La 'ley mordaza', la llave de las multas en España por incumplir el confinamiento

El confinamiento que anunció el Gobierno el pasado mes de marzo encerró a los españoles en casa. Las calles se vaciaron y las carreteras se quedaron casi desiertas. Desde entonces, los responsables públicos han incidido en la “ejemplaridad” de los ciudadanos en el cumplimiento de las normas impuestas por el estado de alarma. No obstante, en este tiempo los agentes han registrado 740.117 sanciones por incumplir la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’.

Comparada con las del resto de los socios europeos más cercanos, la cifra de incumplimiento en España es de las más elevadas. La de Italia, donde los ciudadanos se confinaron el 9 de marzo, cinco días antes que en España, no llegaba a las 224.000 la semana pasada.

Solo Francia, con medidas de confinamiento menos estrictas que las españolas e italianas, arroja más multas: 915.000, según explicó el ministro galo de interior. Un número muy superior al de Alemania, donde no llegaban a las 2.200 y Países Bajos, donde a policía puso 1.400 multas hasta el 7 de abril.

Fuentes del Ministerio del Interior explican a este diario que el número de transgresiones no equivale a personas, porque hay que tener en cuenta la reincidencia de quienes se saltan las normas. El departamento que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska estima que detrás del total de los incumplimientos apenas está el 1% de la población española, es decir, unas 470.000 personas. Eso sí, en un mes y medio de confinamiento se está muy cerca del número total de sanciones que se pusieron entre 2015 y 2018 (765.416), según los datos del portal estadístico de Interior.

Grande-Marlaska ha tenido que reconocer que, como en todos los colectivos, en las fuerzas y cuerpos de seguridad se cometen acciones “impropias”. El titular de Interior, no obstante, toma estos actos por “excepcionales” y ha advertido a los agentes de que los excesos que puedan cometer arbitrariamente tienen consecuencias para ellos.

La semana pasada, el responsable de Interior quitó hierro a la cifras de sanciones durante su comparecencia en la comisión del ramo la Cámara Baja y alegó que si se divide entre días y provincias “no son tantas”. En un momento se preguntó: “Si el agente ve a alguien en una barbacoa, díganme, ¿qué le dice?”.

Marlaska terminó reconociendo que, de todas las sanciones que se han registrado, “no todas” tienen que terminar en multa porque “igual el relato hecho por los agentes no es correcto”. Al final, serán las delegaciones del Gobierno las que revisen e impongan la cuantía.

La llave de los excesos

Algunos funcionarios están sancionando directamente a quien se encuentra en la calle y no pueda esgrimir un motivo amparado por las excepciones que recoge el decreto del estado de alarma. Y lo hacen según el artículo 36.6 de la conocida como ley mordaza, que castiga como falta grave la desobediencia a la autoridad, delito penado con hasta un año de cárcel.

Esa situación no gusta ni a algunas asociaciones de jueces ni a la misma abogacía del Estado, que advirtió en un informe de que las sanciones previstas en la Ley de Seguridad Ciudadana sólo deben imponerse a quienes son descubiertos saltándose las indicaciones del estado de alarma y, además, se resistan a obedecer un requerimiento expreso e individualizado de los agentes.

El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, se alinea con las tesis de la Abogacía del Estado y sospecha que hay agentes que han podido hacer “lo que les ha dado la gana”. “Se puede proponer sanción para quien habiendo incumplido el confinamiento, sea requerido para su cumplimiento por un agente y lo desatienda. Ahora bien, el simple incumplimiento de las limitaciones a la libertad de circulación impuestas por el decreto del estado de alarma será sancionado con arreglo a la Ley General de Salud Pública”, comenta.

El magistrado lo ejemplifica así a este diario: “Si un policía para a alguien a más de un kilómetro de su casa, debe ordenarle que retorne a su domicilio. Si hace caso omiso a tal mandato procede sancionar por la Ley de Seguridad Ciudadana por desobediencia, salvo que fuera constitutivo de delito, en cuyo caso sería aplicable el Código Penal. Y si atiende la orden del agente será sancionable por la Ley General de Salud Pública por incumplir la normativa sanitaria”.

Además, algunos expertos, como el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia Andrés Boix apuntan que detrás del alto número de multas en España están “medidas jurídicas mal construidas”y “mal definidas”. Boix se queja de que los decretos en el BOE han sido tan abiertos que han dado pie a la arbitrariedad de los agentes.

La oposición critica, el Defensor pregunta y el Gobierno rectifica

El Gobierno ha reconocido “pequeños errores” y ha recortado de manera notable la cifra de sanciones de un día para otro. Interior la ha reducido este jueves en 65.758 y ha pasado de 805.875 a 740.117. Según el departamento que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska, la modificación se produce tras advertir “pequeños errores” en los números de Zaragoza y Ciudad Real. Ambas provincias emitían su cifra total y no la diaria de infracciones. Por eso la serie estaba distorsionada.

Interior, sin embargo, no ha podido aclarar a este diario desde cuándo se producía ese error. “Ha estado algunos días”, contestan fuentes del ministerio. La cifras del martes dejaban 791.697 propuestas de sanción. Para encontrar una cifra similar a la de este jueves hay que remontarse al 24 de abril (741.407). La corrección llega después de que el domingo se supearan en mes y medio todas las multas puestas en cuatro años de ley mordaza: 776.823 frente a 765.416 entre 2015 y 2018.

Las dudas sobre el número de sanciones han llevado también al defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, a requerir a Interior los datos sobre las sanciones tramitadas por los agentes de Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales y autonómicas, así como las instrucciones que los mandos han recibido al respecto.

“El objetivo es llevar a cabo un análisis global del régimen sancionador durante el estado de alarma, con el fin de compulsar si se ha actuado de manera correcta y proporcional”, subrayó el Defensor del Pueblo en un comunicado. El Gobierno recibió además críticas de PP, Vox y hasta de su socio, Unidas Podemos.

Los morados se quejaron de que Grande-Marlaska se eche en manos de la ley mordaza Podemos para multar a quienes burlan el confinamiento. Pero el titular de Interior la sigue defendiendo contra los “insolidarios”. El ministro insiste en que los agentes de todos los cuerpos están garantizando el ejercicio de los derechos y libertades. Y confía plenamente en los agentes para que el plan de desescalada tenga éxito y ha instado a los ciudadanos a aumentar a la “disciplina”. No quiere más multas, aunque se haya marcado un récord.