Más gasto en Defensa: los argumentos a favor y en contra de alcanzar el 2% del PIB para 2029

“Los compromisos del presidente se cumplen”. Con esta frase tan rotunda, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, justificaba este martes la subida en el gasto de Defensa contemplada en los Presupuestos Generales de 2023, cuyas líneas maestras se acaban de apuntar. Un aumento del 25,8%, si se suma el 6,5% más que recibirá el ministerio del ramo, el 8,4% extra si se incluyen los fondos europeos y los 4.900 millones destinados a programas especiales de modernización. En euros, es pasar de 9.791 millones a 12.317 millones.

Es la primera etapa para que, efectivamente, España cumpla con lo que le ha prometido a la OTAN: que para 2029 destinará el 2% de su PIB a Defensa. No es un compromiso nuevo, no es sólo una apuesta de Pedro Sánchez ni de los Ejecutivos socialistas, no tiene que ver sólo con la guerra de Ucrania, pero ahora es cuando la situación más aprieta y se ha convenido el salto. Convenido... con algunos peros, porque de nuevo Unidas Podemos, con su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, a la cabeza, se ha desmarcado acusando al PSOE de “ocultar la subida unilateral” de esta partida. Si no se ha roto la coalición, dice, “es porque sería muy irresponsable con Feijóo y Abascal afilando los cuchillos”.

¿Pero cuáles son los argumentos a favor y en contra de este aumento, en consonancia con lo que están empezando a hacer los grandes estados europeos?

De dónde viene el compromiso

Antes de exponer los argumentarios de unos y otros, va un poco de contexto. Desde hace años, Estados Unidos pide a los demás países miembros de la OTAN que arrimen más el hombro poniendo más dinero en Defensa, para tener una alianza “más fuerte”. La reclamación se endureció en 2010, pero tuvo poco seguimiento, y ya en 2014, en la Cumbre de Gales, se transformó en compromiso de los socios, España entre ellos. Nuestro país, con Mariano Rajoy en la presidencia, se puso como plazo 2024, pero va tarde sobre sus propias promesas. Entonces fue la anexión de Crimea por parte de Rusia y el apoyo de Moscú a los separatistas del Dombás lo que hizo que las cosas se movieran.

Un documento de opinión del año 2020 del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), el think thank de Defensa, ya señalaba que la inversión en defensa ha sido históricamente “una prioridad secundaria” en España pese a su creciente necesidad. En todo este tiempo, ni los Gobiernos del PP y nos del PSOE han cumplido con esa meta, “que guste o no en es un compromiso internacional que toda nación seria debe asumir si se lo echa a la espalda”, resumen en el cuartel general de la OTAN en Bruselas.

Madrid ha hecho, en realidad, como otros países europeos, no dar el paso porque no se veían amenazas tan acuciantes cerca y porque meter euros en Defensa sigue siendo impopular y, más, en tiempos de crisis. Porque nunca se ha explicado bien, es la queja eterna de no pocos militares. Ahora se defiende desde La Moncloa que las tornas han cambiado, porque dice Sánchez que “hay que pararle los pies a (Vladimir) Putin”.

En 2014, España dedicaba a gasto militar el 0,92% del PIB, 10.608 millones de euros según las estadísticas de la Alianza Atlántica, que incluyen otros gastos, como las pensiones o las operaciones en el exterior. Pese a los discursos recurrentes de que ese porcentaje subiría, lo ha hecho poco: se ha pasado al 1,01% con el que la OTAN estima que España cerrará 2022, esto es, apenas 0,09 puntos porcentuales más. De hecho, llegó a bajar hasta el 0,81 en un valle de 2016.

Llegar al 2% supone, pues, prácticamente duplicar la proporción de PIB actual, que es la segunda por la cola en la Alianza; sólo es más baja la de Luxemburgo, con un 0,58%. Actualmente hay nueve naciones que sí superan ese 2%: Estados Unidos, Reino Unido, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Croacia y Eslovaquia, y hay países muy cerca, como Francia o Rumanía.

En España, de derecha a izquierda, se ha defendido siempre que aportar en la OTAN no es sólo poner dinero, por mucho que Donald Trump se quejara de que estaba cansado de ser “la hucha” del club. Por ejemplo, se ponían en valor las llamadas “aportaciones cualitativas”, como la participación en misiones internacionales (hasta 17) o el porcentaje dedicado a equipamiento y capacidades, áreas en las que España sí puntúa por encima de la media y que son aportaciones directas de las que se beneficia la OTAN. Hasta que las presiones se han multiplicado, las amenazas se han sentido de otra manera -sale el instinto- y se han puesto los euros sobre la mesa. Por necesidad, dicen sus defensores. Por negocio, sus detractores.

La defensa del Gobierno

La ministra Montero, al explicar los PGE del próximo año, recurrió a razones ya esgrimidas repetidamente por su colega la titular de Defensa, Margarita Robles: este aumento en el gasto supone cumplir la palabra dada en el plano internacional y, en paralelo, aumentar la seguridad nacional e impulsar y modernizar la industria militar, de cuyos avances se pueden beneficiar otras áreas civiles.

Montero enfatiza el papel de los “programas especiales”, que “modernizan nuestras Fuerzas Armadas y se computan en distintas anualidades”. Para 2023, ese paquete “asciende a 4.900 millones y la mayor parte de esta cifra corresponde a contratos para la industria nacional”. “Estamos hablando de crear 22.667 empleos, bien de forma directa o bien de manera indirecta, por tanto, superamos esa visión que algunas veces tenemos excesivamente militarista sobre los gastos en Defensa”, fue la cifra mágica que aportó.

Desde el Ministerio de Defensa se defiende que “el incremento previsto del presupuesto de Defensa permitirá, por una parte, mantener las capacidades operativas disponibles en la actualidad, así como adquirir nuevas capacidades y sustituir aquellas que vayan quedando obsoletas, lo que, unido a un incremento del adiestramiento de las unidades, facilitará mantener el nivel de operatividad necesario de las Fuerzas Armadas en su conjunto en el contexto de seguridad actual”.

Al entender de los socialistas, con estas cuentas se supera esa “visión excesivamente militarista” sobre los gastos de Defensa, porque la apuesta es global, por la innovación y el I+D+i, y además hay un 47,3% de los ciudadanos, según el CIS, partidarios de poner más carne en el asador “para estar preparados ante distintas amenazas” (con un 46,6% de reticentes, todo sea dicho).

“A las personas que pueden criticar la inversión en defensa les remito que vean las fragatas en Ferrol, el submarino en Cartagena, los 8x8 en Andalucía o en Asturias y así en tantas comarcas españolas en las que se están creando puestos de trabajo muy cualificados”, ejemplifica, por su parte, Robles.

Para el teniente coronel en la reserva José García, las cuentas aumentadas son defendibles porque “se plantea una inversión con un fuerte componente industrial”, que “puede beneficiar a toda la sociedad en otros ámbitos, al tiempo que robustece la defensa nacional”. “Ha habido un olvido de años, por no decir descuido, pero ahora se tiene la oportunidad de relanzar la industria nacional, tras recortes de aproximadamente un tercio en crisis pasadas, como la de 2018”, señala.

El presupuesto debe ir a la compra de nuevas capacidades y a garantizar el sostenimiento y modernización de las actuales y no únicamente porque lo digan “en Bruselas”, sino por una “necesidad propia, justificada, estratégica, que hay que saber explicar con pedagogía” y contando, además, que hay cosas “que no se ven” y cuestan, como los mantenimientos o la disponibilidad, y que marcan “directamente la utilidad de unas Fuerzas Armadas”.

Añade que más dinero supone también no sólo congraciarse con la OTAN, sino aumentar la “autonomía estratégica en el seno de la Unión Europea”, porque sus estados miembros van teniendo “mejores sistemas”, y que por tanto se abre “una oportunidad a una mejora no sólo atlántica”, que puede llevar a países como España y a Bruselas, “por la suma”, a una posición más fuerte en lo geoestratégico y lo diplomático. El debate sobre un ejército europeo está frenado por los acontecimientos en el este, pero Europa sí que ha presentado su Brújula Estratégica, que se beneficiaría de tener más medios de base.

“Más dinero supone renovar y modernizar y sumarnos al cambio, que es necesario porque cambiantes son las amenazas. Permite hacer cosas nuevas y que se hagan desde aquí, dejando poso en las poblaciones” donde se ubican empresas como Navantia, Airbus, Indra. “Hacer de la necesidad virtud”, repite en un par de ocasiones, o “rentabilizar, no sólo gastar”.

Fuentes del comité de empresa de la primera de estas firmas en su planta de Puerto Real (Cádiz) explican a El HuffPost ahora mismo “hay carga de trabajo a corto y medio plazo”, pero llevan meses reclamando nuevas inversiones ante la posibilidad de quedarse en el dique seco. Destacan por eso la “necesidad” de más dinero y defienden el “beneficio comunitario” en empleo y el investigación. “Los debates políticos son de los políticos, pero no se puede caer sólo en la demagogia”, añaden, con la “prudencia” de ver en qué cuajan esos puestos de trabajo anunciados por Montero, porque ahora mismo los números “cantan”: de 4.000 trabajadores que ha podido trabajar de manera simultánea en su planta -donde hay encargos civiles y militares- se ha pasado a 300.

Y, sobre todo, recuerdan que si hay más fondos también deben dirigirse a la mejora salarial y de condiciones laborales, una petición que comparten, en el lado militar, las principales asociaciones profesionales, que recuerdan que si la tecnología, el mantenimiento y el cambio no pueden quedarse atrás, los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas tampoco. ASFASPRO, ATME y UMT han emitido comunicados conjuntos en el que inciden en ello.

La partida destinada a gastos de personal experimenta el año que viene una subida del 6,2% respecto al presupuesto base del año 2022, con un incremento retributivo que va en la línea de la mejora salarial de hasta un 3,5 %, prevista para los empleados públicos en los presupuestos generales del Estado de 2023.

Los argumentos en contra

Pese a esa defensa, las críticas. Desde Unidas Podemos llevan meses siendo claros, desde que Sánchez expuso por primera vez en el Congreso su intención de ir a por el 2% del PIB hasta este mismo martes, con los datos de Montero, pasando por la consagración de la propuesta en la Cumbre de la OTAN de Madrid del pasado junio. “Nosotros tenemos claro que cada euro que se gasta en armas no se destina a proteger a las familias”, ha afirmado Pablo Echenique, entrevistado en RNE. “La pregunta que hay que hacerse es, si se destina más dinero a la inversión militar, de dónde sale ese dinero”, fue el argumento inicial de la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, cuando surgió el debate.

No ha habido ruptura de la coalición, más allá de los roces, pero el debate ideológico de fondo es potente y amenaza con suponer dolores de cabeza constantes entre los dos socios. UP, en repetidos discursos y entrevistas, han insistido en que los niveles de bienestar, y más en tiempos de inestabilidad como los actuales y que se superponen a crisis como la del coronavirus, obligan a establecer prioridades de gasto y la Defensa no es uno de ellos. No hay que ser ciegos a las amenazas posibles, pero sí gastar mejor, resumen.

Especialistas como Jesús Núñez o Vicenç Fisas han ahondado en estos argumentos, recordando además que, por ejemplo, la suma de los presupuestos de los Veintisiete ya supera los 200.000 millones de euros en materia de Defensa y con eso la UE sería la segunda potencia militar mundial. Lo que no hay es una agenda y unas apuestas comunes y lo que sí hay es aún dependencia de Estados Unidos, que marca el paso en la OTAN por más ampliaciones que se hagan. “Si hay que gastar este puñado de miles de millones, se debe exponer muy bien y dar explicaciones bien razonadas sobre este gasto, no simplemente para sacar pecho y quedar bien ante los aliados”, escribe Fisas en Eldiario.es, que es la conclusión a la que han llegado los ministros morados.

Se señalan desde UP las dudas, también: no es sólo el dinero, sino que aún no se han afinado los debates sobre adquisición de armas (marcados a veces por inercias y compromisos, y no puramente por necesidades), apuntar el uso específico, teniendo en cuenta que España no es frontera rusa y la inminencia del peligro es menor, y las posibilidades reales de doble uso de las investigaciones científicas que se dinamicen con estos fondos.

En mitad de la última polémica sobre la subida del PGE, Unidas Podemos asegura que no cuestiona el incremento de un 6,5% en el presupuesto destinado al Ministerio de Defensa, en año de tremenda inflación, además. Pero no lo ven tan claro con el añadido para programas de armamento, un gasto extra del que afecta al pacto sobre el techo de gasto alcanzado con el PSOE y del que, insisten, no se habló antes de la rueda de prensa de Montero.

Hay diferencias de fondo y de matiz, que prometen interesantes debates hasta que el Congreso vote las cuentas definitivas de 2023.