Por qué España ha cambiado de opinión sobre el Sáhara Occidental y por qué lo ha hecho ahora

Contraviniendo el posicionamiento histórico de España, las bases fijadas por el derecho internacional y hasta el propio programa electoral socialista, el Gobierno de Pedro Sánchez explicitó el pasado viernes un giro inesperado en su política sobre el Sáhara Occidental, al defender el plan de autonomía de Marruecos, el ocupante, como el más “serio, realista y creíble” para acabar con el conflicto.

La sorpresa fue importante, porque hasta ahora se había defendido el referéndum de autodeterminación fijado por Naciones Unidas como la única salida válida. Los saharauis se sienten traicionados tras décadas de cercanía a España -que no deja de ser la potencia administradora formal del Sáhara Occidental, como metrópoli dominante que fue-. Argelia, vecino enfrentado a Rabat y con importantes contratos energéticos con Madrid, dice que no fue informada del cambio. Además, sentado en La Moncloa hay un partido como Unidas Podemos, socio del PSOE, que directamente habla de “incoherencia” de su presidente por el viraje, alejado de la postura clásica de la izquierda.

El qué, el cómo y el cuándo de los nuevos aires siguen generando preguntas una semana más tarde, porque desde el Ejecutivo se han dado explicaciones sucintas. En El HuffPost hemos consultado a diplomáticos, empresarios y militares con amplia experiencia en el Magreb y juntos llegan a algunas conclusiones comunes: Sánchez ha dado el giro para recomponer las relaciones con Rabat, necesitado de cerrar ese frente tras casi un año de crisis, y lo ha hecho por el interés nacional pero también impulsado por otras potencias y con la guerra de Ucrania como condicionante de fondo. El precio han sido los saharauis.

La carta inesperada y las explicaciones

El viernes 18 de marzo, los medios de Marruecos comenzaron a publicar extractos de una carta enviada por Sánchez al rey Mohamed VI, en la que el español le confirmaba que se posicionaba a favor de Marruecos y su plan de autonomía sobre el Sáhara Occidental. Hasta ahora, España había mostrado una posición neutral, aferrada a las resoluciones de la ONU sobre el último territorio sin descolonizar en el continente africano.

El conflicto lleva más de 46 años en liza, tras la marcha de España de la zona y la entrada de Marruecos. Desde el 13 de noviembre de 2020, hay de nuevo guerra abierta declarada, tras la violación del alto al fuego de Marruecos en el área de Guerguerat, un paso inviolable para los ejércitos de las partes enfrentadas.

El diario El País publicó días más tarde, el 23 de marzo, la versión íntegra de la carta de Sánchez, que incendió a sus colegas de Gobierno, a Argelia y a los saharauis. No obstante, sí obtuvo el visto bueno de Bruselas: “La Unión Europea saluda todos los desarrollos positivos de las relaciones bilaterales entre los Estados miembros y Marruecos”, anunció Nabila Massarali, la portavoz de Exteriores del Ejecutivo comunitario. Para el club de los Veintisiete, la postura del Gobierno español es beneficiosa para “la implementación del partenariado euromarroquí”.

El presidente Sánchez, tras unos días de criticado silencio, defendió su postura yendo directamente a Ceuta, que es junto con Melilla una de las protagonistas del cambio español, pues el Gobierno defiende que, con su nueva postura, se garantiza la estabilidad de las dos ciudades autónomas. Argumentó el socialista que su paso al frente supone el fortalecimiento de las relaciones con el reino alauita en cuestiones como la “seguridad, el control migratorio y los sólidos vínculos con Marruecos”.

Su ministro de Exteriores, José Manuel Albares, subrayó en el Congreso que así se habían acabado las tensiones entre ambos países, iniciadas en mayo pasado cuando se supo que Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, había sido ingresado en España para curarse de coronavirus, acto que llevó a Rabat a abrir la frontera con Ceuta y dejar pasar a al menos 9.000 personas. Eso ahora queda atrás y el propio Albares viajará hasta Marruecos el 1 de abril; allí se reunirá con su homólogo marroquí, Naser Burita, para consolidar “la normalización completa” de las relaciones.

El conflicto en el Sáhara Occidental lleva enquistado desde 1975, cuando las autoridades españolas, entonces potencia colonial, decidieron entregar la soberanía del Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania, dejando al pueblo saharaui sin posibilidad de formar su propio Estado independiente. El 5 de agosto de 1979, Mauritania renunció también a su parte de soberanía en el llamado Acuerdo de Argel, y el reino alauita pasó a controlar todo el territorio.

Desde entonces, la situación de los civiles apenas ha cambiado por el fracaso de la mediación internacional liderada por la ONU en la búsqueda de una solución acordada que defienda la autodeterminación de ese pueblo y por la ocupación marroquí en las zonas pobladas, que ha obligado a miles de saharauis a desplazarse hasta el desierto de Argelia, donde viven en campamentos de refugiados.

Desde la cesión de la soberanía, la posición de España se mantuvo en la “neutralidad activa”. Hasta ahora: el cambio del Ejecutivo así los constata. La nueva posición de Madrid no cambia nada en la naturaleza jurídica del conflicto ni de sus posibles soluciones, eso sí. De acuerdo con las resoluciones de la ONU, el Sáhara Occidental es un Territorio No Autónomo -“territorio cuyo pueblo no ha alcanzado todavía la plenitud del Gobierno propio”- y ese estatus solamente puede cambiar cuando “el pueblo de la colonia o el territorio no autónomo haya ejercido su derecho de libre determinación de conformidad con la Carta y, en particular, con sus propósitos y principios”.

Una sentencia del Tribunal de la Unión Europea declaró el 29 de septiembre de 2021 que el Frente Polisario es el representante legítimo del pueblo saharaui y que cualquier decisión que afecte al mismo tiene que ser consultado con él. O sea, por mucho que diga cualquier otra nación, sin ellos no hay solución.

No se ha llegado antes a una salida por la blandura de los posicionamientos de la ONU y la falta de avances de su misión en la zona, la MINURSO, desplegada desde 1991, y así estamos. Pero en 2020 se produjo un cambio sustancial: Estados Unidos, con Donald Trump en la Casa Blanca, reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Fue la primera gran potencia en desestimar la legislación internacional y avalar a Marruecos, en contrapartida por la normalización de relaciones entre el reino alauita e Israel, enmarcada en esa corriente de nueva amistad de Tel Aviv con el mundo árabe que tanto arrincona a los palestinos.

El nuevo presidente de EEUU, Joe Biden, lejos de dar marcha atrás a esta decisión, la ha legitimando y mantenido, lo que está generando movimientos de presión internacionales para que otros países le sigan la senda. España se acaba de sumar.

El PSOE lo llevaba en su programa electoral de las elecciones generales de 2019:

“Promoveremos la solución del conflicto de Sáhara Occidental a través del cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, que garantizan el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Para ello, trabajaremos para alcanzar una solución del conflicto que sea justa, definitiva, mutuamente aceptable y respetuosa con el principio de autodeterminación del pueblo saharaui, así como para fomentar la supervisión de los derechos humanos en la región, favoreciendo el diálogo entre Marruecos y el Frente Polisario, con la participación de Mauritania y Argelia, socios claves de España, que el enviado de la ONU para el Sahara Occidental está propiciando”.

¿Por qué entonces, sin avisar a sus socios de Gobierno ni a sus aliados en el Magreb, como Argelia, se pronuncia en una línea diferente? “Había que pasar página tras la crisis diplomática que estalló en 2021. Nunca antes se había tenido una separación tan intensa y prolongada con un vecino al que necesitamos estratégicamente. Era fundamental”, sostiene un diplomático con más de una década de experiencia en la zona.

Recuerda que la inicial retirada cruzada de embajadores se acabó “alargando” y eso ha “bloqueado y ralentizado numerosos procesos esenciales para la vida diaria de los marroquíes y de los españoles”, desde la Operación Paso del Estrecho al normal funcionamiento de los transbordadores en el Estrecho de Gibraltar, pasando por el comercio fronterizo.

La crisis ya le había costado el cargo a la anterior ministra de Exteriores, Arancha González Laya, pero su cabeza no fue suficiente. España vende que ahora mejorará la cooperación en materia de inmigración y seguridad. “Ha habido una actitud más relajada por parte de Rabat en estos meses. Eso supone una amenaza constante a la estabilidad de la frontera española y la sur de Europa, no lo olvidemos”, añade. ¿Pero es una cesión? ¿Qué saca España de esto? “Intentar recomponer relaciones desde la diplomacia nunca es ceder. Es entenderse. España gana tranquilidad y se la da a Europa, en un contexto complejo”, defiende.

Coincide con un analista económico vinculado al ICEX en Marruecos desde hace años. “Ha tenido que haber impulso desde Europa, sobre todo desde Francia -que también fue colonia y es promarroquí-, para calmar el frente, en un momento en el que hay demasiado en juego en el este, en Ucrania. Sin duda, eso se ha sumado a la nueva postura de EEUU sobre el Sáhara y denota un cambio de tendencia en Occidente”, dice. Aún así, la sorpresa persiste, precisamente por la responsabilidad añadida que tiene España en el conflicto, como potencia colonial que se fue. Una referencia.

“Tanto la OTAN como la UE, en algunas ocasiones, han manifestado la conveniencia de no tener varios frentes abiertos al mismo tiempo, de rebajar tensiones regionales ante una crisis mayor. Esta crisis bilateral era una de las que se podían cerrar”, añade. Hubo una visita de la subsecretaria de Estado estadounidense una semana antes de la carta de Sánchez a Madrid, Rabat y Argel y “seguramente, así que ahí puede haber una clave, un refuerzo de la imagen internacional de España”, recuerda esta fuente.

Alemania ya había hecho lo propio en febrero, restableciendo a su embajador en Rabat. Marruecos había suspendido los contactos con Berlín después de las críticas alemanas a la decisión estadounidense de reconocer la soberanía de Marruecos sobre Sáhara Occidental, justamente. Sin embargo, el nuevo Gobierno de Olaf Scholz comenzó a enviar señales a Mohamed VI en diciembre pasado, para mejorar el estado de sus relaciones.

“La presión sobre España desde Marruecos también ha sido muy fuerte y nadie quiere otro mayo, otro Ceuta. Hubo un nuevo salto de la valla bastante numeroso en Melilla hace sólo unos días. Y llegaban menos informaciones sobre pateras, cuando viene ahora una nueva temporada de buen clima y subirán los intentos de cruzar, y también se había resentido la comunicación sobre narcotraficantes o yihadismo... Había que atajarlo”. ¿Esta era la vía correcta, con los saharauis de por medio? “Hay quien lo llama realpolitik, creo”, zanja.

Aunque Argelia sostiene que no sabía nada y ha llamado a su embajador en señal de enfado, tanto el economista como el diplomático lo ven como una reacción normal en quien no puede ni ver a Marruecos. “Posiblemente” Argel no lo supiera todo, tuviera “apenas un apunte”, y el escozor es lógico, cuando se acababa de convertir en un socio esencial de España en materia gasística. No pasará de ahí, auguran. Con la crisis de Ucrania, ahora ha dejado de ser el primer suministrador de España, le ha adelantado EEUU, y hoy aporta entre el 23 y el 25% del gas, no el 40, como la media del año pasado.

“No van a cerrar ese grifo, porque incumplir un contrato no es sencillo ni barato y porque, con la necesidad que tiene Europa, es momento de hacer negocio. Otra cosa es que refuerce eso que ha llamado “respuesta global” como reacción y prime en futuros pasos a Italia, por ejemplo”, sostienen. Tampoco se puede descartar que suba la temperatura, ya bien alta, entre Marruecos y Argelia.

Ceuta y Melilla están también en el centro. Se habla de garantizar su seguridad y su soberanía. La pregunta es cuán real era el riesgo que ahora arrastraban como para que se luzca como un logro de la nueva etapa de relaciones con Rabat. Fuentes consultadas en el Tercio Duque de Alba 2º de La Legión en Ceuta sostienen que “un escenario de mayor volatilidad con el vecino siempre supone un riesgo añadido” en dos enclaves sobre los que Marruecos no ha dejado de reclamar el poder, junto a las islas y peñones de España en la costa africana (Islas Chafarinas, Peñón de Vélez de la Gomera e Isla de Alhucemas, con sus dos islotes). Sánchez no ha dicho nada de que en esta nueva etapa vaya a llegar esta renuncia.

“Los problemas estructurales de estabilidad en Marruecos y Argelia” son siempre un riesgo para las ciudades autónomas, que sumados a las reivindicaciones territoriales que hace Mohamed VI y a la perenne “presión de la  inmigración irregular” puede acabar generando incidentes en la zona.

España nunca ha admitido la existencia de una controversia, ni la negociación sobre la misma con Marruecos, lo que no quita para que esta reclamación esté siempre presente en las relaciones hispano-marroquíes, directa o indirectamente. Pero Rabat sí insiste. Los militares hablan de la llamada zona gris, un espacio en el que forzar las relaciones entre dos Estados para de ese modo alterar el statu quo. Sin contienda, pero con suficiente presión como para desestabilizar, con herramientas de la tan citada últimamente guerra híbrida. “Marruecos pide sin prisas, pero pide. Hay que estar vigilantes”, remarcan. Como afirma Arturo Pérez-Reverte en un tuit viralizado estos días, “Marruecos tiene una de las diplomacias más pacientes y eficaces del mundo árabe”.

Lo que quiere Marruecos

El plan de autonomía para el Sáhara Occidental presentado por Marruecos data de 2007, cuando lo planteó ante las Naciones Unidas. Una estrategia defiende la cesión de algunas competencias a los saharauis, pero en el marco de un Estado robustamente centralista como es el marroquí.

De acuerdo con el texto, “la región autónoma del Sáhara”, una suerte de provincia, tendría competencias en los cauces jurídicos, administrativos y judiciales así como en el aspecto económico, tributario y socio-cultural. Sin embargo, en lo referido a la moneda, la religión, la Defensa, los asuntos exteriores o la bandera, la competencia recaería únicamente en el gobierno de Marruecos. Además, contarían con un gobierno y un presidente investido por el rey Mohamed VI y elegido antes por el Parlamento de ese país.

En 2001, la ONU ya planteó la opción de una autonomía fuerte para los saharauis pero bajo la soberanía marroquí. Pero no fue hasta 2006 cuando el rey Mohamed VI formalizó la creación del Consejo Real Consultivo para los Asuntos del Sáhara (CORCAS), cuando este plan de autonomía se gestó y se presentó, un año más tarde, ante las Naciones Unidas.

Ese plan es ahora el que España defiende como el más “serio, realista y creíble” para la resolución ordenada del conflicto. El que no quiere Unidas Podemos, ni sus socios de investidura ni los saharauis.