“Nos tiramos 6 meses casi de brazos cruzados”. Así se vivió el 155 en el Diplocat

Prohibido hacer nada: ni llamadas ni enviar correos. El rótulo identificativo en la puerta, retirado. De vez en cuando, la visita de algún Guardia Civil o de algún enviado judicial. Por delante, seis meses prácticamente de brazos cruzados. Así se vivió la aplicación del artículo 155 en el Diplocat, un consorcio público-privado creado en 2012 para reforzar la imagen y las relaciones exteriores de Cataluña. Hace justo un año, el ahora expresidente Mariano Rajoy anunció su disolución entre las medidas de intervención de la Generalitat de Cataluña.

"Nos tuvieron a casi 20 personas calentando la silla durante seis meses", así recuerda este periodo Martí Estruch, ex director de comunicación de la entidad, en el aniversario de la intervención de la autonomía que implicó el cese del president Carles Puigdemont, de su Govern y de la mayoría de las delegaciones exteriores de la Generalitat.

Hasta 259 cargos de la Generalitat fueron cesados con el 155. El reguero de despidos afectó a consellers pero también a secretarios generales, directores, asesores, delegados exteriores, miembros de gabinete, trabajadores técnicos de distinto tipo, asesores de comunicación, adjuntos a cargos directivos... Durante este tiempo se suprimieron 24 organismos, se intervinieron 16 más, se paralizaron un centenar de iniciativas normativas y se suspendieron o retrasaron hasta 21 líneas de subvención, según el recuento hecho por los trabajadores públicos de la Generalitat.

En 40 años desde la aprobación de la Constitución no se había recurrido a este mecanismo, que se aprobó en el Senado con los votos del PP, PSOE, Ciudadanos y Coalición Canaria. El plan inicial era que la intervención durara poco –se convocaron elecciones autonómicas para dos meses después– pero las dificultades para formar Govern en Cataluña alargaron la intervención de la Generalitat hasta casi 7 meses.

Para muchos trabajadores públicos, fue un periodo negro en el que aumentó la burocracia y se dejaron proyectos a medias. El Síndic de Greuges (el defensor del pueblo catalán), los letrados del Parlament y el Consejo de Garantías Estatutarias tildaron de "abusiva" su aplicación, aunque para el Ejecutivo de Rajoy fue una "intervención discreta" en la que trataron de no alterar el día a día de los organismos.

Los trabajadores de la Generalitat consultados describen una situación que variaba en función de la Consellería. En algunas se notó sobremanera la intervención, en otras pasó más desapercibida. La Consellería de Economía fue una de las más perjudicadas, principalmente por la intervención de las cuentas decretada por Hacienda días antes incluso del referéndum del 1-O. "Se tenían que enviar facturas a Madrid hasta por respirar", explica un trabajador de esa Consellería sobre ese periodo. "Fue un agobio y se nos amontonaban los papeles".

El caso del Diplocat fue uno de los más peculiares. A pesar de que en el consorcio hay muchos otros miembros –desde varios Ayuntamientos hasta patronales o sindicatos, pasando por el Barça o universidades catalanas– Rajoy lo fijó como uno de sus principales objetivos debido a su vinculación con las delegaciones exteriores de la Generalitat, las conocidas como embajadas de Cataluña. El mismo 27 de octubre, con la aplicación del 155, ordenó su disolución en un periodo de seis meses.

El lunes después de la DUI

El lunes después de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) en el Parlament y de la aprobación del 155 en el Senado, todos los trabajadores del Diplocat acudieron a sus oficinas. A principios de esa semana fue cesado su Secretario General, Albert Royo, y el resto de trabajadores se quedaron sin saber qué hacer. "Cuando vimos que la actitud era de aceptar el 155, algunos incluso preguntaron si debían venir a trabajar", recuerda Estruch. Hubo un día de esa semana en el que incluso nadie se presentó a sus puestos, ya que nadie les indicaba qué debían hacer. Fue entonces cuando sus abogados les recomendaron acudir cada día a su trabajo hasta que se disolviera la organización.

"La instrucción era no hacer nada", cuenta este extrabajador, que añade que sí dedicaron algo de tiempo a confeccionar la memoria anual hasta octubre y a facilitar a la comisión liquidadora la información y documentación que iba requiriendo. "Cada uno pasaba el tiempo como podía", rememora. La actividad del organismo, antes de su disolución, estaba centrada en organizar jornadas académicas, conseguir la publicación de artículos sobre Cataluña en la prensa internacional y ofrecer becas para estudiar en el exterior. El presupuesto de 2017 del Diplocat era de 2,3 millones, de los que 805.000 euros estaban destinados a salarios.

14 trabajadores y dos becarios estuvieron durante seis meses acudiendo a un puesto sin función asignada, cobrando su sueldo completo y preparándose para un despido que llegaría al cabo de seis meses. Dos de esos 14 trabajadores, uno francés y otro alemán, optaron por volver a sus países. El resto observaba como, durante la campaña electoral, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se jactaba de haber dejado el Diplocat "en liquidación". Estruch recuerda que el día que Santamaría se retiró de la política se acordaron de ella en el grupo de Whatsapp que mantienen en el Diplocat. "Se mofaba de una situación que nosotros estábamos sufriendo", sostiene, "nos ofendió pero la gente trató de no darle mucha importancia".

Entre los trabajadores que se quedaron en el Diplocat había la esperanza de que se pudiera formar un nuevo Govern antes del 27 de abril, fecha fijada para su disolución, y así conservar los puestos de trabajo. El Govern de Torra, sin embargo, llegó 20 días tarde y se encontró con el Diplocat disuelto mediante un ERE que muchos trabajadores se negaron a aceptar por discrepancias con la oferta económica presentada. El nuevo Govern ha prometido reabrirlo y ha transmitido a sus antiguos trabajadores que sigue contando con ellos.