierta en dos ocasiones, la jueza María de la Luz Lozano ha dado el último paso antes de la apertura del juicio oral con un auto en el que deja claro que en la instrucción se han hallado “indicios”, que no “pruebas” de los delitos, y reivindica más medios y recursos para la Guardia Civil.

Los hechos ocurrieron el 6 de febrero de 2014, cuando cientos de personas se lanzaron al mar para llegar a España a nado y quince murieron ahogadas en la playa ceutí del Tarajal, mientras los guardias civiles investigados disparaban bolas de goma y botes de humo al mar en el que nadaban para disuadirlos “en defensa de las fronteras españolas”.

Al analizar la acusación de denegación de auxilio, la jueza ve claro que “en el mar había personas migrantes que podían sufrir un mal, incluso la pérdida de la vida, y que debían ser auxiliadas por los agentes investigados, los cuales podían haber intervenido en su auxilio y se abstuvieron de hacerlo sin causa que justifique su omisión”.

Respecto al homicidio por imprudencia, detecta indicios de que la actuación de los agentes puedo contribuir “co-causalmente” a la muerte por ahogamiento de las quince víctimas por una posible falta de proporcionalidad en su actuación.

“Las fronteras han de protegerse, pero sin dejar desprotegidas a las personas”, señala en el auto, al que ha tenido acceso Efe.

Admite la importante labor de protección de las fronteras en un país soberano, pero advierte de que ello no justifica que se recurra a “prácticas incompatibles con los derechos humanos, ni puede dar pábulo a sobreentender, ni remotamente, que las fronteras o espacios entre las mismas son zonas de excepción en relación a los derechos humanos.”

“Porque España es, sin duda alguna, un país grande, una nación con siglos de Historia a sus espaldas, un Estado de Derecho moderno, con una democracia consolidada, ejemplo y modelo de solidaridad en el mundo entero, sus fuerzas de seguridad y del orden están llamadas, como no puede ser de otro modo, y como es sabido, a estar a la altura del país en que desempeñan sus funciones”, añade.

La jueza recalca que los indicios recabados “no prejuzgan la culpabilidad de los agentes”, que deberá dilucidarse en el juicio oral.

En los fundamentos de derecho del auto dedica un extenso apartado a la fronteras y los derechos humanos, que “son universales, o no son tales”.

La jueza sobresee las diligencias por el delito de lesiones, al no haber partes médicos, y también por prevaricación, ya que los agentes “obraron defendiendo las fronteras, en principio, como es su deber”.

“Hubiera concurrido prevaricación en el caso contrario. El problema de esta causa es si debieron defenderlas en el modo en que lo hicieron, si hubo o no exceso de coacción por su parte, si les ampara o no el cumplimiento del deber (...) y si su actuación fue o no proporcionada a las circunstancias”, recuerda.

La parte final de su auto está dedica a reivindicar el trabajo de la Guardia Civil en Ceuta y la necesidad de proteger también los “derechos humanos” de los agentes con protocolos de actuación y recursos materiales, técnicos y humanos que permitan realizar su función con seguridad y respeto a los derechos de los migrantes.

A su juicio, no se puede soslayar que la inmigración ilegal dirigida por organizaciones criminales pone en no pocas ocasiones en peligro la vida e integridad física de los migrantes y que también ha habido episodios violentos de “asaltos violentos y delictivos a las fronteras”.

“Derechos humanos de todos, de las personas inmigrantes, y también de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de este gran país que es España”, concluye.