Los autónomos no nos resignamos a una pensión miserable

Llevamos ya un año conviviendo con la pandemia, un año marcado por la incertidumbre y por una crisis sanitaria que ha afectado al conjunto del tejido productivo debido a las restricciones que se han tenido que adoptar. La prioridad de defender la salud y vencer al virus ha hecho más evidente la necesidad de contar con lo público, con mecanismos que permitan amortiguar el golpe.

Cuando se aborda el debate de qué actuaciones tomar, solemos hacerlo con una perspectiva cortoplacista. Quizás esta visión nos ha alejado de la conquista de tareas que seguimos teniendo pendientes para fortalecer y mejorar las condiciones estructurales de los trabajadores y trabajadoras autónomas.

Por ello, el pasado septiembre saludamos que por fin el Gobierno abriera el camino a una reforma que permita que el conjunto de los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia puedan optar a un futuro que garantice sus derechos y su tranquilidad económica después de toda una vida trabajada.

No podemos seguir viendo cómo las estadísticas sitúan año tras año a las y los autónomos como los jubilados más pobres frente a los asalariados. La pensión media por jubilación de los autónomos es de 788,67 euros, un 40,6% inferior a la prestación que cobran  los trabajadores por cuenta ajena.

Si seguimos desgranando los datos podemos observar que el 85% de los afiliados a la Seguridad Social por cuenta propia cotizan con bases mínimas. La actual cuota mínima asfixia a muchos autónomos cuyos ingresos a duras penas llegan al salario mínimo mientras una minoría, que podría pagar mucho más, no lo hace.

El resultado es que 2,5 millones de autónomos terminarán teniendo pensiones de jubilación en el entorno de la pensión mínima. Lo mismo ocurre con el resto de las prestaciones vinculadas a la cuantía de sus cotizaciones sociales. Esto nos plantea el reto y la necesidad inmediata de reformar el sistema de cotización y cada cual pague lo que es justo, de acuerdo a lo que le rinde su trabajo, para que todas y todos estemos más protegidos.

Es el momento de que el ministro José Luis Escrivá pase de los anuncios a los hechos y se sustancie un modelo que se apoye en la cotización basada en los rendimientos netos reales. Porque hay mucho en juego. No podemos seguir apostando por un sistema que vulnera al colectivo y se ceba especialmente con las mujeres trabajadoras autónomas jubiladas. Ellas deben afrontar la situación especialmente delicada de vivir en primera persona las diferencias negativas en relación a los varones autónomos jubilados. Su pensión media por jubilación es un 26,5% inferior a la de los hombres, es decir, 212 euros menos al mes.

Caminar hacia un sistema universal, contributivo, solidario y suficiente, tendría que ser una prioridad en la agenda del Ejecutivo, que, aunque ya ha abierto el diálogo social al respecto, parece ir a un paso demasiado lento. Tenemos que transitar de la precariedad a la protección y ese tránsito requerirá de una adaptación económica, administrativa y cultural. Razón de más para empezar a implementarla cuanto antes.

Con un cambio sobre estos principios, pretendemos una corrección en la progresiva del sistema. Esto no quiere decir que todo el mundo vaya a pagar más, al contario. Siete de cada 10 autónomos pagarían una cuota similar o, incluso, inferior a la actual —en la mayoría de los casos—, según los cálculos de la propuesta de UATAE realizada en 2018.

Sin embargo, la reforma se traduciría en la estabilización y la suficiencia del sistema y mejorarían las prestaciones y pensiones del conjunto del colectivo. Avanzado ya el siglo XXI, es hora de que las y los trabajadores autónomos entremos en el Estado del Bienestar. El coronavirus nos ha ilustrado que es crucial tener redes de protección pública dignas. No dejemos para mañana lo que debería ser una realidad hace décadas.