Cientos de personas protestan ante la sede del PP con una cacerolada
"Que se disuelvan y entreguen la pasta. El PP no es un partido, es una banda", decía el lema de la cacerolada.
Más de mil de personas han protestado este martes ante la sede nacional del Partido Popular, en la madrileña calle Génova, participando en una cacerolada contra los casos de corrupción vinculados al partido que preside Mariano Rajoy, como la 'operación Lezo' destapada la semana pasada y que ha llevado a prisión al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.
La cacerolada, convocada a las 20.00 horas de este martes, no había sido comunicada a la Delegación de Gobierno de Madrid y se ha desarrollado sin incidentes bajo la vigilancia de un amplio dispositivo policial que mantiene vallada la sede del PP y restringida al acceso de peatones.
Los manifestantes, encajonados en la acera de los números pares de la calle Génova, intransitable por la aglomeración de personas, han gritado consignas contra la corrupción en el PP, como "Manos arriba, esto es un atraco" o "No es un partido, es una mafia".
Muchos de los participantes han traído cazos y sartenes que golpean, o pitos y trompetillas para hacer ruidosa su protesta. A las 21.00 horas, la céntrica calle madrileña se mantenía abierta al tráfico rodado, controlado por agentes de la Policía Municipal. Sin embargo, media hora después, cuando la asistencia a la concentración empezaba a menguar, un grupo de manifestantes han invadido la calzada de la calle Génova, lo que ha provocado el corte de la circulación de vehículos.
El delegado de Economía y Haciendo da del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, y las concejalas Yolanda Rodríguez y Montserrat Galcerán, todos de Ahora Madrid, han acudido a la cacerolada, donde han coincidido con diputados autonómicos de Podemos como Hugo Martínez Barca o del Congreso como el gallego Antón Gómez Reino, de En Marea.
PROTESTA SIN ORGANIZADORES
Bajo el lema "Que se disuelvan y entreguen la pasta. El PP no es un partido, es una banda", la convocatoria comenzó a difundirse este pasado lunes a través de las redes sociales de internet, contando con el apoyo de dirigentes de Podemos e Izquierda Unida. La cacelorada no tiene organizador conocido, y tampoco ha sido comunicada a la Delegación del Gobierno de Madrid, por lo que los asistentes podrían ser multados por la Policía.
La sanción administrativa por acudir a este tipo de concentraciones no autorizadas, siempre y cuando superen los 20 participantes, suele ser de unos 600 euros. Según han indicado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno, en este caso, como en los similares, los agentes procederán a la filiación de los manifestantes, que pasarán la respectiva propuesta a la Delegación.
Además, la reformada Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como 'Ley Mordaza', abre la mano a sanciones más importantes dependiendo lo que ocurra. Así, sería una infracción grave, sancionada con entre 600 y 30.000 euros la negativa a la disolución de reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público ordenada por la autoridad competente cuando concurran supuestos como la falta de comunicación a la Delegación del Gobierno, como éste es el caso.
OTRAS CACEROLADAS
En 2013, cuando estalló el 'caso Bárcenas' y salieron a la luz los supuestos sobresueldos en la cúpula del Partido Popular, las redes sociales de internet también sirvieron para convocar protestas similares frente a la sede del PP.
En aquellas ocasiones, con Cristina Cifuentes al frente de la Delegación del Gobierno de Madrid, un enorme dispositivo policial cortó al tráfico y restringió el acceso en toda la calle Génova y aledaños para impedir que los manifestantes se aproximaran al número 13, donde los populares tienen su sede nacional.
La cacerolada es una forma de protesta que se popularizó en Argentina donde los manifestantes muestran su descontento haciendo ruido, y también ha sido utilizada por colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) frente a la sede del Partido Popular, como sucedió el año pasado, cuando el PP rechazó la ley de emergencia habitacional y cortes de suministros aprobada en el Parlament de Cataluña.