Macrogranjas: la falsa alternativa a la despoblación rural que crece en España

Grandes superficies, miles de animales hacinados, contaminación y destrucción de ecosistemas versus creación de empleo, rentabilidad e impulso del medio rural. En los últimos años, el viraje del modelo productivo ganadero extensivo hacia las macrogranjas (ganadería intensiva) enfrenta a quienes consideran que estos megaproyectos suponen una amenaza todavía mayor, contra quienes las defienden como una solución para las zonas donde se instalan.

La proliferación de estas explotaciones crece al mismo ritmo que la oposición de los colectivos afectados. A las plataformas ecologistas y animalistas que advierten de que estas prácticas van en contra de todo lo que promueven los expertos ambientalistas y defensores del bienestar animal, se suman centenares de pueblos que denuncian los perjuicios que conllevan estos planes disfrazados de alternativa y progreso contra la España vaciada.

Es el caso de Pozuelo y Argamasón, en Albacete, donde hace apenas unas semanas las calles amanecieron repletas de carteles en rechazo al proyecto de ganadería intensiva porcina presentado por Cefusa-El Pozo.

Los vecinos de la zona denuncian una “macroexplotación”, con capacidad para cerca de 85.000 cerdos, que afectaría a toda la comarca. “De llevarse a cabo, se trataría de una de las mayores explotaciones de porcino de Castilla La Mancha con más de 10.000 madres reproductoras”, argumentan. Y todo lo que ello conlleva. “Su instalación supondría aceptar el impacto de 61.542.000 litros de purín al año y consumir más de 217.300 m3/año de agua”, destacan. Un recurso especialmente preciado para este municipio, que lleva arrastrando años la contaminación por nitratos, con mediciones actuales que rozan los 45 mg/l en el agua del grifo.

La Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial trabajó para paralizar un plan de características similares que fue archivado en 2018 por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, y ahora une fuerzas con otras organizaciones y grupos vecinales para frenar el nuevo proyecto. “El Pozo parece no querer entender que aquí no son bienvenidos y que no descansaremos hasta verlo desestimado del todo”, señala Inma Lozano, portavoz de la Coordinadora. Desde El HuffPost hemos intentado, sin éxito, conocer el punto de vista de la compañía, desde donde nos aseguran que prefieren “no hacer declaraciones al respecto”.

“En el pleno municipal se acordó trabajar para paralizar este proyecto pero el alcalde, Gregorio Moreno, no nos recibe ni promueve ninguna iniciativa de cambio de normativa para defender el futuro del municipio”, añade Lozano.

“El plan no genera empleo, ni bienestar, ni desarrollo económico para las zonas rurales, sino que por el contrario, se pierde calidad de vida, se contamina el agua, y no pone fin a la despoblación rural”, afirma.

La Coordinadora Estatal recuerda más casos que vienen sufriendo los efectos irreversibles de la ganadería industrial que afecta a los recursos hídricos, como el de Lastras de Cuéllar en Segovia, Lierta en Huescar o Fuentecantos en Soria, y urge a que se adopte una moratoria estatal y a que se impida tanto la instalación de nuevas explotaciones de ganadería intensiva, como la ampliación de las ya existentes.

“La situación de abandono, desprotección y escaso reconocimiento social a las áreas rurales se traduce en amenazas con megaproyectos que venden soluciones en forma de falsos empleos y que, además, contaminan y destruyen ecosistemas, a la par que socavan la cultura local agravando su situación inicial”, sostienen desde Greenpreace.

“Las consecuencias de las macrogranjas abarcan desde contaminación de aguas a emisiones de efecto invernadero, uso de enormes extensiones de tierras, deforestación para pastos y para cultivo de alimento para ganado, daños a la salud o abusos a los animales”, apuntan. “A pesar de todo, a menudo se presentan como solución al problema de la despoblación rural con la excusa de generar empleo y, sin embargo, los puestos de trabajo que generan son muy escasos en comparación con el beneficio económico que se llevan las empresas que hay detrás (y que no revierte en la zona) o sus efectos en el medioambiente”, describen.

Desde la Asociación Hacendera de Noviercas (Soria), un movimiento vecinal en defensa del territorio, aseguran que pese a que el proyecto estima una creación de 150 puestos de trabajo, la cifra debe ponerse en cuestión, ya que la mayoría de las instalaciones están mecanizadas, mientras que el número de empleos que peligran ronda los 750, procedentes de granjas familiares ya asentadas.

Poco empleo y perjuicios para la salud

Para Silvia Barquero, directora ejecutiva de Igualdad Animal, son tres los motivos por los que mostrar oposición a estas instalaciones: un sistema de producción dañino, contrario al bienestar animal, el impacto medioambiental, y el perjuicio para la salud.

“La cría de cerdos es terrible. Se llevan a cabo prácticas como el raboteo sistemático o el hacinamiento, que conlleva la falta de aire limpio y la concentración de amoniaco y que, en definitiva, se convierten en un constante sufrimiento para el animal”, describe.

“Pero además de que a nivel medioambiental este tipo de ganadería es una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, también apelamos a razones de salud. Se atenta contra los derechos de los consumidores con publicidad engañosa porque se vende la carne de cerdo como carne blanca cuando es roja. Por no hablar de los perjuicios que padecen los vecinos que viven en las zonas donde se instalan estas granjas”, comenta.

“En Cataluña, el 46% de los acuíferos están contaminados por purines. Hemos hecho mediciones de agua que dictaminan que, además de acabar con muchos recursos hídricos, las que hay alrededor están completamente contaminadas”.

María Villaluenga, portavoz de Equalia, hace énfasis en que estos planes van justo en la dirección opuesta a lo que promulgan los expertos. “Después de publicarse el reciente y preocupante informe del IPCC sobre el cambio climático, vemos que estas instalaciones generan todo lo contrario a lo que desde la UE intenta promulgarse: búsqueda de sistemas alimentarios y de producción sostenibles”.

“La sostenibilidad, la salud pública, el bienestar animal y la seguridad alimentaria son partes integrales y conectadas de estos problemas, y hay que preservarlas. Pero para ello, se necesita el compromiso de instituciones que legislen por su protección”.