Los indultos: alegría y llanto

La disputa de los indultos tiene muchas caras. Escojo dos. Por un lado, la salida el pasado día 23 de las presas (poco publicitada) y de los presos (más reproducida) de sus respectivas prisiones con unos indultos condicionales, reversibles, revisables y parciales, una especie de libertad condicional que no les quita ni un día de la pena de inhabilitación, lo que ocasiona que los presos que se dedicaban a la política institucional (las presas ya dijeron hace tiempo que se dedicarían a otro tipo de política) no puedan seguir dedicándose a ella. Sin embargo, fue un gozo, más de tres años y medio después (un día tras otro), ver a presas y a presos fuera de unas cárceles donde no deberían haber entrado jamás. La alegría hace ociosa y superflua la pregunta: «¿de qué servirán los indultos?». Pues ya han servido: para que presas y presos salieran en libertad mientras esperan que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (o Tribunal de Estrasburgo) imparta justicia. Y además, los presidentes Pere Aragonès y Pedro Sánchez se verán el día 29.

Por otro lado, el llanto del presidente de la CEOE, de la patronal, Antonio Garamendi. El día 17 la periodista Gemma Nierga en una entrevista radiofónica le preguntó qué le parecían los indultos y tímidamente y muy ponderado y circunspecto Garamendi dijo que si eran para bien, pues que bienvenidos.

Los insultos, sevicias, maltrato y vejaciones que ha sufrido por parte de los inconstitucionalistas antiindultos han sido de marca mayor, hasta el punto de que un dirigente empresarial que seguramente las ha visto de todos los colores y debe de tener una piel curtidísima, al cabo de unos días, el 23, cuando, al empezar la Asamblea general de la CEOE, las personas que asistían le dedicaron un sentido y largo aplauso de apoyo, rompió a llorar, tal era la presión a que ha sido sometido. De paso, se pudo comprobar que, afortunadamente, los vascos también lloran. Un espontáneo que debe pensar que hay hombres, superhombres y vascos, le reprochó las dignísimas y oportunas lágrimas.

Por si la sentencia del Supremo, o los demás procesos y sentencias contra independentistas, o la prevaricación de un Tribunal de Cuentas —que es algo así como la encarnación del espíritu del Valle de los Caídos y que sólo pasa cuentas a según quien, no al PP ni a Vox— no bastaran, la ofensiva contra Garamendi muestra con quien te juegas los cuartos si eres independentista o no unionista, hasta donde pueden llegar los medios de comunicación y los partidos de derecha, extrema derecha y ultras, así como instituciones afines. Inés Arrimada —a quien convendría saber que se ha de venir humillada de casa—, que habla a menudo de los insultos que recibe la gente no independentista en Cataluña (en efecto, hay una minoría independentista insultadora), ha perdido la ocasión de ser ecuánime.

Más perdido está el presunto presidente del PP, Pablo Casado. La concentración de la plaza Colón de Madrid hizo aguas, la recogida de firmas contra los indultos ha sido un fracaso; escupe veneno contra sus cómplices habituales: curas y patronal. Enfurecido y un punto histérico Casado ha reivindicado el Congreso como el único órgano legitimado para pronunciarse sobre los indultos, puesto que son diputadas y senadores quienes representan la soberanía nacional, y afirmó que los demás estamentos y la sociedad no deben opinar respecto a los indultos, no deben interferir. ¿Cómo es, pues, que recoge firmas contra los indultos?, ¿cómo es que se suma a manifestaciones en contra, si opina que toda esta gente no tiene nada que decir?

Tan perdido y ofuscado está que el día 16, el PP presentó una moción para que el Congreso rechazara los indultos. El resultado es bien sabido. Tras la votación, la decisión de indultar ya no es sólo del gobierno sino que la avala el pueblo español representado por una mayoría absoluta de 190 votos a favor. Una vez votados, los indultos dejaron de ser simples expedientes administrativos para convertirse en un acto parlamentario. La votación promovida por Casado los justifica aún más; legales y legítimos ya lo eran.

Por no hablar de los reveses que el PP y la cúpula judicial —que viene a ser lo mismo— acumulan y que provienen de todos los países de Europa sin excepción en que se ha tenido que dirimir alguna petición de la justicia española y a los que se suman los informes de Naciones Unidas, Amnistía Internacional o el Departamento de Estado norteamericano.

La última y más sonora bofetada es la del Consejo de Europa. Un dictamen que recogió 70 votos a favor, 28 votos en contra y 12 abstenciones recomienda liberar a presas y a presos, retirar las euroórdenes, abstenerse de exigir que renuncien a sus ideas políticas, reformar los delitos de rebelión y sedición del Código Penal español, dejar de perseguir al funcionariado que organizó el referéndum. Respecto al acoso del Tribunal de Cuentas, recuerda que la malversación sólo se puede penar si constan pérdidas reales y cuantificables del erario público, y no, por ejemplo, por el uso de locales.

Todo augura que Europa algún día impartirá justicia. Por citar el último caso, el exdirigente de la izquierda abertzale Tasio Erkizia ha tenido que esperar 13 años para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenara a la justicia española. La lástima es que sea tan tarde (y mientras tanto la gente sufriendo) y que las juezas y jueces culpables de estos atentados contra los derechos humanos salgan indemnes, o lo que es peor, se premie con ascensos a quienes Europa ha puesto en evidencia o ha sancionado.