Luis Medina y Alberto Luceño declaran este lunes ante el juez por el caso de las mascarillas
A ambos comisionistas se les imputa delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y alzamiento de bienes.
Luis Medina y Alberto Luceño declararán mañana ante el juez Adolfo Carretero por el cobro de comisiones por valor de 6 millones de euros gracias a la presunta venta irregular de mascarillas, guantes y test Covid al Ayuntamiento de Madrid cuando irrumpió la pandemia, momento en el que la especulación en el mercado bloqueaba la llegada de material sanitario.
El instructor investiga una querella de la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión de delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales, hechos que el magistrado ve “graves” al tener lugar “en el momento más álgido de la pandemia” cuando había “miles de fallecimientos diarios.
El fiscal Luis Rodríguez Sol, que firma la querella, sostiene que los comisionistas, con ánimo de obtener “un exagerado e injustificado beneficio económico”, ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir “grandes remesas de material sanitario fabricado en China”.
El hijo de Naty Abascal como intermediario obtuvo una comisión de un millón de euros, que destinó a la compra de un velero por 325.515 euros y a dos bonos de inversión por valor cada uno de 200.000 euros.
El sumario de la investigación destapó que días después de recibir las transferencias de la empresa malaya Leno, el aristócrata transfirió el dinero a una cuenta en Países Bajos, dejando una de sus cuentas prácticamente vacía y otra en números rojos.
En la querella, el fiscal solicitó el embargo del velero y de las cuentas bancarias. Al comprobar el juez que tenía menos de 250 euros, procedió a fijar a instancias de Anticorrupción una fianza de 981.000 euros, en cuyo caso de impago se procederá a embargar los derechos hereditarios del investigado en relación a la herencia de su abuela, la duquesa de Medinaceli.
A Medina se le investiga también por la presunta comisión de un delito de alzamiento de bienes después de que el magistrado comprobara que el investigado realizó disposiciones de sus bonos y patrimoniales desde el 13 de abril de 2021, fecha en que fue citado a declarar ante la Fiscalía Anticorrupción.
Únicamente se le ha podido embargar el velero matriculado en Gibraltar y una cuenta corriente con saldo positivo de 247,26 euros para cubrir la responsabilidad civil de los presuntos delitos investigados, cuya cantidad en su caso asciende a 1,2 millones de euros.
