Loueila Mint El Mamy o lo surrealista de que el Estado no te considere integrada tras 23 años en España

“¡Anda, has pronunciado bien mi nombre a la primera!”, exclama al descolgar el teléfono Loueila Mint El Mamy, entre sorprendida y casi agradecida. Después de 23 años —de 31— viviendo en España, esta abogada de origen saharaui sabe perfectamente lo que es que la sigan viendo como extranjera, pese a su acento canario con toque castellanomanchego, pese a haber estudiado y a haberse colegiado en Tenerife, pese a que sus padres y sus abuelos tengan DNI español. Ella, en cambio, no lo tiene aún. 

Loueila Mint El Mamy solicitó la nacionalidad española en 2017, y todavía hoy sigue esperándola. Hace un año, como abogada experta en materia de inmigración y extranjería, Mint El Mamy decidió presentar un recurso ante el silencio administrativo en su expediente. La Abogacía del Estado le contestó hace unos días. Entre otras cosas, le decían que no había acreditado “suficiente grado de integración en la sociedad española”. Y entonces la que no dio crédito fue Loueila. 

No era la primera vez que la abogada se encontraba con este tipo de trabas administrativas. Pero esta vez sintió que “era el momento de soltarlo todo”, y el pasado 4 de noviembre puso un tuit en el que adjuntaba la respuesta de la Administración. “Que dice la Abogacía del Estado que no me conceden la nacionalidad española porque no estoy suficientemente integrada en la sociedad española. ¿Encabezar mi demanda como letrada no es suficiente integración?”, escribió. Ahora matiza: no lleva 21 años en España, como dice el tuit, sino 23. “Todavía me creo que tengo 29”, ríe Loueila, al otro lado de la línea.

El mensaje tuvo miles de retuits y cientos de respuestas. Incluso a su padre, que vive en los campamentos de refugiados de Tinduf, donde nació Loueila, le llegó la noticia. “Diles que yo tengo DNI español”, le sugirió. Pero a Loueila eso no le sirve de nada, porque sus padres obtuvieron la ciudadanía cuando ella ya era mayor de edad. Tampoco le habría servido nacer en España si sus padres no hubieran tenido la nacionalidad, porque en España se concede la ciudadanía por ius sanguinis o ‘derecho de sangre’, entre otros motivos.

Loueila la solicitó por residencia, después de más de diez años viviendo en España —uno de los requisitos que le pedían—, y entonces esperó, y esperó, y esperó. Desde 2015, explica la abogada, las solicitudes las tramita el Ministerio de Justicia de forma telemática, lo cual se hacía supuestamente para agilizar el proceso y tener listo cada expediente en menos de un año. Pasado ese año, señala Mint El Mamy, si la Administración no ha contestado “se entiende que hay una denegación presunta”. 

Lo paradójico es que la abogada, que además es miembro de la Comisión de Extranjería y Derechos Humanos del ICATF y de APRASE, e integrante de la plataforma Canarias Libre de CIEs, se dedica, entre otras cosas, a ayudar a otras personas a tramitar sus expedientes de nacionalidad. Después de haber recurrido varios ante el silencio administrativo, vio que esto daba resultado, y que con las demandas obligaba a la Administración “a asomarse a cada expediente” y agilizar el trámite.

Esto fue lo que le llevó a ella a recurrir su caso. Pero nunca, con ningún cliente, había recibido una respuesta por parte de la Abogacía del Estado como la que obtuvo en referencia a su propio expediente. “La respuesta es un copia y pega del abogado del Estado, que ni siquiera se toma el tiempo de leer qué estoy pidiendo con mi demanda”, se queja Mint El Mamy. “Si se hubiese tomado cinco minutitos en mirar mi expediente”, dice la mujer, habrían visto que la misma persona que se dirigía al abogado del Estado era la que solicitaba la nacionalidad, y que haber estudiado en España y ejercer como abogada desde hace años demuestra un grado importante de integración. 

Un atasco administrativo por “pasividad” o “intencionalidad”

“Soy consciente de que hay un atasco muy grande”, admite Mint El Mamy. “Ahora bien, tanto si es por pasividad de la Administración como si hay una intencionalidad para que no nos nacionalicemos los extranjeros, el resultado es el mismo: soy yo la que sale perjudicada”, lamenta. Entre otras cosas, y mientras dure la espera, Loueila no ha podido volver a los campamentos de refugiados saharahuis, donde están su padre y sus hermanos, no ha podido ir “a los territorios ocupados”, porque tiene documentación argelina, no ha podido votar en ningunas elecciones en España, y no ha podido opositar, lo cual era su primera opción laboral. 

“La gente se cree que es superfácil ser migrante. Que vienes aquí, te dan las paguitas, te dan la nacionalidad, y no. No es tan fácil ser español. No es tan fácil regularizar tu situación”, asegura Mint El Mamy. Su periplo administrativo en España ha sido una carrera de obstáculos prácticamente desde que pasó su primer verano con 8 años en Toledo con el programa Vacaciones en Paz, pero sobre todo ya en Canarias —donde reside desde los 9—, especialmente cuando terminó la carrera y vio que se le iban cerrando puertas.

“Impotencia” y “frustración” en su “primera discriminación”

Primero, tuvo que descartar hacer unas oposiciones. Después, cuando superó el máster de acceso a la abogacía, se encontró con que no podría colegiarse a menos que el Ministerio de Justicia le concediera una dispensa. Al principio no se lo podía creer, luego su familia la animó, ella se armó de valor y cumplimentó la solicitud y los requisitos. Cuando en 2018 fue a recoger el correo certificado con la respuesta del Ministerio, no pudo evitar echarse a llorar de “impotencia” y “frustración”.

Al ver su nombre, el Ministerio había dado por hecho que lo que pedía Loueila Mint El Mamy era una homologación de su título universitario. Si hubieran leído su solicitud, habrían visto claramente que su título y su máster estaban expedidos por universidades españolas, y no le habrían dado una respuesta tan surrealista y ofensiva. “Esa fue la primera discriminación que viví”, recuerda ahora la abogada.

Ella, que desde pequeñita tuvo claro que quería dedicarse a la justicia, reconoce que “el Ministerio de Justicia nunca [se] lo ha puesto fácil”. Loueila asegura que su crítica es constructiva, y que si los migrantes cumplen con su parte —y no son pocos los requisitos que se les exigen—, la Administración también debería cumplir la suya.

Hay gente que le dice “pues si tan mal están las cosas aquí, vete a tu país”, y a ella le gustaría responderles: “Probablemente yo no estaría aquí si España no hubiera colonizado mi país y si no hubiera cedido ilegalmente el territorio a Marruecos y Mauritania”. “¡Jolines!”, exclama Loueila, “los saharauis somos 700.000 personas en el mundo, y España no ha puesto en marcha un proceso de descolonización”. “No obtenemos ninguna facilidad para obtener la ciudadanía, cuando mis abuelos trabajaron para el Gobierno español”, explica. El Sáhara fue una provincia española hasta 1976. 

“Si me lo hacen a mí, que soy una privilegiada, ¿qué dirán a otros?”

Más allá de su caso, Loueila quiso visibilizar y denunciar el problema del atasco en la concesión de nacionalidad y permisos de residencias también por aquellos que no tienen un ‘altavoz’ como ella pero viven las mismas injusticias. “Si me lo hacen a mí, que soy una privilegiada, que les escribo como letrada, que encabezo mi demanda, que tengo un carnet profesional del Consejo General de la Abogacía española, si me lo hacen a mí, que tengo herramientas, que presento estos recursos de manera gratuita, ¿qué dirán a otros?”, se pregunta. “Por eso denuncio. Soy consciente de que soy una privilegiada, y de que tarde o temprano me darán la nacionalidad, pero ahora quiero reclamarlo por la vía judicial, ahora quiero que se pronuncie la Audiencia Nacional”, dice. “No estoy exigiendo nada que no me merezca”, asegura.  

Al contar su experiencia, Loueila Mint El Mamy también denuncia la “arbitrariedad absoluta” con la que actúa la Administración en la concesión de ciudadanía, y las situaciones “surrealistas” que permite la actual Ley de Extranjería y las tramitaciones de estos permisos. “Hay gente que tiene que estar pagando a una procuradora y a una abogada por la nefasta gestión de la Administración, para que hagamos un trabajo que debería estar haciendo esta”, se queja. 

Pese a todo, Loueila confía en que en algún momento se acabará “haciendo justicia” con su caso, que estudiarán su expediente y le darán la razón. “Y si no, seguiré luchando”, advierte. “Sé que tengo todo de mi parte. Sigo luchando por mí y por todas las que vienen detrás. Puedo estar peleando con ellos infinitamente”, avisa.