Multinacionales y nacionalismo catalán: una combinación peligrosa para la economía

Cataluña es sede de importantes empresas multinacionales que gestionan desde allí el negocio para toda España y, en muchos casos, parte de su operativa europea e incluso mundial. Estas empresas generan empleo directo de alta cualificación, así como otros muchos empleos indirectos, y tienen un peso importante en la economía de Cataluña, especialmente en el entorno de Barcelona. Sólo las 10 mayores generan unos 30.000 puestos de trabajo.

Barcelona aunaba hasta ahora condiciones favorables para atraer inversiones de multinacionales: un coste de personal relativamente contenido en comparación con otros países de Europa Central (entendido como la combinación de salarios y fiscalidad); empleo local con un alto nivel de cualificación, así como la capacidad de atraer talento de toda España y del resto del mundo (especialmente de Europa); estabilidad social y política; y las ventajas administrativas y legales de la pertenencía a la Unión Europa para acceder a su mercado.

Una potencial independencia destruiría gran parte del atractivo que las trajo aquí, más aún si la independencia se llevase a cabo de manera conflictiva y sin acuerdo con la Unión Europea y con el resto de España, como apunta la vía unilateral.

El discurso independentista comete, a mi entender, varios errores en el análisis del impacto de una potencial separación de España para estas empresas. El mayor es considerarlas 'economía catalana', junto con el resto de empresas que operan en Cataluña. Estas multinacionales son de capital extranjero, sus centros de decisiones últimos están fuera de nuestras fronteras, y son sólo 'economía catalana' en tanto en cuanto tienen sedes, empleados y generan riqueza en territorio catalán. Sin embargo, no pertenecen a Cataluña, ni su situación actual es inamovible. Las empresas multinacionales, como cualquier otra entidad con ánimo de lucro, antepondrán sus propios beneficios a consideraciones de tipo patriótico o político.

En un escenario de independencia unilateral, y tal y como ha venido reiterando la propia UE, Cataluña quedaría fuera de la Unión y del Euro. Esto llevaría a perder el paraguas de la legislación comunitaria, así como el acceso libre a sus mercados (incluyendo el laboral), y añadiría la volatilidad y los costes asociados a operar en una moneda distinta al euro. Adicionalmente, es posible que las empresas se viesen inmersas en una potencial batalla entre dos administraciones por la tributación y los pagos de la seguridad social de sus trabajadores, que podría ser muy costosa para ellas. Por último, sufrirían una gran incertidumbre durante el proceso de transición a la nueva estructura económica y fiscal.

Este nuevo marco económico de 'nueva República', está muy lejos de estar claro y consensuado, tanto para los trabajadores como para las sociedades. Entre las fuerzas independentistas tenemos propuestas tan diversas como divergentes. La CUP promulga la nacionalización de la banca y los sectores estratégicos, así como el control de capitales, en un programa cuyo objetivo último es desmontar el sistema capitalista. Sin embargo, el programa de Junts Pel Sí, el que sentaba las bases de lo que se supone seria el programa económico conjunto de la 'nueva Republica', incluía una serie de propuestas económicas que más parecía un listado de deseos que unas medidas concretas. Prometía empleo de calidad, una fiscalidad más eficiente y con más recursos. A la vez, se proponía reducir los impuestos sobre el trabajo y los autónomos, aunque sin aportar ninguna cifra concreta pero contando con los famosos 16.000 millones de supuesta deuda fiscal con España, cuyo calculo esta mas que sesgado para el pasado y que no puede asegurarse su existencia en el futuro, pues la propia independencia cambiaría por completo la estructura económica y fiscal.

También apostaba por la armonización del impuesto de sociedades en Europa para acabar con los paraísos fiscales; una propuesta necesaria, en mi opinión, pero del todo imposible en la práctica si se gobierna sólo en el ámbito catalán y fuera de la Unión Europea. Así, irónicamente, tras la separación de la UE y los inconvenientes que ello acarrea, la única alternativa posible para retener a las empresas multinacionales, sería convertir Cataluña misma en un semi-paraíso fiscal, otorgándoles prebendas económicas o fiscales. Un modelo totalmente opuesto al modelo social y moral que promulgan en sus discursos políticos.

Asimismo, es evidente que un escenario de independencia unilateral no haría sino agravar la situación política y el conflicto social. Alrededor de la mitad de la población catalana se opondría a la propia República y, una vez alcanzado el objetivo común de la independencia, empezaría a ponerse de manifiesto la disparidad de propuestas y desacuerdos dentro del bloque secesionista.

En esencia, el cóctel de inestabilidad política, incertidumbre fiscal y pérdida de los beneficios de la pertenecía a la Unión Europea, es una bomba de relojería para cualquier empresa. Pero ante esta situación las multinacionales cuentan con claras alternativas en otros países, así como con capacidad y experiencia en el traslado de sedes y operaciones, lo que les facilitaría una rápida salida si lo considerasen necesario.

En primer lugar, en caso de independencia no tendría mucho sentido que las empresas multinacionales que gestionan sus operaciones para España desde Cataluña, mantuvieran aquí su gestión. Y, claro está, otras Comunidades Autónomas intentarían aprovechar esta circunstancia para atraer y facilitar el traslado de estas sedes, pues cuentan con el mismo derecho que Cataluña para, dentro de sus competencias, usar los resortes para reactivar su economía.

Por otro lado, las empresas que cuentan aquí con sus sedes europeas o mundiales, es probable que aceleraran sus estrategias de deslocalización, disminuyendo su presencia y exposición en Cataluña. Muchas de estas empresas ya están sufriendo la competencia de otras localizaciones en Europa con menores costes laborales como Polonia, República Checa, Bulgaria y Rumanía, donde se están deslocalizando gran parte de las operaciones desde países de Europa Occidental. Hasta ahora, Cataluña cuenta con las grandes bazas de ser un lugar más atractivo para atraer talento multinacional, ser un escenario estable y con una fuerza laboral ya formada y fiel a las empresas, muchas de ellas con ya largos años de presencia en Cataluña. Pero éste es un activo que puede verse claramente dañado por las nuevas circunstancias asociadas a la independencia.

Por último, e independientemente de la acción activa de las empresas para trasladar puestos de trabajo, no es descabellado pensar que trabajadores cualificados llegados de otras partes de España, o de otros países, decidieran marcharse ante la nueva situación política. El discurso independentista ha ido elevando el tono de sus ataques hacia todos los que no comparten su proyecto político tildándolos continuamente de neo-franquistas, fascistas y corruptos, y ha basado gran parte de su imaginario en un supuesto carácter diferente y superior de los catalanes. Esto es un claro revulsivo para los no catalanes que trabajan aquí.

Personalmente, ya he tenido varios casos de personas que rechazan ofertas para unirse a la sede de la multinacional en la que trabajo (y en otras que conozco de cerca), por no sentirse cómodos con el clima político. Sé que muchos se verán tentados de pensar que eso 'es mejor para nosotros (los catalanes), porque así se contratarán personas locales en su lugar', pero olvidan que la diversidad de procedencias y experiencias es un gran activo para muchas multinacionales. En el departamento de la multinacional en el que yo misma trabajo, tenemos 20 nacionalidades representadas, con personas venidas de muchas regiones de España, que aportan una cultura diversa y multicultural de gran valor.

En conclusión, perderíamos todos. Los puestos de trabajo que se pierden suponen perdida de impuestos, riqueza y empleo para el conjunto de Cataluña y de España. No podemos dejar que los lemas y los sueños sobre un país ideal construido rápido, aislado y enfrentado con sus vecinos, nos impidan hacer un análisis serio y realista de la situación teniendo en cuenta el sistema de economía global en el que nos movemos. Este sistema no cambiará por la acción única de Cataluña.

Para llevar a cabo las necesarias transformaciones para que el sistema sea más justo y menos desigual en el reparto social de los beneficios, hace falta unir fuerzas en Europa y no dividirlas. No podemos seguir ignorando la advertencia que ya han hecho muchas empresas con el traslado de sus sedes societarias (y algunas fiscales), y con los anuncios de su marcha definitiva si se continúa en la vía unilateral. Calificarlo como 'estrategia del miedo', o achacar su marcha a las presiones del Gobierno central, es negar una realidad que, de no corregirse, se hará evidente en el medio plazo con irreversibles consecuencias para el empleo y la economía en Cataluña.

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