Pablo Iglesias, sobre que los bancos paguen el impuesto de las hipotecas: "Está bien pero no basta"
El líder de Podemos le pide al Gobierno que obligue a devolver el dinero a las familias.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que cambiará la ley para que sea la banca y no el cliente el que deba pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) en la firma de una hipoteca, pese a la decisión adoptada en la víspera por el Tribunal Supremo.
En rueda de prensa, Sánchez ha explicado que esta modificación, motivada para "que nunca más los españoles paguen este impuesto", se realizará a través de un real decreto ley, que aprobará mañana el Consejo de Ministros y que deberá contar posteriormente con el visto bueno del resto de grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados.
Esta mañana el presidente del Ejecutivo se ha reunido en el Palacio de la Moncloa con su vicepresidenta, Carmen Calvo, y los ministros Nadia Calviño, María Jesús Montero y José Luis Ábalos para analizar el criterio del alto tribunal, que ayer dio marcha atrás y ratificó la doctrina vigente hasta el pasado 16 de octubre que carga al cliente con un impuesto que, para una hipoteca media, supone un coste de alrededor 1.500 millones de euros.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha llamado a los ciudadanos a salir a la calle el sábado a protestar tras la "humillación" que supone la decisión del Supremo en una entrevista en la Cadena Ser. Tras conocer la medida que ha anunciado el presidente del Gobierno, Iglesias ha asegurado, vía redes sociales, que "está bien pero no basta".
Iglesias ha recordado en esa entrevista que fue la movilización la que hizo que los pensionistas lograran actualizar las pensiones con el IPC o que saliera adelante la moción de censura y ahora defiende que "los españoles tienen que "volver a salir a la calle para defender su democracia".
Ha criticado además que el TS resolviera archivar "en tiempo récord" la querella presentada por Podemos contra el presidente de la Sala Tercera, Luis Díez-Picazo, en la que reclamaban el registro de llamadas del magistrado para comprobar si recibió presiones de los banqueros que motivaron su decisión de convocar el pleno.
