Los obispos piden "no abrir heridas" con Franco ni hacer un "uso electoralista"

La Iglesia española ha asegurado este jueves que no se opondrá a la exhumación de los restos de Franco porque respeta la decisión de las autoridades, pero ha pedido que no se utilice esta decisión en campaña electoral para hacer “bandera política” y “abrir heridas entre los españoles”.

Es la primera reacción de la Iglesia a la decisión del Tribunal Supremo, que el martes dio el visto bueno a la exhumación de Franco del Valle de los Caídos para llevarle al cementerio de El Pardo en contra de los deseos de la familia, que apostaban por enterrar los restos del dictador en la cripta de la madrileña catedral de La Almudena.

Aunque respetan la decisión de la Justicia, que llega poco antes de la celebración de las elecciones generales del 10 de noviembre, los obispos no quieren que este tema se utilice “en las campañas electorales, ni que sirva para abrir heridas entre españoles”.

“Que si es bueno cerrar bien las heridas, no es conveniente abrirlas”, ha dicho el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, en rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente de los obispos.

Argüello ha recordado que durante el tiempo que ha durado la polémica sobre los restos del dictador, la Iglesia siempre ha hecho un llamamiento al acuerdo.

“Hemos dicho que la Ley de Memoria Histórica tiene elementos de justicia con las víctimas, que merecen ser reconocidas, y enterradas las que están en cunetas y fosas comunes, pero nunca deseamos que pueda ser un instrumento para hacer bandera política”, ha explicado.

El portavoz de los obispos confía en que el prior de la abadía del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, no se niegue a la exhumación de Franco y que tenga en cuenta la opinión de su superior jerárquico y de la Santa Sede, que se han mostrado favorables a respetar la decisión de las autoridades españolas.

Sin embargo, ha justificado la actitud de Cantera al considerar que “seguramente esté hablando en función de su conciencia y ante el deber que tiene de realizar una encomienda y de poner en discusión lo que tiene que ver con la inviolabilidad de los lugares de culto”.

La Comisión Permanente de lo obispos ha abordado también estos días en Madrid una de las cuestiones más delicadas que rodean en la actualidad a la Iglesia, los casos de abusos sexuales a menores y la actualización de los protocolos de actuación.

Así, en el borrador del Decreto General sobre la protección de los menores y de las personas vulnerables, la Iglesia contempla la creación de oficinas para recoger las denuncias sobre abusos, al tiempo que quiere obligar a cualquier religioso que tenga conocimiento de estos delitos a denunciarlos, tanto si han prescrito como si no.

Aunque el Decreto General no está finalizado -será enviado a la Asamblea Plenaria de noviembre-, Argüello ha afirmado que las orientaciones y recomendaciones del borrador ya están sirviendo a las diócesis, escuelas católicas y congregaciones religiosas para que sepan cómo actuar en caso de situaciones de abusos.

El portavoz de los obispos ha defendido, asimismo, las cuentas de la Iglesia y ha explicado que cada año se presenta una memoria justificativa de las actividades que realiza con el dinero que recibe a través del IRPF y de los presupuestos generales del Estado a través de partidas destinadas a la escuela concertada o al mantenimiento del patrimonio cultural, entre otras.

“Nosotros cada año presentamos unos volúmenes con el respaldo de todas esas actividades y hasta ahora no hemos recibido, ni por parte del Ministerio Justicia, ni del Ministerio de Hacienda ni del Tribunal de Cuentas ninguna solicitud, aunque estamos dispuestos a ofrecer todas las explicaciones que se nos pida”, ha afirmado.

Ha explicado que el Tribunal de Cuentas fiscaliza lo que está contemplado en los presupuestos generales del Estado y comprueba que el dinero se haya gastado en las cuestiones para las que estaba destinado, pero ha insistido en el esto no es lo mismo que la asignación que recibe la Iglesia a través del IRPF.

La asignación tributaria -ha dicho- es un ejercicio de democracia fiscal y quien dirige el destino global de esos bienes es el contribuyente.