Los precedentes de Escrivá para centralizar el Ingreso Mínimo Vital

La semana pasada se aprobaba lo que desde el Gobierno denominan como Ingreso Mínimo Vital o, como hacen alusión al mismo, el IMV. Un ingreso mínimo vital que nace con la intención de ofrecer nuevos sistemas de protección para las familias que, por sus condiciones sociales y económicas, presentan riesgo severo de pobreza y desigualdad. Nuevas políticas que, ante el escenario de crisis que nos acontece, tratan de paliar los efectos de la misma, mediante la aplicación de políticas que tratan de, como decía el presidente durante toda la pandemia, “no dejar a nadie atrás”.

Una política de la que, aunque quedan muchas cosas por conocer, el ministro José Luis Escrivá ya ha desvelado muchos aspectos a destacar. Entre otras cosas, por ejemplo, ya se conoce la horquilla entre la que se moverán dichos ingresos, pudiendo oscilar entre los 460€ y los 1.100€; también se conoce el inicio de dicha medida, pudiendo llegar en junio a más de 100.000 familias. La intención es que dicho ingreso llegue a las 850.000 familias en el país, dejando un presupuesto comprometido por valor de 5.000 millones de euros. 

Sin embargo, como decíamos, al tratarse de una nueva política -nunca antes aplicada en el país de la forma en la que se aplica-, todavía se desconocen muchos asuntos. Asuntos que van desde el tratamiento de las duplicidades con la soberanía autonómica hasta la letra pequeña de esos solicitantes que, ante la situación, se abalanzan en busca de que dicho ingreso mínimo les sea preconcedido. En resumen, la letra pequeña que, ante la inmediatez requerida, se distorsiona entre la cantidad de información emitida y publicada por los medios de comunicación. Una letra pequeña que, aunque pronto se irá definiendo y resaltando, ya muestra algunos puntos de interés para comenzar a analizar.

Por tanto, entre esa letra pequeña es importante destacar el papel de las duplicidades. Entre otros temas, las duplicidades y la gestión autonómica son aspectos que, pese a estar pendientes de cerrar, preocupan, y mucho, al ministro Escrivá. Así, lo hemos escuchado en numerosas ocasiones responder a asuntos sobre si dicho ingreso iba a poder ser gestionado por las autonomías y lo gestores autonómicos, dejando respuestas que, ante la pregunta, permitía leer, entre líneas, el deseo del ministro de que dichos fondos fueran tratados de forma centralizada; pese a las reiteradas alusiones que se hacían sobre las negociaciones que, entre Gobierno y autonomías, se están desarrollando.

Y es que, aunque la sociedad no termine de comprender, así como los gestores autonómicos, la razón de que Escrivá prefiera que dicho ingreso mínimo se gestione de forma centralizada, no quiere decir que dicha preocupación no esté económicamente fundamentada. Pues, pese a que la figura del ministro pasaba más desapercibida en su etapa anterior, los estudios que realizó cuando este presidía la AIReF sobre el gasto público en el país, siendo Escrivá el principal responsable de dichos estudios, reflejan una situación que, ya de partida, adelantaba el ministro en 2017, cuando entonces no se hallaba en el Gobierno.

Estudios que trataban de desglosar el gasto público en España, analizando, en particular, aspectos tan significativos para el gasto, como es el gasto concedido a subvenciones en el país. Un estudio que destacaba la ineficiencia de dicho gasto, resaltando el papel de unas autonomías que, ante su normativa en materia de subvenciones, invalidaban la gestión eficiente del gasto mediante la Ley General de Subvenciones, establecida a nivel nacional. Los vacíos legales que ofrecía la interpretación conjunta de distintas normativas, estaba teniendo un efecto regresivo en un gasto que, ante la ineficiencia en su gestión, se había convertido en más que un gasto superfluo; en un gasto esclavista.

En este sentido, la falta de control y seguimiento en la entrega de subvenciones, había provocado que un gasto que asciende por encima de los 14.300 millones de euros -habiéndose incrementado dicho gasto en un 210% en los últimos 20 años por motivos como el que destacamos al inicio de este párrafo-, no solo no tuviera efectos en la economía y en la sociedad, sino que, debido a la estructura de financiación y el funcionamiento del sistema, dichos efectos, ante la incapacidad de controlar y auditar el gasto público mediante las PES que proponía la Ley General de Subvenciones, eran difícilmente identificables, así como medibles. Esto, para un ministro que, desde el primer minuto, no ha hecho más que destacar, entre sus mensajes, la necesidad del rigor presupuestario y la contabilidad precisa, es un claro aspecto -y un aspecto importante- a mejorar.

Y es que, ante los precedentes, Escrivá se enfrenta a una situación en la que se presenta la dicotomía de, por un lado, tener una buena relación con las autonomías y dotarles de la capacidad de gestionar dichos fondos, o, por otro lado, centralizar la gestión, permitiendo el control exhaustivo del propio Escrivá, así como de su Ministerio, sobre todos los asuntos que tengan que ver con dicho ingreso mínimo. Obviamente, y ante la situación analizada por la AIReF, el ministro opta más por la vía de la centralización en la gestión, aunque la presión de las autonomías podría alterar la posición adoptada por el ministro.

La incapacidad de controlar el gasto público por la vía de la soberanía autonómica hace dudar a un ministro para el que la disciplina presupuestaria prima sobre otros asuntos. La entrega, mediante concesión directa una gran parte, de más de 14.000 millones de euros de forma anual, sin la capacidad de ajustar dicho gasto por la incapacidad de, mediante las PES, analizarlo, provoca inseguridades en un mandatario que pretende no convertir un ingreso mínimo vital como el que este impulsa en lo que otras voces han denominado como “paguita”.

Y esto podría ser determinante. Pues, en un Gobierno que pretende incrementar el gasto público en escenarios donde la sostenibilidad de las cuentas públicas se halla en entredicho, la rigurosidad presupuestaria en planes de gasto público de semejante calado es crucial para cumplir con determinadas obligaciones. Esto, junto a la condicionalidad y las medidas de contención para evitar los efectos perversos que podría generar dicho ingreso mínimo, podrían marcar la diferencia entre lo que puede ser una política efectiva y lo que, de no hacerlo bien, podría ser más derroche de dinero público. En este sentido, el ministro prefiere optar por la vía segura, donde la centralización le permita evitar el convertir su propuesta estrella en un nuevo plan deficitario e ineficiente de subvenciones a familias en apuros.