Pablo González: una acusación de espía, 8 meses preso en Polonia y cero transparencia

La llegada de las primeras informaciones sobre el estallido de la guerra en Ucrania coincidieron en el tiempo con una noticia que causó cierta perplejidad y estupor en España. Pablo González, un periodista español que estaba cubriendo el conflicto y la crisis de refugiados, había sido detenido en Polonia, cerca de la frontera con Ucrania, y acusado posteriormente por la Fiscalía polaca de ser un espía ruso. 

Lo que parecía en un principio una trama descabellada se cubrió enseguida de misterio y hasta de morbo, ante la realidad de que, efectivamente, González tenía doble nacionalidad y doble nombre en el registro. Hijo de padre ruso y nieto de un español exiliado como ‘niño de Rusia’ durante la Guerra Civil, Pablo González nació en Moscú en 1982 bajo el nombre de Pavel Rubtsov. Todo legal y registrado, según asegura su abogado.

La confusión de los primeros días cedió a la angustia, al conocerse que el periodista permanecería al menos tres meses en prisión provisional en Polonia, según habían determinado las autoridades. Y luego otros tres meses, y luego otros tres, y así se han cumplido ocho meses desde que González fue detenido. En este tiempo, no se ha conocido ninguna prueba que avale la acusación. Él ha denunciado que Polonia está “violando sus derechos humanos”. Y su familia, su defensa y los expertos que siguen el caso están inquietos. 

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, llamó a principios de octubre a su homólogo polaco y le pidió que el periodista “tenga un juicio público lo antes posible”, según dijo Albares en el Senado. Sin embargo, ese juicio no llega. Y mientras, González se encuentra prácticamente incomunicado y en dudosas condiciones en la cárcel de Radom. 

Aislado como “prisionero peligroso”

Con su familia sólo puede comunicarse por cartas –que son revisadas, leídas y traducidas por los responsables de la prisión–, y esto hace que no haya podido oír la voz de sus tres hijos en ocho meses, según denunció él mismo en un escrito remitido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en el que argumentaba que Polonia estaba violando varios artículos de la Convención de Derechos Humanos. González denunciaba que se le había catalogado “injustamente” como “prisionero peligroso”, de modo que el aislamiento es mucho mayor: esposas continuamente, vigilancia constante de la celda y el baño, sólo una hora de patio al día, mala ventilación, sin contacto con otros internos.  

“Lo sorprendente es que a nadie parezca preocuparle”, lamenta Gonzalo Boye, abogado de Pablo González designado por su familia. “La opacidad de las autoridades polacas, la lentitud del procedimiento y, sobre todo, el hecho de que sabemos que los cargos son infundados”, enumera Boye. El abogado hace esta afirmación sobre la base de que, según señala, no se han puesto aún sobre la mesa pruebas, datos o “documentos que permitan criminalizar” a González, cuando esto sucede “en cualquier procedimiento mínimamente relevante”, dice.

“No hay un documento que no podamos explicar”, incide Boye, en referencia a la doble identidad de su defendido o a los ingresos esporádicos que recibía de medios como laSexta, Público y Gara, además de una mensualidad de 350 euros procedente de Rusia. Boye explica que el padre de Pablo González, que vive en Rusia, hace este ingreso “a cada uno de sus hijos”, es decir, al periodista y “a su hermana, que vive en Australia”. El padre “posee unas propiedades que tiene alquiladas en Moscú, y ayuda a sus dos hijos por igual de forma mensual”, comenta. “Creo que en España no es difícil de comprender esto”, apostilla el abogado. 

A Boye en ningún momento le han pedido pruebas de esto, pero ha ido “rescatando” estas cuestiones de “diversos comunicados de prensa de la Fiscalía polaca”. “Las preguntas que se siguen haciendo son prácticamente de patio de colegio: ¿que este señor tiene dos identidades? Claro, si me lo preguntas el primer día te paso la copia de los dos pasaportes; los dos son legales y las autoridades españolas los conocían. ¿Que habla ruso? Claro, nació allí, tiene a su padre allí, pero igual que habla castellano, y euskera, y catalán e inglés, eso no es constitutivo de delito. ¿Que cobraba pequeñas cantidades de distintas empresas? Claro, en eso consiste ser freelance”, plantea. 

“Nos enfrentamos al muro del Estado polaco”

Pablo González tiene desde hace tiempo otro abogado en Polonia, Bartosz Rogala; además, Boye cuenta que ha formado “otro equipo jurídico” en Polonia “para tratar de acelerar el caso”. “Creemos que hay mucho trabajo por hacer”, reconoce el español.

Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras (RSF), tampoco ha dejado de trabajar en el caso. “Hemos contactado con el Ministerio de Justicia en Polonia, con la Fiscalía, con el ombudsman, con el defensor del pueblo, con la secretaría para los derechos humanos, con el abogado polaco…”, enumera. “Hemos llamado a todas las puertas posibles, pero las respuestas o no las hay, o son muy frías, pronunciamientos escurridizos”, abunda. 

Reporteros Sin Fronteras se está centrando en “denunciar las condiciones de encarcelamiento y la violación de sus derechos fundamentales como preso”, explica Rodríguez Cachera. Pablo González “sigue careciendo de visitas, está inmerso en una burocracia totalmente kafkiana cada vez que las solicita, sólo tiene acceso a correo postal, sólo tiene acceso a visitas esporádicas del cónsul”, critica la vicepresidenta de RSF, que admite la complejidad de cualquier mínima gestión para intentar mejorar esta situación: “Nos enfrentamos al muro del Estado polaco”. 

“Hay una opacidad tremenda”

Rodríguez Cachera denuncia la falta de “respuestas claras” y, sobre todo, la ausencia de pruebas: “No tenemos ninguna prueba, ni la Fiscalía ha aportado ninguna, ni la Fiscalía es transparente”, remacha. “Es una opacidad tremenda contra la que cuesta mucho luchar”, dice. “Se necesita de una vez por todas saber por qué se le acusa. Es el mínimo derecho a la defensa, junto con la presunción de inocencia –insiste la vicepresidenta de RSF–; sus derechos están siendo violados flagrantemente”. 

También en ese sentido el caso de Pablo González es particular, apunta Boye. “Lo normal sería que los polacos tuvieran que probar su culpabilidad, pero aquí se ha invertido la carga. Aquí vamos a tener que probar nosotros su inocencia”, afirma.

Por las visitas que le ha hecho el cónsul en prisión –a quien Boye y la familia agradecen el trato “humano”–, se sabe que Pablo González ha adelgazado mucho, pero está “firme y convencido de poder probar su inocencia”, asegura su abogado español. 

¿Hasta cuándo?

Preocupa, por otro lado, que la prisión preventiva pueda prolongarse sin límite aparente. Según señalaba Público hace unas semanas citando a la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos, en Polonia existen casos de personas que han estado hasta ocho años en prisión preventiva por las continuas prórrogas –en ese caso, 29– avaladas por los tribunales polacos. No hay un límite claro en la legislación polaca, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de países de la Unión Europea. 

Tanto Gonzalo Boye como Edith Rodríguez Cachera confían en que las condiciones que vive y sufre Pablo González puedan cambiar “pronto”, empezando por levantar las trabas a las visitas familiares y del abogado español, y que “este calvario no se alargue sine die”, pide Rodríguez Cachera.

“Las circunstancias en las que se encuentra Pablo son intolerables, el comportamiento del Estado es intolerable, hay un boicot constante de sus derechos fundamentales, y esto no se corresponde con una democracia plena”, denuncia la vicepresidenta de RSF. “Es bastante alucinante que un país de la UE tenga preso a un periodista miembro de otro país de la UE con esta falta de transparencia”, zanja.