Los alquileres en España: un problema de difícil solución

En las últimas semanas muchos economistas hemos estado metiendo presión sobre varios aspectos que, ante la batería de medidas propuestas por el Gobierno, considerábamos que, por el momento, no se estaban tocando ni metiendo en el paquete de ayudas. Unas medidas que, bajo el criterio de muchos, entre los que me incluyo, seguían siendo escasas ante las necesidades de una población que no se ajustaba a los requisitos establecidos por dichas iniciativas.

Entre esas medidas se tocó el tema de los ERTEs, recalcando que el 89% del tejido empresarial español se compone de PYMEs y autónomos. Tampoco nos dejamos la moratoria hipotecaria: el presidente desconocía que el peso promedio de la cuota hipotecaria en el país, en porcentaje de la totalidad del ingreso medio de la unidad familiar española, es del 30% y no del 35% exigido para acogerse a la medida. También han salido a colación aspectos como los autónomos, a los que se había dejado abandonados; así como, en última instancia, a los inquilinos, a los que, directamente, no se les ha mentado en estos paquetes de ayudas.

Y ahí es donde precisamente nos vamos a centrar, puesto que, las personas que pagan alquileres, pese a ser un colectivo más vulnerable que los hipotecados, dado que estos no suelen tener acceso a un crédito hipotecario por los escasos ahorros que poseen, siguen siendo los grandes olvidados -junto a los autónomos- en este escenario pandémico. Un escenario en el que, debemos recordar, nuestro presidente dijo que nadie quedaría atrás, pero que, ante la batería de medidas, ya estamos viendo que siguen existiendo aspectos y exigencias que, de no relajarse, dejarían a mucha gente atrás. Para hacernos una idea, a una quinta parte (20%) de la población española vive de alquiler.

En los últimos días parece que el Gobierno ha abierto el oído y ha comenzado a escuchar a los economistas. Y los ha escuchado en el sentido de que ya ha presentado una propuesta para solventar el tema de los alquileres. Una propuesta que, como su propio nombre indica, propone paliar los efectos negativos para los inquilinos con una moratoria en el pago de los alquileres, así como la prorrogación de los contratos, líneas de financiación y, por último, -aunque esto ya estaba planteado y aprobado- la prohibición de los desahucios.

Nuevamente, unas medidas que, sobre el papel, reflejan una gran batería de medidas que, por el momento, parecen ser precisas para contener la situación. Sin embargo, de forma casi inconsciente ya, los economistas hemos dejado de fijarnos en las medidas tal y como se plantean, yendo a la letra pequeña, donde realmente se puede observar la efectividad de estas ante la situación, así como las exigencias que, al igual que ocurre con otras medidas, se exigen para poder acogerse a estas ayudas, a estas herramientas paliativas.

En primer lugar, a simple vista ya observamos que, para empezar, las medidas muestran, de nuevo, una serie de generalidades que siguen sin concretar medidas efectivas para contener la situación. Y es que, ya de partida, la batería de medidas recoge una serie de cláusulas que, como ocurre en el caso de la moratoria, solo se aplicarán si esta persona reúne determinados requisitos. 

Debemos entender que lo verdaderamente clave de estas medidas no es la medida en sí misma, sino la letra pequeña que las acompaña. Y es que, como muy bien indica la medida, solamente podrás librarte de pagar el alquiler siempre y cuando cumplas con tener una vivienda alquilada a un gran tenedor. En otras palabras, solo puedes dejar de pagar el alquiler si ese alquiler lo estabas pagando a la banca, a fondos de inversión, así como cualquier gran tenedor de inmueble. Todo ello, en un país donde la principal fuente de ahorro es la vivienda.

¿Qué quiere decir que la principal fuente de ahorro es la vivienda?

Pues que, para empezar, del parque total del alquiler en España, con datos oficiales del Observatorio Español del Seguro del Alquiler (OESA), solamente el 4% de los pisos en alquiler en España están gestionados por grandes tenedores. Es decir, únicamente los inquilinos de ese 4% podrán acogerse a la medida de la moratoria en la cuota del alquiler. El resto de viviendas en alquiler, como muestra el estudio, es propiedad de pequeños propietarios que son pequeños ahorradores que han invertido sus ahorros en su segunda residencia.

Una segunda residencia que, como bien indica la medida de la moratoria hipotecaria, no está sujeta a la moratoria en el pago de la cuota mensual, de estar esta supeditada a un crédito hipotecario. En otras palabras, el arrendador debe seguir pagando su cuota hipotecaria, mientras que el inquilino, de querer el arrendador seguir cobrando el alquiler, debe seguir pagando su cuota mensual, tal y como estaba antes de la medida. Y es que, en un país donde existe un gran número de rentistas que viven de los rendimientos de su fuente de ahorro, es un coste político, así como económico, el permitir los impagos de estos alquileres.

¿La solución?

Créditos sujetos al Instituto de Crédito Oficial (ICO). Créditos que el inquilino deberá devolver tras pasar la pandemia, en unos plazos establecidos que, aunque laxos, deben cumplirse, independientemente de las circunstancias en las que te encuentres. Ahora bien, dando por hecho que esos créditos van a poder afrontarse, aun sin tener empleo. Y es que, como vemos, seguimos aplicando políticas que siguen sin despejar muchas dudas. Medidas que, por el momento, deben reforzarse notablemente. No podemos seguir aplicando medidas generales, menos en un país que, por su tejido económico, posee una difícil adaptación en este sentido.