El diabólico plan para aniquilar a la izquierda en Latinoamérica

En América Latina, el verbo ‘desaparecer’ se utiliza también como transitivo, en el sentido de ‘hacer desaparecer’. Por ejemplo, en la frase “desaparecieron a su hermano”, escribe la RAE en un ataque de elocuencia.  

Flor Hernández Zazpe y Laura Elgueta no necesitan que la Real Academia Española las ilustre en esto: a sus hermanos Juan Humberto Hernández Zazpe y Luis Enrique Elgueta los desaparecieron. A Aurora Meloni le sobran también los ejemplos; las mismas fuerzas que desaparecieron a Zazpe y a Elgueta aniquilaron a su marido, Daniel Banfi, aunque ella sí consiguió ver su cadáver. 

A Lilián Celiberti no lograron desaparecerla, pero casi. 

“El verdadero miedo es el que se siente cuando esa sesión de tortura termina y vos sabés que va a comenzar la otra, o que no comienza nada y vos estás esperando, paralizada por esa sensación, tal vez la más terrible que se pueda sentir. En ese momento lo que más te duele es la humillación que significa estar ahí, aullando, con el cuerpo embadurnado de mierda y saltando sin poder controlarte, saltando sin que tu voluntad pueda impedirlo. El objetivo de la tortura es ése: denigrarte como persona, que tu cuerpo, tu voluntad, pierdan el control y te sientas un montón de carne, huesos, mierda y dolor y miedo”, describe Celiberti en el libro Mi habitación, mi celda. Ella tuvo suerte porque ‘sólo’ la torturaron y la tuvieron presa durante siete años. 

Todas las víctimas que aparecen en esta historia cometieron el mismo ‘delito’: pertenecer a grupos de izquierda que luchaban contra la dictadura impuesta en su país de origen o, en su defecto, ser familia de miembros de esos grupos que formaban la resistencia, principalmente en Argentina, en Chile —de donde proceden Zazpe y Elgueta— y en Uruguay —de donde son Meloni y Celiberti—, aunque prácticamente en todo el Cono Sur. 

Allí se inventó el concepto detenido desaparecido; había que llamar de alguna manera al fenómeno que instauraron las dictaduras militares en los 70 y los 80 para combatir a sus opositores. 

“A mediados de 1975, el General Augusto Pinochet y su servicio de seguridad, DINA, tuvieron a Chile bajo control. Más de 2.000 personas habían sido ejecutadas por los militares. Los cuerpos ya no aparecían en las calles y canales; los militares ahora operaban centros de tortura secretos en los cuales ‘desaparecieron’ cientos de víctimas más”, escribe el periodista John Dinges, autor del libro Operación Cóndor: Una década de terrorismo internacional en el Cono Sur, en una recopilación de testimonios de la época realizada por el Museo de la Memoria chileno. 

“Mi hermano es un detenido desaparecido”, repite la chilena Laura Elgueta en una entrevista con El HuffPost cuando se le pregunta qué ocurrió con Luis Enrique Elgueta. “Él llegó a Argentina con su mujer, Clarita Fernández, el 1 de julio del 76. 26 días después, lo fueron a buscar a su casa y lo secuestraron. A él, a Clarita y a la hermana de Clarita, que vivía allí”, cuenta.

“Hemos buscado infatigablemente durante años, pero nunca jamás supimos de él. Ni siquiera cuando volvieron las democracias”, lamenta Elgueta. “En el año 76 hay grandes hoyos negros, porque hubo una matanza muy generalizada y quedaron pocos testigos”, dice. Luis Enrique tenía 23 años, estudiaba en el conservatorio, era militante de izquierdas, acababa de casarse y tenía una hija.

La familia Elgueta formaba parte de los más de 100.000 chilenos que se habían exiliado tras el golpe de Estado de Pinochet de 1973. Casi al mismo tiempo, en Brasil, Uruguay, Bolivia y Paraguay se fueron estableciendo gobiernos militares de derecha, con lo que Argentina se convirtió en el destino más propicio para los que no comulgaban con dictadores y/o militares autoritarios. Poco después, en 1976, en Argentina se produjo un golpe de Estado. Y entonces el terror se multiplicó y trasmutó en terrorismo de Estado coordinado entre los países y asesorado por la CIA estadounidense. Se convirtió en la Operación Cóndor. 

“Los líderes de estos países estaban convencidos de que la amenaza de los marxistas y sus aliados democráticos era internacional. Se vieron a sí mismos en el Cono Sur como ‘el último bastión de la civilización cristiana’. Hablaban de una ‘Tercera Guerra Mundial’ que exigía una total y coordinada respuesta a través de las fronteras”, explica el periodista John Dinges. “Así nació a finales de noviembre de 1975 en una reunión en la Academia de Guerra en Santiago lo que los militares reunidos llamaron el Sistema Cóndor”, relata.

“El operativo ‘Cóndor’ integraba una red de perfecta coordinación criminal entre los servicios de inteligencia, policiales y otros cuerpos represores de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú y Bolivia en el Cono Sur con tentáculos que se extendían fuera de Latinoamérica para delinquir en Estados Unidos, Italia, Francia y España”, apunta el juez Baltasar Garzón en el libro Operación Cóndor, 40 años después. “El objeto del Operativo Cóndor fue secuestrar, asesinar y hacer desaparecer a los opositores políticos de las mencionadas dictaduras”, resume.

Se desconoce la cantidad exacta de personas que murieron por este siniestro plan. Existe un listado oficial de 377 víctimas mortales, que corresponden a casos en los que se ha probado una coordinación entre países. Pero esta lista está incompleta, reconoce Baltasar Garzón en su libro.

Argentina calcula que sólo entre sus fronteras hay 30.000 desaparecidos por la represión instaurada por las Juntas Militares entre 1976 y 1983, y a la dictadura de Pinochet se le atribuyen 5.000 muertes y desapariciones forzadas y 500.000 casos de tortura. Fue el propio Garzón quien ordenó la detención del dictador chileno en 1998 en Londres.

El factor diferenciador de este operativo era la coordinación extremadamente efectiva entre países para perseguir a los disidentes sin importar las fronteras. Lo consiguieron a través de un sistema innovador de telecomunicación conocido como télex, y con la colaboración de Estados Unidos. Por eso a Juan Humberto Hernández Zazpe, a Luis Enrique Elgueta y a Daniel Banfi los desaparecieron en Argentina, pese a que eran de origen chileno y uruguayo, respectivamente; y por eso a la uruguaya Lilián Celiberti la capturaron en Brasil. 

La propia Laura Elgueta fue consciente de esta coordinación represora cuando, un año después de la desaparición de su hermano, allanaron su domicilio en Buenos Aires, la secuestraron junto a una de sus cuñadas y fueron sometidas a un proceso de interrogatorios y tortura por parte de agentes chilenos y argentinos. 

“Pensaban que seguíamos de alguna manera apoyando la resistencia chilena, pero yo tenía 18 años y estaba bastante desvinculada del mundo político en ese entonces”, comenta Elgueta. “No había nada que nosotras supiéramos. Y sucedió el milagro de que nos dejaron vivas”, recuerda ahora, 44 años después de aquel secuestro.

Inmediatamente después, su familia huyó a México. Allí denunciaron lo ocurrido ante organismos internacionales, pero “no pasó nada”. Elgueta tampoco buscaba reconocimiento; “a mí lo que me interesaba era mi hermano”, dice. 

Flor Hernández Zazpe ha vivido, y sigue viviendo, esa misma sensación. “¿Que cuándo nos dimos cuenta de que Juan no iba a volver? Nunca”, responde cuando se le pregunta por su hermano. “Hemos estado toda la vida buscándole. No hemos descansado, ni mis hermanos ni yo. Mi vida ha sido eso”, cuenta.

Juan Humberto Hernández Zazpe, el segundo en una casa de 12 hermanos, tenía 23 años cuando en abril de 1976 fue detenido en Mendoza (Argentina), donde se había refugiado después de meses de persecución en Chile por pertenecer a las Juventudes Socialistas.

“Cuando mi hermano estaba en Mendoza, la DINA [Dirección de Inteligencia Nacional, la policía secreta de Pinochet] allanó nuestro domicilio varias veces. Venían buscando a Juan, porque decían que él estaba en Argentina trabajando contra el Gobierno de Pinochet”, recuerda Flor.

Juan estaba muy unido a su familia y quería regresar a Chile para celebrar el aniversario de boda de sus padres, en marzo. “En mi casa todo se celebraba”, cuenta Flor; pero ella, que mantenía mucho contacto con su hermano pese a la distancia, le pidió por teléfono: “Juan, no vengas porque la DINA te anda buscando”. 

Esa fue la última vez que habló con él. Luego se enteraron de que Juan había sido detenido en Mendoza el 3 de abril de 1976 junto a dos compañeros, sólo dos días antes de que ACNUR le concediera un permiso de asilo político. 

A través de un primo que era arzobispo de Santa Fe, la familia supo que Juan fue “tomado por la Policía argentina y entregado al Ejército chileno”, y que lo tenían en el campo de concentración de Villa Grimaldi, en Peñalolén, uno de los mayores centros de detención y tortura de la dictadura chilena.

“De ahí nunca más supimos de él”, explica la hermana. “Nosotros presentamos un recurso de amparo, un recurso de gracia, testimoniamos, me llamaron a declarar en oficinas del Ejército para las investigaciones… En el año 83, cuando surgieron las protestas en Chile y empezó a moverse todo, el Juan apareció en un listado de exiliados que podían volver a Chile”, cuenta Flor. 

Pero eso nunca ocurrió. “Juan es un detenido desaparecido, hasta el día de hoy”, zanja Flor. “Mi mamá falleció hace 8 años con la pena de no saber qué fue de su hijo”, lamenta. El padre, que ya estaba enfermo cuando detuvieron a Juan, murió cuatro meses después de que se llevaran a su hijo. 

Aurora Meloni sí sabe qué fue de su marido Daniel Banfi, de hecho vio con sus propios ojos su cuerpo calcinado, pero todavía no se explica por qué lo asesinaron aquella noche del 29 de octubre de 1974 en San Antonio de Areco, a 160 kilómetros de Buenos Aires.

Un mes y medio antes, un operativo supuestamente policial formado por uruguayos y argentinos lo había sacado de su casa de Buenos Aires, en la que vivía con Aurora y con sus dos hijas, de dos y tres años, sin dar explicaciones. Como en las historias anteriores, la familia Banfi-Meloni, de origen uruguayo, se había refugiado en Argentina dos años atrás a raíz de la represión que se vivía en Uruguay. Argentina parecía entonces un lugar seguro, pero fue ahí donde la Operación Cóndor desplegó con más amplitud sus alas.

“La angustia, el desconcierto y el miedo fue lo último que pude leer en los ojos de Daniel. No sabíamos que era la última vez que nos veíamos”, cuenta Aurora. “A la mañana siguiente empecé a buscar a Daniel. Me encontré sola y sin saber qué hacer. Aún no conocíamos el largo y difícil camino de buscar personas desaparecidas”.

En poco más de un mes, Aurora Meloni visitó una decena de comisarías, se entrevistó con decenas de autoridades, denunció ante la prensa la desaparición de su marido… y fue por la prensa por la que se enteró a finales de octubre de que en una localidad cercana “habían encontrado tres cadáveres, de sexo masculino, de edad entre 20 y 30 años, cubiertos de cal viva”.  

Aurora se dirigió rápidamente hasta el lugar y, después de varios interrogatorios “bruscos”, le dejaron ver los restos encontrados. “Dijeron que les habían cortado las manos para identificarlos, estaban mutilados y consumidos por la cal viva”, describe. 

Ella se desmayó. Un amigo sacerdote que la había acompañado hasta allí identificó el cadáver de Daniel. Después de otro violento interrogatorio, los dejaron ir. “Volvimos, vacíos, a Buenos Aires”, cuenta. “Regresé a mi casa a buscar a las chiquitas”.  

En el certificado de defunción que le entregaron las autoridades argentinas se lee que la causa de la muerte es “homicidio, shock hemorrágico provocado por múltiples impactos de bala”. “Los responsables, naturalmente, resultan desconocidos”, dice. 

El 2 de noviembre, Aurora enterró a Daniel. Justo una semana después, salió de Argentina junto con sus dos hijas gracias a un permiso de la ONU que acreditaba que eran refugiadas políticas. “Hay páginas que no se cierran nunca. Y esta es una de ellas”, recuerda la mujer, 47 años después de que mataran a su marido.

La historia de Lilián Celiberti es distinta a las anteriores, aunque su cautiverio lo orquestaron los mismos. Celiberti, maestra y militante de izquierdas en Uruguay, fue capturada por la dictadura en 1972, con sólo 21 años, y liberada dos años más tarde, con la condición de que tenía que salir de Uruguay y de Latinoamérica. Por sus raíces italianas, pudo huir hasta Milán, donde se acercó al movimiento feminista y se vinculó al Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).

Su compromiso en contra de la dictadura uruguaya y el ver cómo estaban desapareciendo sus compañeros la llevaron a actuar. “En el año 76 se desata una represión muy fuerte en la que muchos uruguayos desaparecen en Argentina”, relata. “Entonces empezó a generarse una campaña en contra de la desaparición forzada. En ese momento no hablábamos de Plan Cóndor, porque no teníamos esos detalles, pero sí hablábamos de una ‘coordinación represiva’”, explica.

Como parte de esa campaña por los desaparecidos, Lilián adoptó una “misión” que no era otra que “tomar contacto e informar a los periodistas” de lo que estaba ocurriendo. Para ello viajó a Brasil en 1977 junto con otro militante, Universindo Rodríguez, y se instalaron en Porto Alegre, cerca de la frontera con Uruguay, donde solían encontrarse con otros compañeros uruguayos. 

Un domingo de noviembre de 1978, los capturan. Allanan la casa donde estaban Universindo, Lilián y sus dos hijos, de 8 y 3 años. “Nos detienen a todos y nos llevan para Uruguay en una operación conjunta de la Policía política brasileña y los militares uruguayos”, recuerda Lilián.

En ese preciso momento, la mujer comienza a urdir una estratagema que después les salvaría la vida. Lilián Celiberti convence a sus captores de que en su casa de Porto Alegre va a celebrarse una reunión importante, donde podrán detener a más militantes, así que consigue que lleven a Universindo y a los niños a Montevideo mientras ella se queda en Porto Alegre con los militares.

Mientras tanto, Celiberti tiene la posibilidad de hacer una llamada telefónica a París y de pasar un mensaje en clave para pedir a sus compañeros que envíen a la prensa a su casa al día siguiente a las cinco. Los policías, engañados, creen que la mujer sólo está acordando la hora del encuentro con el resto de militantes. Pero sus compañeros captan el mensaje, y al día siguiente mandan a la prensa brasileña a la casa donde Lilián sigue secuestrada por el operativo.

Lilián consigue así que no la maten. “Al ser los periodistas testigos, se hace una gran campaña de prensa, que fue muy importante básicamente para mantener nuestra vida y nuestra seguridad”, explica. “La prensa sirvió para que no nos torturaran más y no nos hicieran desaparecer”, reflexiona ahora la uruguaya, 43 años después de aquel secuestro.

Su periplo, no obstante, no había hecho más que empezar. Celiberti estuvo presa desde entonces, 1978, hasta finales de 1983, cuando la dictadura uruguaya comenzaba a caer. Mientras tanto, su madre se ocupó de los niños.

“En noviembre del 84 hubo elecciones, y en marzo del 85 salieron todos los presos de las cárceles uruguayas, con el primer gobierno de recuperación democrática”, cuenta Lilián. Quienes no salieron de las cárceles fueron “todos los compañeros desaparecidos”, la mayoría de los cuales fueron aniquilados en 1976.

“En eso consisten las dictaduras, en matar; y la desaparición forzada es una táctica de miedo hacia la población. Si te organizás, si pensás diferentes, si hacés algo contra la dictadura, lo que te puede pasar es esto: desaparecer”, reflexiona la uruguaya.

Para Laura Elgueta, la chilena que perdió a su hermano en Buenos Aires, hay un detalle especialmente perturbador dentro de toda esta pesadilla. “El Cóndor ha dado evidencias de algo que yo encuentro tremendamente siniestro, y es que la eliminación era bastante más rápida de lo que nosotros pensábamos”, dice. “Los tomaban, los torturaban, estaban allí máximo dos meses y después se deshacían de ellos. En general, si es que no morían en las torturas, los mataban a los dos o tres meses”, exclama.  

“Nosotros, como familiares, estuvimos los primeros años convencidos de que estaban vivos y que los iban a soltar en algún minuto, con todo el trauma que eso significó para las familias”, reconoce Elgueta. “Ahí hay un elemento que a mi juicio no ha sido lo suficientemente abordado, y es el daño perenne que ha supuesto para los familiares de las víctimas vivir esta realidad. Creo que nadie, ningún familiar de desaparecido, pensaba al cabo de un año que estaban muertos. Creíamos que estaban vivos. Y eso es angustioso”. Esa “agonía” se prolonga hasta el día de hoy. 

En estas más de cuatro décadas, a ninguna de las víctimas ni familiares de víctimas contactados para este reportaje se les ha pedido perdón. “Nunca, nadie”, repiten las cuatro. “Todo lo contrario. Aquí en Chile no se arrepienten. ‘Los muertos bien muertos están’ y ‘Ojalá hubieran matado a todos los comunistas’, dicen”, comenta Flor Hernández Zazpe. 

A Lilián Celiberti le pagaron una indemnización por una sentencia en la que se responsabiliza al Estado uruguayo de su secuestro. Pero, sin duda, para ella no se ha hecho justicia. “No, claro que no. No se hizo, y fue deliberadamente. Los Gobiernos democráticos pactaron de alguna manera con los militares la no investigación. De hecho, uno de los secuestradores luego fue docente de la escuela militar, hasta que se jubiló”, señala. 

El excoronel Eduardo Ferro, uno de los secuestradores y torturadores de Celiberti, fue detenido el 27 de enero de 2021 en España, acusado de violaciones de derechos humanos durante la dictadura uruguaya y de ser uno de los principales impulsores de la Operación Cóndor en América Latina.

Precisamente la decisión de un juez español, Baltasar Garzón, de ordenar en 1998 la detención de Pinochet en Londres fue lo que animó a Aurora Meloni a presentar una denuncia ante la justicia de Italia, donde reside desde hace años. Si Uruguay no podía juzgar a los culpables del asesinato de su marido, podrían hacerlo otros países.

A Meloni se sumaron varios familiares de víctimas que también tenían la nacionalidad italiana y, en julio de 2019, Italia condenó a cadena perpetua a 24 militares, policías y altos mandos acusados por su participación en la Operación Cóndor. “Pero el Proceso de Roma aún no terminó”, advierte Meloni. “Se condenó a todos los acusados por homicidio agravado, pero falta todavía la sentencia definitiva de la Corte de Casación prevista para el próximo 24 de junio a causa de la pandemia”, explica.

Flor Hernández Zazpe también sigue en juicio para tratar de resolver la muerte de su hermano. “Todavía no ha habido una condena firme por su desaparición”, afirma. En 2018 la Justicia chilena condenó a 20 agentes de la DINA a penas de entre 5 y 17 años, en una sentencia en la que se reconocía la desaparición de Juan Hernández Zazpe y de otros once chilenos. “Los culpables están en la cárcel, pero los militares recurrieron la sentencia y ahora estamos pendientes de que el Tribunal Supremo se pronuncie”, aclara la hermana.

Hablar de justicia, en cualquier caso, le parece irónico. “Como decía mi madre: ‘Nadie me va a devolver a mi hijo’”, señala Flor. “Tampoco hemos recibido indemnización de ningún tipo, aunque ahora eso da igual. Nosotros lo que queríamos era que salieran y dijeran dónde estaba mi hermano, qué pasó con él, qué le hicieron, dónde lo tiraron. Mi madre murió resignada por eso”.

Laura Elgueta considera que su caso es “bastante afortunado”. Después de haber sido secuestrada, reconoció por casualidad a uno de sus secuestradores, el chileno Enrique Arancibia Clavel, que además estaba siendo investigado en Argentina por el asesinato del general chileno Carlos Prats.

“Fui a declarar a ese juicio y, a partir de esa declaración, se empezó otro juicio por mi secuestro”, cuenta Elgueta. “Y hubo una condena”.

El caso de su hermano fue incluido en el juicio emblemático que se llevó a cabo en Argentina por la Operación Cóndor, que culminó el 27 de mayo de 2016 con 15 condenas de entre 8 y 25 años de prisión. “Entonces fuimos a declarar a Argentina y se dictó sentencia y se reconoció de manera oficial, y legal, la existencia del Plan Cóndor”, celebra Elgueta. 

La ‘fortuna’ es esa, el reconocimiento. Pero la herida de los familiares sigue abierta. “No sabemos dónde están, ni dónde los mataron, ni dónde dejaron sus restos”, recuerda Elgueta. “No podemos decir que haya habido justicia porque no se ha sabido el destino de las víctimas, porque las familias seguimos teniendo la herida abierta y porque, además, son métodos represivos que nadie garantiza que no se vuelvan a utilizar”.