La década perdida de la Sanidad española: las políticas de austeridad han puesto en riesgo el derecho a la salud

Todos aplauden a los sanitarios, todos confían en esos ángeles con batas blancas. A los que se agarran los pacientes cuando llegan a una UCI en estos tiempos de pandemia. Las personas que salvan las vidas. Pero eso debe ir acompañado de inversión. Y España ha vivido una década perdida desde 2009. La crisis económica se llevó parte de los presupuestos públicos… y la recuperación económica de los últimos años no ha supuesto volver a la inversión anterior en Sanidad.

Así lo recoge un informe de Amnistía Internacional publicado este miércoles. Alto y claro: “el derecho a la salud está en riesgo en España”. Las políticas de austeridad “han provocado un deterioro de la accesibilidad, asequibilidad y calidad de la asistencia sanitaria y han generado mucho sufrimiento, especialmente en las personas de rentas más bajas, y dentro de este grupo, en las personas con enfermedades crónicas, aquellas con discapacidad, las que reciben tratamiento de salud mental y las personas mayores”.

Amnistía retrata la situación de esta “década perdida” (entre 2009 y 2018). A pesar de que, según el documento, España ha incrementado su PIB en un 8,6% en este período, no se ha incrementado el gasto sanitario público. “Todo lo contrario, se ha visto reducido en un 11,21%, frente al gasto sanitario privado, que se ha incrementado en un 16,28%). 

Otro titular para reflexionar: la inversión sanitaria pública por habitante se ha reducido en un 10,5%. Por comunidades, sólo Baleares recupera la inversión sanitaria pública de 2009 y las que se encuentran más alejadas de alcanzar ese objetivo son Castilla La Mancha, Asturias, La Rioja, Galicia y Cataluña.

Hay que mirar para dentro y compararse también con nuestros vecinos. El estudio de Amnistía Internacional, refleja que el porcentaje que representa el gasto sanitario respecto del PIB se ha reducido, pasando del 8,98% de 2009 al 8,87% en 2017. Una cifra mucho más baja que las de Alemania (11,25% del PIB), Francia (11,3%), Suecia (11%), Austria (10,4%), Bélgica (10,3%) y Países Bajos (10,10%).

De “alarmante” califica otro dato Amnistía Internacional: el Estado (la competencia está en las autonomías) se gastó en cada persona 147 euros menos que hace una década. En España la media está en 2.221,11 euros, situándose así en una posición intermedia en Europa. Los países a la cabeza son Suecia (5.206 euros), Dinamarca (5.134 euros), Luxemburgo (5.082 euros) y Alemania (4.459 euros). 

Ninguna comunidad, especifica el informe, ha recuperado el gasto sanitario público por habitante respecto a 2009. Castilla La Mancha es la que menos ha invertido en 2018 con referencia a 2009 (un 16,4% menos), seguida de Andalucía (con una diferencia del 13,59%) y de Canarias (con un 13,3%). Las que tienen una diferencia menor de inversión entre 2018 y 2009 son Castilla y León -con un 0,36% menos- y Cantabria -con un 2,27% menos-.

La atención primaria, “una de las áreas más perjudicadas”

La organización se detiene especialmente en la atención primaria, sobre la que se pone hoy el foco para la detección precoz y principal muralla contra el coronavirus. “Ha sido una de las áreas más perjudicadas”, sostiene AI, que refleja: se ha reducido en un 13,10% de media en las comunidades autónomas en la última década y ha pasado a suponer tan solo el 13,8% del total del gasto sanitario público en 2018 frente al ya escaso 14,3% de 2009. Aragón y Cataluña son las comunidades que más han reducido su inversión en atención primaria, en tanto que sólo Murcia ha incrementado su porcentaje en un 6,92% desde 2009.

El ratio de personal médico y de enfermería en atención primaria por cada mil habitantes es prácticamente el mismo que en 2009, recoge Amnistía, que precisa: “La de personal médico ha pasado de 0,74 en 2009 a 0,77 en 2018, sólo se ha aumentado en 0,03 puntos”. Por comunidades, las que lo han reducido “levemente” han sido Baleares y Madrid.

En esa ratio, mirando a la UE, España sólo está por encima de países como Eslovenia, Polonia, Letonia, Hungría, Grecia y Bulgaria. Los espejos deberían ser Portugal (2,6), Irlanda (1,82), Países Bajos (1,61), Austria (1,56) y Francia (1,42).

Por todo ello, Amnistía Internacional señala que “los últimos años han constituido un retroceso en la financiación al Sistema Público de Salud”. “Ahora, más que nunca, es necesario asegurar que el Sistema Nacional de Salud cuente con los recursos adecuados y sea capaz de responder al desafío actual y futuro. Los planes para recuperarse de esta crisis no pueden basarse una vez más en medidas de austeridad introducidas sin las salvaguardias adecuadas y el debido respeto de los derechos humanos. Al contrario, España debe adoptar una estrategia de refuerzo del Sistema Nacional de Salud y debe construirla desde el respecto a los derechos humanos y la garantía de protección de todas las personas”, resume el informe al calor de los datos.

Y mira al futuro pidiendo esto a las autoridades sanitarias españolas:

- Dar prioridad al aumento de las asignaciones presupuestarias para el Sistema Nacional de Salud para, como mínimo, devolver lo antes posible el gasto total y per cápita en salud a los niveles existentes antes de la imposición de las medidas de austeridad e incrementar la inversión de manera progresiva, en términos constantes.

- Llevar a cabo una evaluación del impacto en los derechos humanos antes de que se aplique cualquier futura medida destinada a mejorar la rentabilidad y la eficacia de los sistemas de salud autonómicos, y garantizar la adecuada participación y consulta de los grupos afectados respecto a la forma en que tales medidas se desarrollan y aplican.

- Dar cumplimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y priorizar en la asignación de recursos la inversión en la atención primaria, reforzando así su capacidad de asistencia, a través de la contratación de más recursos humanos y medios materiales.

- Garantizar una auténtica consulta y participación del sector profesional sanitario y de la población afectada para tener en cuenta sus propuestas en el diseño de la estrategia de refuerzo del Sistema Nacional de Salud.

- Reforzar los mecanismos de rendición de cuentas ante potenciales medidas de restricción de gasto sanitario que puedan tener impacto en los derechos humanos.

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