¿Por qué hay que mantener el Estado autonómico?

Por Teresa Martínez Díaz, profesora de Constitución española, Universidad Nebrija:

La unidad de la nación y la descentralización territorial del poder, plasmada en el Estado de las autonomías, son dos pilares sobre los que se asienta la Constitución española de 1978.

Nuestro modelo de descentralización política no responde al federalismo clásico emanado de la Constitución norteamericana de 1787, sino que es un modelo original creado por la Constitución española de 1931 como respuesta a una serie de condicionantes históricos y políticos.

La fórmula flexible de la II República consistía en un sistema que permitía la autonomía política en determinadas partes del territorio, siempre dentro del “Estado integral”. En la España republicana sólo se aprobaron Estatutos de Autonomía para Cataluña, País Vasco y Galicia, territorios en los que habían surgido a lo largo del siglo XIX fuerzas nacionalistas que demandaban el autogobierno.

La Constitución de 1978 se inspira en la de 1931 en cuanto a la organización territorial del Estado y reconoce el derecho a la autonomía de las regiones (artículo 2), pero abre la puerta mediante un principio dispositivo a extender dicha autonomía a todas “las Comunidades Autónomas que se constituyan” (artículo 137).

El texto constitucional, por consiguiente, no obligaba a que todas las provincias se organizaran en autonomías, pero lo cierto es que, en un plazo de apenas tres años, todo el territorio nacional siguió el camino de las conocidas como “comunidades históricas”. Es evidente, por tanto, que la opción de la descentralización se debió a la necesidad de integrar las pulsiones nacionalistas.

Cabe destacar que España es el segundo país del mundo con más autoridad política en manos de sus gobiernos regionales (solo nos adelantaría Alemania según el Índice de Autoridad Regional elaborado por la Universidad de Oxford) y que nuestro modelo autonómico ha resultado en buena medida adecuado y favorable a la convivencia entre los distintos territorios que conforman el país, al menos hasta hace dos años.

Si bien en un principio el Estado de las autonomías supuso que todos los territorios recibieran dinero y poder, tras la última crisis económica comenzó a mostrar sus deficiencias y, frente al relativo consenso entre los ciudadanos acerca de la idoneidad de las autonomías, fue creciendo la presencia de los que sostienen que, desde el punto de vista económico, el Estado de las autonomías, como modelo de administración territorial, suspendería por su elevado coste económico.

No obstante, según el CIS el 41% de los españoles defiende el Estado autonómico tal como está, frente a un 16% que prefiere eliminarlo. El apoyo al actual Estado autonómico ha crecido paulatinamente en los últimos años. Mientras que en 2013 se situaba en un 31%, ha crecido hasta situarse por encima del 40% en 2019. El porcentaje de los que prefieren un Estado sin autonomías se ha ido mermando desde un 23% hace seis años al 16% de 2019.

Pero el verdadero talón de Aquiles de la organización territorial de España está en la deliberada indefinición de su redacción en la Constitución: desde la difícilmente explicable distinción entre “nacionalidades y regiones”, hasta el complejo procedimiento de reparto competencial. El Título VIII es un absoluto enredo que deja abierta la cuestión de la organización territorial.

Esta ambigüedad propició una práctica habitual de los partidos en el Gobierno: cuando no contaban con la mayoría necesaria, recurrían al apoyo parlamentario de partidos nacionalistas pasando por el correspondiente peaje y dando lugar a una bomba de relojería que terminó explotando en 2017 y cuya onda expansiva es todavía de consecuencias incalculables.

La transformación del modelo de organización territorial del Estado, ya sea para convertirnos formalmente en un Estado federal o para volver a ser un Estado centralizado, requeriría un acuerdo de gran alcance entre el Partido Popular y el Partido Socialista (escenario inimaginable a día de hoy) sin el cual no sería posible la necesaria reforma constitucional.

En el caso de optar por la fórmula federal, habría que sumar a la cuestión territorial el debate sobre la forma de Estado, pues siendo España un país de larga tradición monárquica, no está claro desde el punto de vista teórico que sea de fácil encaje constitucional una monarquía federal.

Además, estaría por ver que el federalismo aportase una solución al conflicto territorial si tenemos en cuenta que este modelo difiere muy poco del autonómico con el que el país se vertebra en la actualidad.

Respecto a la posible supresión de las autonomías, esta posibilidad es, en la actualidad, muy improbable porque, aunque el Estado autonómico cuente cada vez con mayor número de detractores y se le puedan hacer numerosas críticas, a estas alturas sería muy difícil dar marcha atrás.

Si bien desde el punto de vista de la eficiencia económica, un Estado centralizado resultaría más ventajoso, en nuestro actual contexto político es absolutamente inviable, además de por la falta del consenso necesario para la reforma constitucional, porque no sería políticamente sostenible con regiones gobernadas por partidos nacionalistas a los que no solo ya no les satisface contar con un amplísimo nivel de autonomía política, sino que además pugnan contra el Estado por conseguir su independencia llegando para ello incluso a vulnerar la Ley.

Por tanto, la opción de la supresión de las autonomías no parece ni viable ni sensata. Quedémonos pues con la opción posibilista: la de mantener el sistema autonómico, pero racionalizándolo, aclarando el desorden competencial, evitando duplicidades en la gestión y aumentando la coordinación entre las administraciones estatal y autonómica.

Convirtámoslo en una estructura eficiente que perfeccione nuestra gobernanza territorial, contribuya a la cohesión y solidaridad entre los distintos territorios, y que su finalidad no sea el poder de los partidos políticos sino la atención y el servicio a los ciudadanos.