Los líderes europeos exigen a las redes sociales la retirada "automática" de contenidos terroristas

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE han reclamado a las plataformas online como los medios sociales que desarrollen tecnologías para detectar y retirar de forma "automática" contenidos que inciten al terrorismo de sus redes y han abierto la puerta a adoptar "medidas legislativas relevantes a nivel de la UE, en caso necesario".

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, cuyo país ha sido uno de los más castigados por los últimos atentados terroristas en Mánchester y Londres, ha reclamado a su llegada la necesidad de que los países colaboren en materia antiterrorista para detener la propagación del radicalización "on line" y evitar que el extremismo tenga un espacio en "seguro" en la red.

Los líderes europeos han dejado claro que los últimos atentados terroristas han "reforzado" su determinación de cooperar entre ellos para combatir el terrorismo y garantizara la seguridad interior y para ello han prometido que combatirán "la radicalización online" y han dejado claro que esperan que la industria desarrolle tecnologías y herramientas para la detección y retirada "automática" del material terrorista y no descartan promover "medidas legislativas relevantes a nivel de la UE, en caso necesario", según las conclusiones que han aprobado tras la primera sesión de la cumbre.

"Estamos pidiendo a las compañías de medios sociales que hagan lo que sea necesario para impedir la difusión de material terrorista en Internet. Esto significa en la práctica desarrollar herramientas claras para detectar y retirar tales materiales automáticamente y si se necesita también estamos listos para adoptar la legislación relevante", ha resumido en rueda de prensa el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que ha dejado claro que están "plenamente decididos a proteger" a los ciudadanos de la amenaza terrorista-

Los Veintiocho han acordado "acelerar' los "esfuerzos colectivos" contra los combatientes extranjeros y los individuos radicalizados en Europa, incluido con "medidas legales" y coordinar sus esfuerzos para facilitar el intercambio de información "rápido y dirigida" entre las autoridades policiales y judiciales, "incluido con socios fiables". También mejorarán la interoperabilidad de sus bases de datos.

Los líderes también han pedido resolver el problema de las comunicaciones encriptadas que utilizan los terroristas para comunicarse y han avisado que aunque hay que "salvaguardar" la privacidad "el acceso a pruebas electrónicas es esencial para combatir el terrorismo y el crimen serio", por lo que "la disponibilidad de los datos debe estar asegurada".

Con el objetivo de estrechar el control, los líderes esperan un acuerdo "en breve" sobre el nuevo sistema que registrará las entradas y salidas de terceros países que crucen las fronteras externas del espacio Schengen y 'antes de final de año' el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viaje (ETIAS) a semejanza del que ya existe en Estados Unidos y que permitirá controlar de antemano a los extranjeros que no necesitan visado para viajar a Europa.

También se han comprometido para "prevenir y contrarrestar el extremismo violento" e "impedir la financiación del terrorismo" y subrayan la importancia de dar apoyo a las víctimas del terrorismo.

TRES MESES PARA IMPULSAR LA 'PESCO'

En el plano de la defensa, los jefes de Estado y de Gobierno han acordado "la necesidad de lanzar una Cooperación Estructurada Permanente (PESCO) inclusiva y ambiciosa" en defensa y se comprometen a elaborar en el plazo de tres meses "una lista común de criterios y compromisos vinculantes" para ello, en línea con las disposiciones del Tratado, incluido de cara a 'las misiones más exigentes', en línea con la ambición de Francia y España.

Ello permitiría a los países en posición de asumir estos compromisos a notificar "sus intenciones de participar sin retraso" en la PESCO.

Los líderes han acordado además "identificar proyectos e iniciativas concretas" de cooperación en el marco de la PESCO, así como "opciones para la adquisición conjunta de capacidades" con el Fondo Europeo de Defensa propuesto por la Comisión Europea, que han pedido acordar "rápidamente".

Bruselas ha propuesto destinar casi 600 millones de presupuesto comunitario para proyectos de investigación y desarrollo de prototipos industriales de capacidades militares hasta 2020 y 1.500 millones de euros anuales a partir de 2021. A cambio, los países deberían poner otros 4.000 millones por su parte y comprometerse a adquirir conjuntamente capacidades.

Francia, con el apoyo de España, pide que la PESCO sirva para poder lanzar operaciones militares "exigentes" y no se limite a proyectos de desarrollo de capacidades como un mando médico europeo o programas de formación militar, como defiende Alemania, aunque fuentes diplomáticas admiten que las diferencias persisten y que todavía falta por encontrar "el equilibrio" adecuado entre la inclusión y el nivel de ambición.

Los países del Este de Europa, por el contrario, son los que más reservas tienen con la PESCO por temer a que signifique el avance de la Europa a distintas velocidades.

Los líderes europeos también han acordado que debe haber financiación común "permanente" para desplegar los grupos de combate de la UE, que nunca han sido desplegados hasta ahora por falta de financiación común. Los detalles sin embargo todavía deben negociarse en el marco de la revisión del mecanismo Athena en noviembre, un fondo intergubernamental para el coste común de las operaciones militares de la UE. Actualmente, apenas cubre el 15% de los costes, aunque el objetivo es tratar de elevarlos al 30%, según fuentes diplomáticas.

MÁS SANCIONES A RUSIA

Los líderes de la Unión Europea también han acordado prolongar seis meses más las sanciones económicas a Rusia por su papel en la crisis separatista en el este de Ucrania y por no haber aplicado suficientemente los acuerdos de paz de Minsk.

"Acordado. La UE extenderá sus sanciones económicas contra Rusia por la falta de implementación del acuerdo de Minsk", indicó el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, después de que los jefes de Estado y de Gobierno comunitarios tomaran la decisión.