Podemos y Compromís piden la publicación de bienes inscritos por la Iglesia
El listado incluiría 30.000 propiedades, entre las que se encuentra la Mezquita de Córdoba.
El pasado lunes, Compromís y Unidas Podemos instaron al Gobierno a hacer haga público el listado de los bienes inmatriculados (inscritos por primera vez en el Registro de la Propiedad), por la Iglesia Católica.
Según ha confirmado EL PAÍS, el Colegio de Registradores de la Propiedad entregó al Gobierno hace un año el informe definitivo, que incluye 30.000 propiedades. Sin embargo, estos datos todavía no se han enviado al Congreso de los Diputados, quien lo solicitó en 2017 tras una proposición no de ley del PSOE cuando estaba en la oposición.
El Gobierno aseguraba entonces que disponía del listado, compuesto por “decenas de miles de cementerios, plazas públicas, ermitas municipales, iglesias, casas, locales comerciales e incluso frontones”, pero a día de hoy argumenta que el listado continúa “en elaboración”.
Desde Unidas Podemos, se ha solicitado la información asegurando que “sería el primer paso para revertir la apropiación de los mismos”. “Debe quedar claro que el posible uso litúrgico no condiciona en absoluto la propiedad, que muchos de estos bienes han sido construidos y restaurados con dinero público o del pueblo y que sobre la inmensa mayoría de los mismos pesa la responsabilidad pública de su tutela cultural y patrimonial”, subrayaron las mismas fuentes, que agradecieron el trabajo realizado a la Coordinadora Recuperando, que lleva años pidiendo que se conozca qué bienes inmatriculó la Iglesia para identificar los casos en los que esa propiedad es pública.
El senador de Compromís, Carles Mulet, por su parte ha asegurado: “Llevamos muchos años intentando conseguir información sobre las inmatriculaciones hechas por la Iglesia, por eso el Gobierno tendrá que dar explicaciones de por qué ha retenido este informe durante un año (...) “Ahora que conocemos más detalles, se tendrán que asumir las responsabilidades y dejar de mirar hacia otro lado; por eso todas las inmatriculaciones que estén hechas de manera irregular tendrán que ser devueltas a sus legítimos propietarios y se deberán facilitar los mecanismos administrativos para agilizar ese proceso”, ha concluido.
El Ministerio de Justicia asegura que aún está corrigiendo errores y ultimando un informe jurídico sobre las posibles actuaciones que puede llevar a cabo.
